El Gobierno de Javier Milei dio su estocada final a las políticas contra la violencia de género en la semana del Ni Una Menos. Primero, las desjerarquizó cuando decidió que el entonces Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) pasara a Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, bajo el ala de Capital Humano -de Sandra Pettovello-; en la última semana de mayo, se supo vía Boletín Oficial el pase a Justicia. En estos días, mientras a algunas de las trabajadoras les anunciaron renovación de sus contratos, se anoticiaron de la reducción al 80% de la planta. No contentos con ello, este jueves el ministro, Mariano Cúneo Libarona, determinó la disolución del área. Claudia Barcia, funcionaria a cargo renunció, 600 trabajadoras quedaron a la deriva y miles de personas sin políticas públicas de atención.
“Esto es el completo retiro del Estado a una población totalmente vulnerada. No hay atención hacia a las personas que sufren violencia, es algo que a este Gobierno no le interesa y no hay ninguna propuesta alternativa que planifique o que muestre interés para que esto siga”, dijo ante El Destape la delegada de la Junta Interna del exMMGyD y parte del Consejo Directivo de ATE Capital, Nani Smith.
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Para ella, las mujeres y las diversidades fueron un “bastión” de la narrativa de este Gobierno ultraderechista: “Fuimos su bastión de campaña para erradicarnos de todos lados y lo están haciendo. Lo hicieron con el INADI y lo están haciendo con nosotras”, denunció.
La creación del MMGyD fue anunciada a fines de 2019, fue el primero en la historia del país y fue sinónimo de máxima jerarquía institucional para la construcción de políticas públicas para y por los derechos de las mujeres y del colectivo LGBT+. Una institucionalidad que se forjó con los años desde el comienzo de la democracia. Se avanzó en los Encuentro de Mujeres a principios de 1980, que empezaron con unas cientas y ahora juntan más de 100 mil en cada provincia -y que trascendió fronteras-, con la conquista de leyes como la de cupo -para llegar al Congreso-, la ley de matrimonio igualitario y de identidad de género y la educación sexual integral.
El derrotero de lucha se consolidó y Argentina se convirtió en emblema: la marea verde por aborto legal en el mundo entero; las marchas feministas más grandes de la historia, el paro a nivel mundial y el Ni Una menos, que denuncia la violencia machista contra las mujeres y disidencias de género.
En últimos meses, sin embargo, se puede ver en vivo y en directo la violencia espiralada -que urge frenar- que combina narrativas de odio y el vaciamiento de políticas públicas que se cristalizan en acciones violentas: con el récord de femicidios cada 23 horas y en el lesbicidio de Barracas. En definitiva, esa pareciera ser la traducción de ser un "topo" que destruye el Estado por dentro.
El derrotero del vaciamiento
Barcia asumió junto con la gestión Milei, pero el decreto con su designación fue publicado el 20 de febrero de este año. Allí, se supo que su trabajo sería “ad honorem”. Es funcionaria del Ministerio Público Fiscal y su salario quedó a cargo de esa dependencia. Las versiones que circulan sobre cómo fue su trabajo en estos meses son diversas: dada su experiencia como fiscal especializada en género, hubo quienes creyeron que la situación “no sería muy grave”. El recorte empezó pronto: cuando recibió al ex ministerio, había más de 1200 personas, pero el decreto 84/2023 de Milei, obligó al corte de contratos de quienes habían comenzado durante ese año y quedaron unas 600, que se mantenían hasta ahora.
Cuando pasó a Justicia, en los últimos días de mayo, Cúneo Libarona pidió la reducción de la planta en un 80%. Se lo informaron a Barcia en esta semana y ella llamó a una reunión con los directivos. La escena fue brutal: mientras a algunas les habían avisado de la renovación de sus contratos, los funcionarios salían devastados de la oficina de la subsecretaria para dar la noticia de la reducción total de personal. Ese movimiento no bastó, parece ser: este jueves el ministro de ¿Justicia? anunció la disolución de la Subsecretaría y Barcia presentó su renuncia. Todos los puestos de trabajo quedaron en riesgo.
Como sucedió con el resto de las dependencias del Estado nacional, el presupuesto quedó frenado en estos meses. “No se hizo un sólo pago de los programas (como el Acompañar, destinado a personas en situación de vulnerabilidad por violencia de género) y, más allá del presupuesto, nunca se ejecutó”, afirmó Smith ante este medio. Según estimaciones de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (Acij), en términos reales el presupuesto fue un 62% más bajo que en 2023 con desfinanciamiento de programas como el mencionado Acompañar (en un 79%) y otros de ayuda urgente para a familiares de víctimas de femincidios y trans-travesticidios o de rescate para víctimas de trata (en un 72,11% y en un 90%).
