La diputada nacional por el Frente de Todos (FdT), Mónica Macha, presentó una iniciativa que tiene como objetivo derogar la Ley de Impedimento de Contacto que es mal utilizada como herramienta que permite a los abusadores y violentos revincularse sus hijas e hijos. El proyecto en cuestión busca que deje de regir la Ley Nacional 24.270 para que los niños y las niñas agredidas no vuelvan a relacionarse con esos padres y que, a su vez, no se criminalice a las madres que buscan protegerlos.
Según el Código Penal, la normativa sancionada y promulgada en noviembre de 1993 sostiene que "será reprimido con prisión de un mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente, impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes" mientras que resaltan, en el Art. 1, que "si se tratare de un menor de 10 años o de un discapacitado, la pena será de seis meses a tres años de prisión".
En el Art. 2, por su parte, se destaca que se aplicarán las mismas penas en el caso que un padre o tercero "mudare de domicilio (al niño o niña) sin autorización judicial" o si, con el mismo objetivo de impedir el contacto, "lo mudare al extranjero (...), las penas de prisión se elevarán al doble del mínimo y a la mitad del máximo". Frente a esto, el Tribunal debe disponer un plazo no mayor a 10 días para "reestablecer el contacto del menor con sus padres" y determinar, posteriormente, un "régimen de visitas provisorio" por un término no superior a tres meses. De existir ese régimen, forzarán a que se cumpla.
Si bien en la Ley 24.270 no se hace alusión en ningún momento a lo que ocurre con los casos de violencia, la denuncia de la diputada pasa por cómo es utilizada la normativa desde el Poder Judicial. "Se plantea la derogación de la Ley de Impedimento de Contacto, una ley que ya lleva cerca de 30 años, que se ha presentado en cuatro oportunidades, y aspiramos a que en esta instancia sí podamos avanzar porque, en la práctica, se ha constitudo en una herramienta para culpabilizar a las madres protectoras", explica Macha a El Destape. Sobre esto, agrega: "El tema no es lo que dice la ley sino la utilización que se le da y esto tiene que ver con cómo se van dando los procesos cuando alguien hace una denuncia de abuso sexual en infancias y adolescencias.".
A la hora de contar lo que sucede puertas adentro, la diputada del oficialismo señaló: "Una parte importante de la Justicia intenta aplicar el inexistente SAP (Síndrome de Alienación Parental) y también, otra figura que utilizan como doctrina, que es la implantación de falsas memorias. Entonces, el objetivo es ubicar a la madre en un lugar de fabuladora, mentirosa, manipuladora. La otra instancia, en paralelo, es ir contra los profesionales -médicos, psicólogos y demás- que validan ese abuso sexual. Además de ser desacreditados, muchos son allanados en sus casas por acompañar estos procesos". Y tras esto, llega la etapa del negacionismo, donde dice que "no hay abuso, no hay pruebas, se dejan de lado las pericias y no se cree en el discurso de la madre o de les niñes".
Cuando esto ocurre, cuenta Macha, "se tira por tierra la denuncia" y lo que aparece allí es la utilización de la Ley de Impedimento de Contacto. "Para el Poder Judicial, una mamá fabuladora y mentirosa quiere separar a ese niñe del progenitor porque está despechada o hay un conflicto familiar. La mujer termina, muchas veces, sancionada y hasta presa -algo que estamos investigando actualmente-. Una vez que se aplica la ley, el progenitor pide la revinculación forzada. Es decir, un esquema de tortura absoluto para niñes y madres", sostiene.
Como bien se remarca, el proyecto de ley fue desestimado en cuatro ocasiones durante los últimos 20 años. "Es una norma que fue sancionada antes del cupo de género en las cámaras cuando la gran mayoría de los integrantes del Poder Legislativo eran varones", dijo en diálogo con Radio Provincia. Por esa razón, en la actualidad, Macha cree que puede existir una articulación mayor con otras organizaciones. "Es un tema de la agenda central de la política, entendemos que es un problema muy grave que involucra a las niñeces y a las madres. Hay una necesidad de transformar esta realidad y una de las herramientas es esta derogación, aunque no es la única", resalta.
Hay muchos ejemplos de niños y niñas que no quieren atravesar ese proceso de revinculación porque su progenitor atentó contra ellos de alguna forma y la Justicia termina obligándolos. "Las madres protectoras son aquellas mujeres que tras escuchar a sus hijes, al relatar síntomas o indicadores de abuso, acompañan, investigan, van médicos y hacen denuncias para proteger a sus hijos. A partir de eso, comenza una ruta crítica que, lejos de ser una excepción, es mucho más común de lo que creemos", explica la diputada.
Si bien todavía se desconoce cuándo podrá llegar a debatirse en el recinto del Congreso de la Nación, la ruta legislativa del proyecto es la Comisión Bicameral de Legislación Penal y de Familia, Niñez y Juventudes.
