Memoria Activa, la asociación civil que reúne a familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA, pidió al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, la remoción del actual titular de la Unidad Fiscal AMIA, Sebastián Basso. Desde la agrupación alegan el encubrimiento y el desvío de la investigación del atentado del 18 de julio de 1994.
"Es increíble que 27 años después tengamos que discutir este tipo de cosas ante una fiscalía ineficiente. La semana pasada tuvimos una reunión que convocó el secretario del juzgado e, increíblemente, las preguntas que hicieron son las exactas que hicieron hace un año en una reunión que tuvimos con el fiscal Miranda", relató Diana Malamud, integrante de Memoria Activa, en diálogo con El Destape Radio.
"Lo terrible es la situación jurídica y la falta de investigación, de una investigación seria que no es casual. La idea de cerrar esta causa la han intentado varias veces y esta es una más", reclamó. "Basso no ha hecho nada desde que está a cargo de la UFI AMIA. No se investiga lo que tiene que investigar", lanzó.
En el pedido que presentó la agrupación argumentan que "la designación de Basso al frente de la UFI AMIA resultó injustificada y constituye un enorme retroceso institucional que debe imperiosamente rectificarse". "El fiscal Basso es sobrino de la ex jueza camarista Luisa Riva Aramayo, quien, según se probó tanto ante el TOF 3 en el juicio por el atentado (2001-2004) como en el TOF 2 en el juicio por el encubrimiento (2015-2019), tuvo un rol protagónico en el 'armado arquitectónico' de la falsa 'pista policial', lo que selló la impunidad en el caso desviando la investigación del atentado a la AMIA", detallaron.
En diálogo con Habrá Consecuencias, la integrante de Memoria Activa informó que, desde la organización, enviaron distintas notas al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal solicitando la remoción de Basso, aunque no obtuvieron respuestas. "Hasta que Casal no deje su cargo, suponemos no pasará nada", acotó.
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"La doctora (la jueza Federal María Eugenia) Capuchetti determinó no dar lugar a los sobreseimientos en tanto no se analice la investigación", agregó Malamud. "Uno de los argumentos que plantean en la fiscalía para pedir todos estos sobreseimientos es la exhaustiva investigación que realizó la fiscalía y, la verdad, es una burla al sentido común y a la investigación en sí", precisó.
"Bajo ningún punto de vista la hubo y sigue sin haber análisis del material desclasificado que es lo que estamos pidiendo ya que en el país hay mucha gente capacitada, no nada más sacarle fotocopias a las hojitas que es lo que hizo la SIDE", lamentó en referencia a la discontinuidad de los informes de gestión de la UFI AMIA desde el 2018.
Según el comunicado de la organización civil, "dejaron de dar cuenta de todas sus actividades". "En agosto de 2019, se le dificultó a nuestros abogados el acceso a la documentación que se encuentra en la Unidad y que se requería en el marco de la causa internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), maniobras de obstaculización que desde Memoria Activa nos vimos obligados a denunciar públicamente en su momento", denunciaron.
Hacia el final de la conversación con El Destape Radio, Diana Malamud expresó, a 27 años de la tragedia, que "puede siempre surgir algo". "La posibilidad de analizar el material desclasificado que durante tantos años fue tan secreto o, incluso, encontrar material, puede salir. Más que para que se haga justicia, para saber la verdad, la sensación de qué pasó. Es una historia larga que no termina", completó.
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