La Ley 27.499, mejor conocida como “Ley Micaela”, fue promulgada el 10 de enero del 2019 en conmemoración del femicidio de Micaela García, joven entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita, en manos de Sebastián Wagner. El objetivo de esta normativa es establecer la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública -sin importar su nivel o jerarquía-, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación. Si bien es una de las tantas medidas que se dieron en el marco del movimiento Ni Una Menos en la búsqueda de generar un cambio, todavía hay importantes fallas en su implementación y queda mucho trabajo por hacer para derribar la base patriarcal.
“Nos proponemos lograr su plena implementación a través de procesos de formación integral, los cuales aporten a la adquisición de herramientas que permitan identificar las desigualdades de género y elaborar estrategias para su erradicación”, manifiestan en la página web oficial del Gobierno de la Nación. La idea es transmitir herramientas y deconstruir sentidos comunes para cuestionar tal desigualdad, discriminación y violencia transformando la realidad de una sociedad y las prácticas concretas en la cotidianeidad de la vida. La Dirección Nacional de Formación y Capacitación de Género y Diversidad, de la Subsecretaría de Formación, Investigación y Políticas Culturales del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, es la encargada de desarrollar los contenidos, lineamientos generales, guías y protocolos para los diferentes organismos públicos; además de -en caso de ser requerido- asistir en el diseño y desarrollo de los planes integrales de formación presentados por las áreas u oficinas de género de los organismos. A su vez, la certificación de los programas de capacitación y trabajo, que deben cumplir con los lineamientos propuestos por el propio ministerio, tienen una duración de 3 años -con la posibilidad de ser prorrogada por un año más-.
La ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, contó que actualmente están en la "etapa de formación de formadores y formadoras", creando al mismo tiempo en cada organismo su "Unidad de Ejecución" de la Ley Micaela (15.134 en PBA). "Esta semana se hizo la formación de alrededor de 500 trabajadores y trabajadoras que tienen atención al público en todo lo que tiene que ver con el cambio registral frente a la identidad de género", explicó. A su vez, manifestó que se está generando un plan estratégico para alcanzar a todo el personal policial -más de 90.000 agentes- y al personal administrativo -más de 600.000 personas-. Por otra parte, la directora provincial de Formación, Investigación y Políticas Culturales para la Igualdad del ministerio provincial, Claudia Villamayor, explica a El Destape que la normativa es transversal a las diferentes políticas públicas y resalta que hay cuatro cursos destacados. "Un curso, llamado de Sensibilización, es para máximas autoridades con perspectiva de género, erradicación de violencias por razones de género, las brechas y desigualdades a nivel laboral y cómo eso transversaliza al Estado a nivel provincial y a los municipios", manifiesta. Hasta el momento, de los 135 municipios ya adhirieron 132 mientras que de 17 ministerios, ya 13 avanzaron en la formación.
Otro de los cursos más importantes y destacados es el de Formación de Formadores y Formadoras (For de For). "Lo que se hace es armar equipos de formación en todos los ministerios y organismos descentralizados. Por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo se crea una unidad organizativa que congregue a un equipo de formadorxs que armen un plan pedagógico para implementar la Ley Micaela. Durante 8 semanas, hacen el curso que ofrece el Ministerio de Mujeres, donde recorren un trayecto educativo de forma pedagógica, metodológica y con enfoque de género", detalla. Cuando se crea ese plan pedagógico -con cuatro encuentro sincrónicos más- y es aprobado por el ministerio, será ese mismo equipo el que "multiplique" la información dentro del organismo.
Es importante resaltar que el For de For tiene una "complejidad muy alta" cuando se trata de ministerios tan amplios y con una gran cantidad de formadoras, formadores, trabajadoras y trabajadores de diferentes categorías. "El Ministerio de Seguridad tiene un área de género y 80 mil efectivos y efectivas a los cuales se debe multiplicara la Ley Micaela; la Dirección General de Escuelas y Cultura tiene más de 500 mil docentes. El Ministerio no va a cubrir todo eso, sino que los equipos serán los encargados de llevar adelante la formación y perspectiva", dijo. Y aclaró: "La formación no lo es todo, es una herramienta sustantiva que ayuda a desnaturalizar y a remover una piedra muy contaminada desde hace siglos".
