La Universidad Nacional de las Madres (UNMa) denunció al Estado por la retención de los fondos, que no les fueron entregados a lo largo de este año, una acción que consideraron "ilegítima". “La gravedad institucional aportada por el Estado Nacional, en retener los fondos legítimamente asignados, es de un precedente histórico que no sólo daña al sistema educativo, sino también a la vida democrática que merece nuestra Nación”, indica el escrito presentado por su rectora, Cristina Caamaño.
Según informó la institución en un comunicado, el martes pasado y en el marco de la multitudinaria marcha federal universitaria, Caamaño solicitó al Juzgado Contencioso Federal N 12 “una medida autosatisfactiva (N de R: preventiva), en contra del Estado nacional por conducto del Ministerio de Capital Humano” a fin de que se ordene “el cese automático de la retención que, en concepto de fondos, discriminados e indiscriminados, conforme al presupuesto", que está previsto en la Ley N° 27.701 como en la prórroga dispuesta por el Gobierno nacional en el Decreto N° 88/23 y en la Decisión Administrativa N° 5/2024.
"Tal como es de público conocimiento la UNMa no ha recibido del presupuesto que le fuera asignado ningún ingreso en lo que va del año", explicaron y catalogaron esa acción como "discriminación" de la que es objeto por parte de la gestión dirigida por el ultraderechista, Javier Milei. Dada la falta de fondos, contaron que lograron funcionar hasta ahora "gracias al compromiso y la militancia de su comunidad educativa".
En el documento presentado ante la Justicia, alertaron sobre la situación de emergencia en la que se encuentran: “El retraso en el pago de haberes, infraestructura educativa deficiente y falta de insumos, han provocado la emergencia educativa y la proximidad de prolongadas medidas de fuerza por parte de los docentes universitarios, en reclamo por mejoras salariales como edilicias”.
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Por otro lado, el escrito advierte sobre “la frágil situación en que se encuentran las Universidades Nacionales, en particular la UNMA”, y plantea la necesidad de que el juzgado “intervenga en forma urgente ante la imposibilidad de cumplir con los servicios esenciales educativos ante la postura abusiva adoptada por el Estado Nacional”.
“Existen en su comunidad educativa estudiantes que se encuentran en pleno cursado de sus carreras”, aclararon desde la institución que cuenta con 2245 estudiantes activos, que ya han iniciado el ciclo lectivo. Por otro lado, son 287 trabajadores docentes y no docentes que, “a partir de la emisión del acto inconstitucional dictado por el Ministerio de Capital Humano, es decir, conducta discriminatoria ratificada mediante la falta de transferencias de los recursos presupuestarios le corresponden a la UNMA, no han podido percibir su salario en todo lo que va del año 2024, vulnerándose de esta forma todos sus derechos laborales”.
“El peligro en la demora radica en el evidente riesgo de no poder cumplir con los derechos humanos y fundamentales como es la Educación y el Trabajo de los estudiantes, docentes y no docentes”, señalaron en el escrito.
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