La causa contra los hermanos Kiczka, detenidos en Misiones por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, avanza con pericias y toma de indagatorias. En las últimas horas, se conoció que Sebastián se negó a declarar y que las pericias en los últimos celulares secuestrados en la causa demostraron que Germán, el ex diputado libertario de la provincia, mantuvo contactos con allegados al poder mientras escapaba de la Justicia. El político se encuentra en prisión preventiva, por orden de las autoridades.
Durante la mañana del jueves, Sebastián Kiczka fue trasladado frente al juez Miguel Ángel Faría para prestar declaración. Ya en los tribunales, se negó a hacerlo porque su abogado, Gonzalo de Paula, no pudo acompañarlo y habían pedido suspender el acto; tanto el magistrado como la fiscal Silvia Barronis siguieron con las actuaciones, por lo que el imputado decidió no hablar. Tras ello, el hermano del diputado fue trasladado nuevamente al penal de Cerro Azul y la Justicia le dictó la prisión preventiva por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.
Mientras tanto, el juez Faría recibió los informes de los peritos que trabajaron en los últimos materiales secuestrados, entre los que estaba el teléfono celular que Germán Kiczka tenía sin chip y del cuidador del camping, donde el ex diputado fue detenido y que usaba para comunicarse. Al momento de declarar, Germán Kiczka le había dicho al magistrado que nunca estuvo prófugo, que estaba “en un retiro espiritual” y que “no sabía que la Justicia lo estaba buscando”. Esa declaración nunca le cerró a las autoridades y tras el informe forense de los celulares, quedó claro que era una mentira.
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Los peritos encontraron que Germán Kiczka se comunicó al menos cinco veces con el celular prestado por el cuidador con una funcionaria judicial. La receptora de esos llamados fue Carla Dalmaroni, una secretaria del Juzgado de Paz de Apóstoles. Según el informe que presentaron los especialistas de Investigaciones Complejas, “varios de esos llamados se dieron cuando el imputado había sido declarado prófugo de la Justicia y era una obligación de la funcionaria pública denunciar esas comunicaciones”, aseguraron. Asimismo, destacaron que las comunicaciones se dieron cuando ya estaba activa la alerta roja de Interpol y se creía que el imputado se había escapado a otro país.
Los peritos señalaron que la mayoría de las comunicaciones se dieron por la tarde noche, cuando Dalmaroni no estaba trabajando. Además, descubrieron que la secretaria del Juzgado de Paz de Apóstoles es también la pareja de Gonzalo de Paula, el abogado de ambos hermanos en la causa vigente. “No descartamos que haya usado a una funcionaria de la Justicia como nexo para hablar con su abogado pero tampoco lo podemos confirmar”, aseguró una fuente cercana al expediente a El Destape.
Una vez establecidos los vínculos y con el informe de los peritos, el juez Faría envió una copia informativa a la titular del Superior Tribunal de Justicia que resolvió la suspensión por 30 días de la secretaria del Juzgado de Paz de Apóstoles, Dalmaroni. Además, desde la Justicia criticaron duramente que no haya comunicado esos llamados y no descartan que pueda haber más sanciones en los próximos días.
Mientras tanto, Germán y Sebastián Kiczka siguen con prisión preventiva en el penal de Cerro Azul, acusados de haber descargado y enviado más de 900 archivos con material de abuso sexual infantil. En la cárcel, los hermanos están separados y fuertemente custodiados ya que las autoridades temen agresiones de otros internos y también, que puedan inventar una coartada que les sirva, aunque hasta ahora ninguna les dio resultado.