A comienzos de febrero Google anunció el lanzamiento de su plataforma News Showcase en Argentina con un acuerdo firmado con una treintena de empresas argentinas de portales de información. Las empresas de medios más grandes del país están, casi en su totalidad, incluidas en el listado: de Clarín a Página 12 pasando por América, Infobae y La Gaceta de Tucumán. El acuerdo implica que Google pagará a estas empresas por mostrar sus noticias en esta nueva plataforma y permitirles editar qué notas figurarán allí.
La noticia fue comunicada por Google y los medios beneficiados como una buena nueva ante el interrogante por el sostenimiento económico de la producción periodística, el reguero de noticias falsas circulantes y la erosión en la credibilidad de los medios de comunicación. La plataforma describe la iniciativa de la siguiente forma: “Google News Showcase fue diseñado para aportar valor tanto a los medios de comunicación como a sus lectores, y se trata de un programa de licenciamiento de contenidos en el cual se le paga a los medios para que seleccionen los artículos periodísticos que aparecerán en los paneles de historias de Google Noticias y Discover por ahora, y en el futuro en otros servicios también. De esta manera se podrá ofrecer a los lectores más información acerca del contenido que es más relevante para ellos”.
El acuerdo representa una serie de problemas para el fomento a la pluralidad de voces, el enriquecimiento del debate público, la protección de la libertad de expresión y la sostenibilidad económica de la producción periodística. El lanzamiento de esta iniciativa coincide con el de su versión británica pero también con los problemas que tanto Google como Facebook enfrentan en Australia, Canadá, Francia, España y el propio Estados Unidos por su extremo poder (en algún caso mono o duopólico) en el funcionamiento de la economía digital.
Uno de los problemas que presenta esta decisión-alianza entre medios y Google es que sólo incluye un pequeño listado de empresas que no completan la oferta de noticias y periodismo que se producen a nivel nacional. No es representativa de la variedad de la oferta y excluye tanto a medios nativos digitales (El Destape, La Política Online, Letra P, por ejemplo) como a medios privados no comerciales y públicos. Tampoco incluye medios de distintas provincias o grandes ciudades del interior del país. Esos medios continuarán sin recibir ingresos.
Otro de los problemas es que la decisión sobre quiénes reciben y cuánto es tomada por una empresa como Google que ostenta un poder dominante sobre el segmento de la indexación y búsqueda de información así como también sobre las plataformas de publicidad programática. Es decir, decide y elige el más fuerte, con una fuerza inigualable en la negociación con los productores de noticias. O mejor dicho, solo igualable por el Estado.
Ahí se encuentra otra cuestión conflictiva. Mientras Google y Facebook enfrentan reclamos y regulaciones en otras partes del mundo para disminuir su poder sobre el mercado publicitario digital y la asfixia sobre los productores de noticias, en Argentina el acuerdo parece barrer bajo la alfombra ese tema. El acuerdo, sin dudas, busca partir al frente “periodístico” y dejar del lado de Google a los actores con mayor fuerza comercial y de lobby, los grandes grupos de medios. En Australia, por ejemplo, el Estado (a través del gobierno y el parlamento) discutieron un proyecto de ley para fijar tasas para que las plataformas como Facebook y Google paguen a los medios por las notas que allí circulan. La respuesta de Facebook a esa intención fue la retirada de todos los contenidos mediáticos de su interfaz. Como resultado de ese “apagón informativo” en Facebook, las visitas a los medios cayeron un 20% en días. Esa herramienta de presión consiguió que se rediscutieran las tasas y regulaciones en mejores condiciones para las plataformas. Una pequeña muestra de todo su poder. En España, otro ejemplo, Google decidió retirar su proyecto de Google News en respuesta a, también, una discusión regulatoria.
En esta línea, la decisión de Google y el acuerdo de los actores más importantes del mercado parecen obturar parte de la fuerza política de una potencial regulación o discusión en el Congreso del poder de estas plataformas. Regulación tanto en los condicionamientos y controles a su poder sobre la circulación de información en internet como en la redistribución de la renta que generan estas plataformas y que no solo desfinancia la producción local de contenidos sino que se extranjeriza.
Por otro lado, el establecimiento de una serie de empresas (las que acordaron) que cobrarán por sus contenidos profundizará las diferencias entre los productores de información, concentrará aún más la renta del sistema, generará menos incentivos para el funcionamiento de medios independientes y, a largo plazo, puede reducir la oferta de empleadores en el sistema.
En este marco, resulta indispensable que el Estado discuta, evalúe y regule el accionar de estas plataformas para fomentar la diversidad de voces, mejorar el sostenimiento de los medios (grandes, medianos y chicos), combatir la precarización laboral, enriquecer el debate público y controlar el poder que la concentración de la economía digital da a estos actores.
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