El tercer curso mencionado está dirigido a las trabajadoras y los trabajadores, el personal involucrado en los diferentes organismos -lógistica, operarios y operarias, entre otras-. Mientras que el cuarto y último mencionado es el For de For para los diferentes municipios, que también arman equipos de capacitación. "Les va más o menos bien dependiente del gobierno municipal; si hay interés o no, cuánto y hasta dónde, se mide por la simpatía y también por el presupuesto", expresó. Y aseguró: "El Ministerio de Mujeres, de por sí, no es el que más plata tiene sino al contrario". Además resaltó que hay otra línea de trabajo a través de la cual se producen materiales educativos como manuales, podcast, producciones de video y animaciones.
Cabe resaltar que la Ley Micaela es obligatoria y, tal como expresan en la web de Nación, no es posible negarse a recibir la capacitación sin recibir fuertes sanciones disciplinarias. "A nosotros no nos llega la situación de negación al curso, tenemos las listas; puede pasar, es probable. Pero es casi una condición para tu trabajo, como la escuela pública -primaria y secundaria-, la tenés que ir a hacer y punto", sostuvo Villamayor.
Poder Legislativo y Judicial: autoimplementan sus propias propuestas
Si bien el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades es el órgano principal para la implementación de la Ley Micaela en el Poder Ejecutivo, hay vacíos en lo que refiere al Poder Legislativo y el Poder Judicial. Al ser autónomos, autoimplementan sus propias propuestas. "Como la mayoría es del FdT, se acuerda con el Ministerio de las Mujeres", dijo la funcionaria provincial sobre el Congreso. Pero, lógicamente, esto cambia con los jueces, ya que "es más duro el hueso porque hay mucha gente de la derecha y la resistencia es mayor". Sobre esto, Villamayor resaltó: "No somos los responsables de esa implementación, lo tienen en sí mismos los cuerpos armados para la implementación de la ley en ambos poderes. En general, el equipo de Género del Poder Legislativo tiene la mejor relación con el Ministerio de Mujeres; el Poder Judicial tiene un instituto de capacitación de la Corte y nosotros tenemos que certificar las propuestas. Nos presentan los planes educativos y el ministerio supervisa, puede sugerir".
Tras armar el plan de formación, son parte de las charlas y trabajan mancomunadamente. "No son fáciles", remarcó en relación a ambos poderes. Estas dificultades se basan, principalmente, en que se naturalizan las conductas violentas y no muestran grandes inquietudes. "Hay gente que durante las capacitaciones está haciendo otra cosa o se ríe", señala. Más allá de esta crítica, la funcionaria no quiso generalizar ni en un sentido favorable ni en un sentido negativo con respecto a lo que dicha capacitación genera en cada funcionario o funcionaria. "Sería una falacia pensar que, tras siglos de patriarcado naturalizado en varones, mujeres, no binaries y diversidades, una las va a erradicar con un curso", advirtió. Pero resaltó: "Si removés la piedra en el 10%, hiciste un cambio".
Más allá de los obstáculos en las capacitaciones y de la importancia de hablar de un "nosotras" más amplio e inclusivo -con un pensamiento situado, donde las desigualdades y brechas son mayor en la pobreza que en clases medias o altas-, lanzó: "Estamos en estos tres años, dos estuvimos en pandemia, uno en aislamiento total y se implementó igual. Me irrita que digan 'está el Ministerio de las Mujeres y hay más femicidios, no erradicaron el patriarcado'. Algunos hacen economía y no erradican la pobreza”.
¿Cuáles son los contenidos que deben cumplir las propuestas de capacitación?
En primer lugar, la propuesta de capacitación debe tender a identificar déficits o problemas vinculados al Género y a las Diversidades de acuerdo a lo que ocurre en cada jurisdicción; la búsqueda de la respuesta a dicho problema -situado, vincularse con claridad, presencia de ejes y temáticas- es la que motivará el diseño del programa. Tras esto se formularán objetivos y líneas de acción, actividades y el tiempo de desarrollo. Es claro que varían dependiendo de quienes son los destinatarios y las destinatarias del curso.