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En tanto, desde la línea 144, que tiene una década de gestión, siguió funcionando con una planta de 140 personas y este medio pudo saber que entre enero y abril atendieron 16.168 consultas a nivel nacional. La línea funciona las 24 horas del día, pero el Gobierno quiere reducir el personal y dejar solo un turno, lo que implica que quienes tengan alguna emergencia por fuera del horario establecido no tengan adónde comunicarse. Jaina, una trabajadora de esa área, definió a la línea como “un hito de la democracia y de la lucha colectiva, que atravesó Gobiernos de distintos colores políticos, que es reconocida internacionalmente”.
Por eso, para ella, “intentar desmantelarla una línea de atención a mujeres y disidencias que están siendo violentadas, sobre todo con los niveles de violencia actuales y los últimos femicidios, lesbicidios y transfemicidios que sufrimos, es de una crueldad inmensa que el Gobierno, además, lleva con orgullo”, dijo.
Según supo este medio, Barcia había llevado adelante reuniones con funcionarias de las dependencias de género y diversidad de distintas provincias y municipios y, además, quería continuar con los programas como el Acompañar y Más Derechos y la línea 144. También se estaba gestionando con el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) una nueva cohorte de capacitación para funcionarixs de la Ley Micaela, que no se llegó a accionar. “Nunca se presentó como autoridad ante los equipos de trabajo ni para dar explicaciones ni para definir lineamientos de trabajo”, contó “Mari” -cuyo nombre se resguarda por seguridad-, trabajadora del ex MMGyD a El Destape. “El desguace”, llamó a la parálisis que se produjo por la falta de asignación de tareas y por el “frenado por completo de los programas”.
Smith, en tanto, definió que lo que sucedió en los últimos meses en el organismo fue una “autogestión”, por lo que les trabajadores se organizaban para terminar los pendientes de la gestión anterior y, al mismo tiempo, intentaban coordinarse con directivos que habían quedado que buscaron hacer de interlocutores. “No funcionó mucho, nunca terminamos de cerrar ese circuito de trabajo”, dijo. En la asamblea de este jueves primó la desolación y la indignación, hasta las lágrimas y el dolor, que se vio no sólo en las trabajadoras, sino también en aquellas funcionarias que habían intentando mantener a flote los cuatro años de trabajo anteriores.
“Esto, más allá de nuestras situaciones personales como trabajadores, implica una pérdida enorme en materia de derechos, de igualdad y de libertad, pero de la verdadera libertad, no de ese eslogan con el que se llenan la boca muchos funcionarios de esta gestión”, sostuvo Mari.
Llamado a asamblea
Ante esta situación, les trabajadores del ex MMGyD convocaron a organizaciones feministas y LGBTI+ a una asamblea abierta que se realizará el próximo martes a las 15.30 en la Plaza de los dos Congresos.
El compromiso internacional
La institucionalización de las políticas vinculadas a la prevención de las violencias machistas y promoción de los derechos de las mujeres, lesbianas, gays, travestis, trans, forman parte de los compromisos asumidos tanto en la Constitución Nacional como a nivel internacional.
La Convención sobre Eliminación de todas formas de Discriminación contra la Mujer adquirió rango constitucional el 3 de junio de 1985, a través de la ley 23.179. A través de ella, el Estado nacional se comprometió a elaborar por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, en ese sentido la jerarquización de las políticas es fundamental y constituye un compromiso internacional.
En 1996, mediante la Ley 24.632, se aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Convención de Belem do Pará (en la órbita de la Organización de Estados Americanos - OEA), que da el marco para la ley (26.485) que lleva el mismo nombre, sancionada en 2010 y que fue actualizada con el correr de los años. Aunque no tiene rango constitucional, Argentina es Estado parte de la Convención de la que este 9 de junio se cumplen 30 años, junto a otros 32 países de la región. Este fue el primer tratado a nivel internacional en reconocer que la violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos.
En febrero, desde el Mecanismo de Seguimiento de esa Convención manifestó en un comunicado su “preocupación” por el “retroceso en la institucionalidad de las mujeres” e instó al país a “garantizar” la continuidad tanto de las instituciones como de las normas y mecanismos que protegen los derechos.
Allí, le recordaron a las autoridades Argentinas que formar parte de la Convención significa “adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia; así como medidas específicas para fomentar la educación, conocimiento y observancia del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y el derecho a que se respeten y protejan sus derechos humanos”.
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