Familiares de Micaela García, la joven de 21 años que fue asesinada en Entre Ríos por Sebastián Wagner en abril de 2017, pidieron al Congreso de la Nación que no se apliquen modificaciones a la ley que lleva su nombre, destinada a la capacitación en perspectiva de género y prevención de violencias al personal de la administración pública. Estas modificaciones que rechazan quedaron planteadas en la denominada "Ley Ómnibus", que fue presentada y enviada por el gobierno de Javier Milei durante esta semana.
"Muchos de los femicidios ocurren por falta de perspectiva de género de quienes toman las denuncias (policías, agentes judiciales, etc.). Ninguno de ellos se desempeñaba en la función pública en un organismo competente en la materia", sostuvieron en el comunicado publicado. Al mismo tiempo, desde la Fundación Micaela García "La Negra" remarcaron que lo "más grave" es la modificación del Art. 1° "porque afecta el sentido de la ley".
El artículo, aún vigente, "establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación" y lo que se pretende modificar -en el Art. 535- es que solamente estén obligadas aquellas personas que "se desempeñen en la función pública en los organismos competentes en la materia".
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La Ley N° 27.499 o Ley Micaela se originó como respuesta a decisiones de agentes del Estado sin perspectiva de género, "entendiendo que el femicidio de Micaela -como tantos otros- se podría haber evitado, si la tuvieran", manifestaron los papás Andrea Lescano y Néstor 'Yuyo' García. Además marcaron que "no es lo mismo la violencia familiar que la violencia por motivos de género", razón por la cual es necesario mantener dicha normativa.
Tras la promulgación de la ley, en enero del 2019, diversas provincias y municipios se adhirieron, junto al sistema público universitario, sindicatos, empresas e instituciones deportivas. "Hemos dedicado nuestra vida a promover la instrumentación de la Ley Micaela con el convencimiento de que es una herramienta imprescindible para prevenir situaciones graves de violencia, promover ámbitos de trabajo respetuosos y jerarquizas la función pública", añadieron; asegurando que observaron "cambios, que aún pequeños, generan mucha esperanza".
Por otro lado, hablaron sobre la importancia del rol del estado en la "promoción de derechos y la prevención de las violencias" y marcaron que la violencia de género "no solo se explica ni se resuelve desde lo judicial, sino en la prevención y el conocimiento que se generan en las capacitaciones".
"Deseamos y trabajamos por la libertad y, por esa razón, creemos en la importancia de perspectiva de género. Libertad es salir a las calles y no tener que soportar acoso. Libertad es no temer a habitar el espacio público. Libertad es la que cercenaron a Micaela y a tantas otras. En defensa de la vida, la libertad y la justicia", concluyeron.
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