En lo que refiere a “contenidos mínimos y bibliografía”, sugerido por el propio ministerio, se plantean cuatro ejes temáticos: derechos humanos (repasando el marco normativo nacional e internacional), introducción a la perspectiva de género, violencias basadas en el género como problemática social y perspectiva de género en los organismos del Estado. Entre otros temas también figuran estereotipos, violencias en plural en la sociedad y la vida, brechas y desigualdades, masculinidades e identidades autopercibidas. El objetivo es “prevenir y promover la adecuada intervención frente a situaciones de violencias por motivos de género”, tanto en ámbitos laborales como en espacios públicos y privados.
El desarrollo de la propuesta debe durar un mínimo de 20 horas, cuatro horas deben ser dictadas en formato taller y requieren la presencia de las y los participantes. Al mismo tiempo, deben generarse espacios de intercambio y debate -ya sea mediante foros, grupos de Facebook, WhatsApp o encuentros presenciales-. Mientras que, por otro lado, se remarca la importancia de las estrategias pedagógicas y metodológicas feministas; estas están relacionadas específicamente con un posicionamiento crítico ante el poder y la dominación masculina. "Toda la propuesta educativa del Ministerio de Mujeres trabaja sobre la perspectiva de la educación popular, por lo tanto no son cursos expositivos. Tienen instancias asincrónicas y algunas sincrónicas, módulos escritos, foros de intercambio, procesos participativos de interactividad. En cada clase se lee qué dice cada uno; algunas intervenciones son más logradas que otra y hay mayor compromiso con la respuesta", cuenta Villamayor.
A nivel nacional, entre el 2020 y el 2021, el Gobierno llevó adelante 75 instancias de sensibilización destinadas a autoridades; se capacitaron a 4.793 autoridades -pertenecientes a 130 organismos de las 22 jurisdicciones de los tres poderes-; 891 autoridades del PEN atravesaron el proceso de formación; se implementaron 4 cohortes del dispositivo de fortalecimiento institucional; se capacitaron 56.811 estatales de los tres poderes en el marco de los programas certificados; 145 equipos de los tres poderes fueron asesorados en el diseño y puesta en marcha de programas propios; 44 programas de capacitación fueron certificados -en 91 organismos- y 34 áreas del Estado están en proceso de certificación.
Ley Micaela en la práctica: qué pasa hoy
"Estamos capacitando a quienes intervienen a la hora de recibir la denuncia, especialmente en la Policía. Casi el 98% de las denuncias de violencia entran por las comisarías. Y se están haciendo los últimos retoques porque el Poder Judicial tiene el problema de que la Procuración y la Corte, los Juzgados de Paz y Familia tienen sistemas informáticos distintos entonces están haciendo los ajustes para que se puedan compatibilizar los formularios", cuenta la ministra Estela Díaz. Más allá de las capacitaciones y de los grandes esfuerzos por generar un cambio, todavía hay grandes fallas en su aplicación.
En muchas ocasiones, los y las oficiales que reciben las denuncias son los primeros en violentar a las víctimas y hasta incluso, basándose en prejuicios y estereotipos de género, no facilitan la protección necesaria para evitar que los agresores vuelvan a ejercer algún tipo de agresión física o verbal que puede desembocar en un femicidio. El caso de Úrsula Bahillo (18) deja a la vista la problemática: había denunciado por amenazas y violencia de género en reiteradas ocasiones a Matías Martínez y hasta incluso tenía una restricción perimetral que ya había violado dos veces. A su vez, dejando a la vista la burocratización de la fuerza policial al denunciar, el 8 de febrero del 2021 se había decidido otorgar un botón antipánico que nunca fue entregado porque nadie abrió el mail de la solicitud. Ese mismo día, fue brutalmente asesinada de 15 puñaladas.
En el último informe del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina realizado por la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), se conoció que 251 femicidios fueron cometidos durante el 2021. De ellos, al menos 42 víctimas habían efectuado denuncias formales contra sus agresores mientras que se destaca el dato de que más de 20 de los imputados formaban parte de una fuerza de seguridad -siendo 13 los que utilizaron sus armas reglamentarias para cometer el hecho-.
Otra de las fallas también se observó en, nada más y nada menos, el caso de Micaela García. Si bien el femicida, Sebastián Wagner, confesó el hecho y fue condenado a prisión perpetua, señaló a Néstor Pavón -acusado por encubrimiento y condenado a cinco años de prisión- como co-autor del abuso sexual. Frente a esto, como si los jueces de Entre Ríos ignoraran por completo la normativa, decidieron excarcelar a Pavón durante el 2020 tras aceptar su camioneta como alternativa de caución de un millón de pesos (pasó menos de tres años detenido). Es decir, el caso que impulsó la ley termina teniendo una condena no ejemplar y vuelve a poner en jaque a la Justicia.
