Hace exactamente un año, la madrugada del 25 de octubre de 2020, al menos cinco efectivos de la Policía de Córdoba dispararon sus armas contra un grupo de adolescentes en Paso Viejo, un pueblito del norte cordobés, asesinando a Joaquín Paredes, un chico de 15 años; e hiriendo a dos amigos, B. de 14 años y su hermano Jorge Navarro de 18.
Esta tarde a las 16.30, habrá una marcha en Paso Viejo, reclamando Justicia y para que los cinco policías sean juzgados y condenados por sus crímenes.
Por orden de la fiscal de Deán Funes, Fabiana Pochettino, el mismo domingo 25 de octubre de 2020, horas después de que se produjera la balacera contra Joaquín y sus amigos, fueron detenidos cinco agentes: Maykel Mercedes López (24), Enzo Ricardo Alvarado (28), Iván Alexis Luna (25), Jorge Luis Gómez (33) y Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26); quiénes fueron alojados en la cárcel de Cruz del Eje. Además, fue sumariado un subcomisario de apellido Gallardo, quien se desempeñaba como jefe de zona.
Pochettino, fiscal de Deán Funes, pero a cargo interinamente de la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje -de donde depende Paso Viejo, un pueblo de unos 1.000 habitantes ubicado a 170 kilómetros al noroeste de la ciudad de Córdoba- había imputado hace un año al agente Maykel López por los delitos de homicidio doblemente calificado por uso de arma de fuego y por su condición de policía, tentativa de homicidio calificado y abuso de autoridad; en tanto que los policías Alvarado, Luna, Gómez y Fernández Aliendro, sólo fueron imputados del delito de “abuso de autoridad e incumplimiento en los deberes de funcionario público”. En el transcurso de 2021, los policías Luna, Gómez y Fernández Aliendro recuperaron su libertad, mientras que López está preso por ser el autor material de los disparos que mataron a Joaquín, y Alvarado sigue preso por el riesgo procesal: su padre amenazó de muerte al abuelo de Joaquín, y se teme que quiera interferir en la investigación. López y Alvarado están alojados en la cárcel de Cruz del Eje.
Apartan a la fiscal
A principios de septiembre pasado, en base a decena de testimonios de las propias víctimas y de los testigos; además de las pericias balísticas y del cúmulo de pruebas aportadas por Claudio Orosz, abogado querellante de las familias de Joaquín Paredes, B. y Jorge Navarro; la fiscal Pochettino, cambió la carátula de la causa y agravó las imputaciones contra los policías Alvarado, Luna, Gómez y Fernández Aliendro, ahora acusados de los delitos de homicidio doblemente calificado por uso de arma de fuego y por su condición de policía, tentativa de homicidio calificado y abuso de autoridad.
Joaquín Paredes recibió un disparo por la espalda que le atravesó el corazón, provocándole la muerte minutos después. Los jóvenes B. y Jorge Navarro también recibieron disparos de pistolas calibre 9 milímetros de la Policía: al menor le ingresó una bala por la espalda que le inmovilizó el brazo derecho y al mayor le hirieron una de sus piernas en la pantorrilla y el tobillo.
Los dos chicos malheridos fueron derivados a una clínica de Villa de Soto, una pequeña ciudad ubicada a 24 kilómetros de Paso Viejo. Jorge estuvo en silla de ruedas una semana; mientras que B. fue derivado a Córdoba. Cuando B. estuvo internado en el Hospital de Niños de esta Capital recibió sesiones de fisioterapia y asistencia psicológica; terapias a las que no accedió al regresar a Paso Viejo.
Luego del cambio de carátula que agravó la imputación de los policías que balearon a Joaquín y sus amigos, por parte de la fiscal Fabiana Pochettino, el fiscal General de Córdoba, Juan Manuel Delgado decidió apartarla de la investigación según un dictamen de la Fiscalía General de Córdoba: “Desafectar a la Fiscal de Instrucción Dra. Fabiana Pochettino de la atención de la Fiscalía de Instrucción y competencia múltiple a partir del 15 de setiembre del corriente año”.