MÁS INFO
Madres protectoras: su rol e importancia en las denuncias de abuso infantil
En diálogo con El Destape, Daniela Dosso, madre protectora, explicó cómo nació la normativa y denunció, al igual que la diputada Macha, el mal uso y el "modus operandi" que rodea a la Ley Nacional 24.270. "Es importante derogar la ley por varios motivos pero primero hay que conocer el origen y el sentido de por qué se promulgó. Conocida como Ley Apadeshi (Asociación de Padres Alejados de sus Hijos), resultó del lobby que hicieron los grupos antiderechos para sancionarla. Los legisladores dicen que se sancionó 'entre gallos y medianoche', se buscó sancionarla para usarla como herramienta como la utilizan hoy", explica.
Dosso señala que en la práctica "no se está cumpliendo" lo que se busca a través de la ley sino que, en su lugar, "está yendo en contra del sujeto de derecho que, supuestamente, busca proteger", como lo son las niñas y los niños más pequeños. "Se usa como una herramienta judicial de criminalización de las madres protectoras, y digo madres porque en el 99% de los casos son ellas las que realizan las denuncias por violencia hacia las infancias. Y en un porcentaje similar, son varones los que ejercen violencia intrafamiliar", señaló durante la entrevista.
Frente a esto, la mamá de Martín dio detalles de cómo es el 'modus operandi' de la Justicia frente a estos casos, buscando encubrir y criminalizar. "Es sistemático que en todos los casos, salvo raras excepciones, cuando un niño o niña revela abuso sexual o violencia de su padre varón, la madre hace la denuncia, la Justicia no dicta la medida de protección del niño/a con el agresor (como debería hacerlo según indica UNICEF) y en ese vacío legal, deja a la madre desprotegida y habilita las condiciones para que el violento denuncie a la madre con esta herramienta de 'impedimento de contacto'", sostiene. Los efectos varían y dependen de cuánto avance la causa: se denuncia, se penaliza y hasta se imputa a las mujeres que previamente buscaron proteger a sus hijos.
"Alerta por Martín", es una campaña de familiares "por la reconstrucción de la verdad, juicio y condena al agresor". El 22 de diciembre del 2021, el juez Alejandro Ferro, del Juzgado en lo Criminal N°36 de la Ciudad de Buenos Aires, casi un año después de la denuncia, dictó el sobreseimiento del progenitor de Martín en la causa que lo imputa por abuso sexual paterno; allí entró el grupo Apadeshi -representado por diversos abogados- que pidieron la revinculación del niño con su padre. Si bien se apeló dicho sobreseimiento, la Justicia parece no querer escuchar lo que Martín tiene que decir.
Incluso, hay muchos casos en el que dichas madres denunciantes han llegado a estar presas. "Luego las sobreseen, lo que muestra el poco sentido de la ley. Allí se demuestra que no hubo intención de impedir el contacto sino de proteger. En el medio, la ley sirve para criminalizar, hostigar, meter presas a madres como el caso de Gilda Morales o Flavia Saganías", remarcó.
Penas contra madres denunciantes: la reforma judicial feminista, una urgente necesidad
Los casos mencionados por Dosso estuvieron reflejados en algunos medios de comunicación y dejaron a la vista cómo actúa la justicia perversa y patriarcal. Gilda Morales, madre de tres hijos que denunció al padre de uno de ellos por abuso sexual -quien luego utilizó la normativa, denunciándola por obstrucción del vínculo-, pasó detenida dos meses por "secuestrar a su hijo". En la actualidad, continúa exigiendo la restitución de su hijo con quien no tiene contacto hace dos años porque la Justicia de Córdoba hace caso omiso a su pedido. En el medio, durante su tiempo en la cárcel, fue torturada.
Por otro lado, Flavia Saganías fue condenada a 23 años de prisión en la Cárcel de Bouwer desde noviembre del 2019 por la Cámara del Crimen Correccional de Cruz del Eje, también en la provincia de Córdoba. Fue acusada -por un posteo de Facebook- de planificar un ataque contra su expareja, a quien había denunciado por abuso sexual contra su hija en el 2017. Mientras tanto, el acusado sigue libre e impune. “Confié en la verdad y en la justicia, y terminé presa”, escribió desde prisión, lejos de sus cinco hijos y el resto de su familia. Actualmente, la causa está paralizada pero Flavia, tras 7 meses encarcelada durante la pandemia (medida tomada en contra de la ley por tener que criar a menores de 5 años) y con un gran esfuerzo de diferentes organizaciones, consiguió la prisión domiciliaria en un domicilio de San Marcos Sierras, lejos de su casa en Capilla del Monte donde el denunciado seguía hostigándolos.
"Lo que logran con esto son las revinculaciones porque logran dar vuelta el sentido de la denuncia y que en el expediente quede como una situación de conflictiva familiar, de impedimiento de contacto de una madre despechada con su expareja", concluyó Dosso.
Cerrar sesión