La Justicia de Chubut fue noticia en marzo de este año por absolver a tres jóvenes, "hijos del poder provincial", acusados de abuso sexual grupal (perpetrado por seis varones) contra una adolescente, hecho ocurrido durante el 2012. Los argumentos fueron: falta de pruebas, principio de inocencia y el estado de salud de la joven, tirando por la borda la lucha de la víctima para denunciarlo y las represalias que sufrió posteriormente. Lo sorprendente es que quienes dictaminaron este fallo son tres juezas: Ana Karina Breckle, Marcela Alejandra Pérez y María Laura Martini. "El proceso fue una farsa, una mentira con pura agresividad y violencia. Dieron cuenta de que por ser mujeres no necesariamente tienen perspectiva de género", señaló la abogada querellante. Y agregó: "Su mensaje fue que si las chicas toman y van a una fiesta se tienen que hacer cargo". También se denunció maltrato contra la denunciante.
A principios de este mes, un Tribunal de Justicia de Santa Fe destituyó al juez Rodolfo Mingarini luego de que en septiembre pasado haya decidido liberar a un imputado por abuso sexual con acceso carnal argumentando que usó preservativo para cometer el delito. "Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se tomó el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba", dijo en su momento. Su colega, Fernando Gentile Bersano, de la Cámara de Apelación Penal de Santa Fe, revocó el fallo y el acusado fue encarcelado durante julio del año pasado.
Uno de los casos más destacados, con impacto social y mediático, fue el de Lucía Pérez (16). El 8 de octubre del 2016, en la ciudad de Mar del Plata, la joven fue abusada sexualmente y posteriormente asesinada. Tras un proceso judicial que duró poco más de dos meses, Juan Pablo Offidani y Matías Gabriel Farías fueron absueltos del femicidio y abuso sexual con acceso carnal -ya que sentenciaron que no había elementos para sostener la falta de consentimiento- pero condenados a ocho años de prisión por venta de droga a menores mientras que, por otro lado, Alejandro Maciel fue absuelto. En diciembre del 2018, el colectivo Ni Una Menos -junto a sindicatos y organizaciones sociales- realizó un paro nacional de mujeres y pidió justicia por Lucía.
Tras la implementación de la Ley Micaela, se puede observar como "positivo" que en agosto del 2020, el Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires anuló el fallo de la absolución y ordenó la inmediata realización de un nuevo juicio, dejando de lado los prejuicios y estereotipos de género. Además, los jueces fueron acusados de "negligencia" e "incumplimiento de deberes" del cargo y posteriormente, suspendidos. Mientras que al año siguiente, la Corte Suprema de Justicia bonaerense pidió "juzgar con perspectiva de género" y así garantizar el derecho a las mujeres y la igualdad de género.
En relación al informe de la CSJN y para entender la lentitud de los tiempos que muestra el Poder Judicial, se resalta que el 69% de los 231 casos de femicidio se encuentran todavía en investigación, el 13% están en juicio y tan solo el 3% tienen sentencia condenatoria. Tal vez, el dato más preocupante es que el 15% de las causas fueron archivadas. Por otra parte, desde el Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven" elaboraron un informe para conocer los datos desde el 3 de junio del 2015 (primera marcha) hasta el 29 de mayo del 2021 donde registraron 1.717 femicidios; es decir, una mujer fue asesinada cada 31 horas en Argentina.
Además, dicho estudio arrojó que 2 de cada 10 víctimas realizaron al menos una denuncia y solo 1 de cada 10 víctimas fueron protegidas. "Esto deja expuesta la falla del Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. Si una mujer denuncia violencia machista y luego es asesinada, ese acto habla de respuestas ineficaces por parte de lxs actores judiciales, y el no controlar el cumplimiento de las medidas de protección es un acto de violencia que se suma a la violencia institucional que muchas veces ejerce la Policía", sostienen.
Por todo esto, frente a un nuevo #3J, el reclamo por una reforma judicial con perspectiva de género para terminar con las complicidades, revictimizaciones y violencias acapara todas las miradas. Y el grito por Ni Una Menos se escucha más fuerte que nunca.
Cerrar sesión