El fiscal General Delgado, asumido este año en la Fiscalía General de Córdoba a instancias del gobernador Juan Schiaretti, señaló en su escrito de apartamiento de la fiscal Pochettino: “En este orden se impone proveer un nuevo esquema para la atención de los cometidos funcionales de la Fiscalía de Cámara vacante del centro judicial Cruz Eje. (…) “Que en relación a la Fiscalía de Instrucción y competencia múltiple, corresponde desafectar de la atención de la mencionada oficina a la Fiscal de Instrucción Dra. Fabiana Pochettino para la oportunidad del reintegro a sus funciones del Titular de la Fiscalía de Instrucción Dr. Daniel Barrera”. (…) “Por ello, y lo dispuesto por el artículo 3, 15, 25 y 32 de la ley 7826; RESUELVO: I) Encargar los cometidos funcionales de la Fiscalía de Cámara de la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cruz del Eje, a partir del 15 de setiembre del corriente año, de conformidad al siguiente cronograma: 1) Intervención Criminal y Correccional: A) Despacho diario: Asignar a la Fiscal de Cámara Dra. Carolina Elías los trámites en materia penal criminal y correccional, pudiendo requerir la intervención de los Fiscales de Instrucción Dres. Daniel Barrera y Raúl Ramírez, cuando encontrándose ausente en la sede, razones de urgencia o celeridad del trámite determinen cumplimentar inmediatamente con la intervención fiscal”.
Críticas
“En Córdoba no hay independencia de Poderes. La Justicia es adicta y empleada del poder político. A la Fiscalía General no le gustó que la fiscal Pochettino cambiara la imputación de los cuatro policías en base a prueba objetiva, pese a que se limpió la escena del crimen y decidió separarla de la causa. Como en esta causa hay policías involucrados, si al gobernador Juan Schiaretti no le gusta que investiguen a su fuerza, ordena separar del caso a la fiscal. En otros casos, como el asesinato de Blas Correas, también a manos de la Policía, Schiaretti ordena investigar hasta cierto rango de policías y a la oficialidad superior y autoridades políticas las deja fuera de investigación. Así opera la Justicia en Córdoba, es una Justicia clasista”; apuntó el abogado querellante Claudio Orosz.
Por su parte, Ivana Reynoso, de la Comunidad Justicia por Joaquín Paredes le dijo a El Destape: “Luego de 11 meses de reclamar que matar no es abuso de autoridad, luego de una lucha incansable de todos los días, de recordar a Joaquín y de manifestar que su muerte, su homicidio es producto del actuar colectivo de los cinco policías que encerraron, dispararon y abandonaron a Joaquín y sus amigos, se nos dio por fin el cambio de carátula. A un año de este crimen que cambió para siempre la vida en Paso Viejo, nos damos con otra noticia que busca el cese, el freno de los avances en la investigación, como lo es el apartamiento de la fiscal Fabiana Pochettino. Desde Córdoba se ordenó sacar a la fiscal Pochettino, volvió el fiscal Barrera, quién tiene que ponerse al día con todo el material que hay, lo que implica un freno a la investigación. Las indagatorias aún no se dan, nosotros entendemos esto como un acto de violencia para los sobrevivientes a la balacera del 25 de octubre de 2020; un acto de violencia contra la familia de Joaquín y contra sus amigos. Exigimos Justicia para Joaquín y los chicos heridos y atormentados esa noche, que sus homicidas vuelvan a estar todos presos; y sabemos que sin complicidad judicial y política, el gatillo fácil no existiría”.
La semana pasada, amigos de Joaquín y sobrevivientes del ataque policial lograron que las autoridades de la escuela IPEA 306 “Dr. Amadeo Sabatini” donde estudiaba Joaquín, les permitieran realizar un mural en su homenaje. A la vez, la Dirección del colegio se despegó de la convocatoria a la marcha reclamando Justicia por Joaquín que se realizará esta tarde en Paso Viejo.
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