Casi por unanimidad, la Legislatura porteña aprobó la Ley de Promoción de la Economía Social enviada por el Gobierno porteño a fines de octubre. La iniciativa establece incentivos para que estos sectores puedan acceder al crédito, participar de las compras públicas, y mediante beneficios impositivos, iniciar su camino hacia la formalización. Desde la oposición acompañaron el texto aunque hubo reparos porque no se tomaron en cuenta las presentadas por otros espacios para enriquecerlo. La votación arrojó 52 votos positivos, cero en contra y tres abstenciones.
Impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad que conduce María Migliore, la nueva ley busca más y mejores oportunidades de trabajo para 500 mil porteñas y porteños, según informaron de forma oficial. “Este proyecto surge de la identificación de los sectores con mayor potencial para crecer e integrarse a las cadenas de valor de la Ciudad, pero que hoy se encuentran funcionando por debajo de su potencial, en la informalidad o con barreras estructurales que limitan su crecimiento”, dijo al respecto la ministra.
Además, aseguró que “la nueva ley implica un importante avance para derribar estas barreras estructurales y permite la consolidación de la economía popular, brindando nuevas herramientas para impulsar el desarrollo productivo del sector y la generación de empleo de manera sostenida. Esta ley nace de la convicción de que la mejor política social es el trabajo”.
“Estamos para igualar la cancha y dar oportunidades, para hacer que el esfuerzo valga la pena. Queremos potenciar el valor de la producción de los sectores populares, apostando por un camino de desarrollo de abajo hacia arriba, que genere crecimiento y achique las brechas de desigualdad a partir del trabajo”, dijo la funcionaria.
Por el lado del Frente de Todos, el legislador Santiago Roberto celebró ante El Destape "la sanción de esta ley ya que era un reclamo que le veníamos haciendo al gobierno porteño para que tome medidas concretas para ayudar a los sectores de la economía popular que fueron muy golpeados por la pandemia".
De todos modos, advirtió que "hay algunos aspectos de la ley que hay que mejorar, como incorporar en el Comité Ejecutivo a integrantes de empresas recuperadas, cooperativas, federaciones y confederaciones del sector. Esta ley es un avance importante para la economía social y popular que desde hace años viene sosteniendo a muchísimas familias que han hecho una elección por lo colectivo y por los principios solidarios y por eso es necesario y urgente que el Estado genere políticas públicas activas hacia el sector y que se los vea como un sector productivo que puede aportar mucho a la economía de la ciudad”.
En la misma sintonía, su compañera de bancada, Laura Velasco, tuvo sus reparos. Ella es la autora de uno de los seis expedientes que se pusieron en consideración, elaborados por distintos bloques. “El proyecto de ley que presentamos es el resultado del diálogo y el trabajo con muchísimas organizaciones; surgió de las demandas y aportes de diversas experiencias territoriales. También de la tarea conjunta con la Defensoría del Pueblo y del Ministerio Público de la Defensa. Hubiéramos querido que esos aportes fueran tenidos mucho más en cuenta para llegar a una mejor ley que integre a las tareas de cuidado comunitarias, que cuente con presupuesto acorde, que integre a las organizaciones en un consejo, que exprese claramente las características del fondo fiduciario o las condiciones de los créditos, para que sirvan para acceder a maquinarias y herramientas, a la capitalización y a la posibilidad de sustentabilidad de los emprendimientos productivos”, sostuvo la diputada.
Velasco recordó que “después del 2001 y de las políticas neoliberales aplicadas durante los años ’90, en Argentina hubo que inventar el trabajo para poder acompañar a todas aquellas personas que empezaron a organizarse en cooperativas de trabajo, a través de los movimientos sociales. Nos referimos a los recuperadores urbanos, a las cooperativas de vivienda, de trabajo, productivas y también a ese enorme universo que significaron las empresas recuperadas”, dijo en el recinto.
Por eso, remarcó que esta ley era necesaria hace mucho tiempo y pidió que "la reglamentación y la implementación no la desvirtúen" porque "necesitamos que haya un espacio institucional que integre a los actores de la economía social y popular, que haya una mesa de trabajo permanente, una instancia de diálogo para que esta ley efectivamente sirva a las necesidades del sector”.
Finalmente, consideró fundamental incluir en la implementación de la ley a las tareas de cuidado comunitarias, normalmente llamadas "trabajo no remunerado". Dijo que lo mismo ocurre en el plano comunitario y que "las tareas de asistencia alimentaria y de todo tipo de promoción de la salud, de los géneros, de la educación y ambientales que se realizan en nuestros barrios populares son parte de la economía social y popular y por eso creemos que deben ser comprendidas en los rubros de esta ley. Así como se piensa en otras actividades de carácter productivo, también lo reproductivo hace al dinero que se genera en la Ciudad de Buenos Aires, y debe ser contemplado como tal en la implementación de esta norma”.
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Las claves de la ley
1. Promover su participación en los procesos de compra pública a partir de la introducción de incentivos, buscando fortalecer las capacidades de dichas Unidades para su desarrollo autónomo luego del estímulo inicial.
2. Financiamiento a través del Banco Ciudad.
3. La creación de un fondo público-privado a través de la constitución de un fideicomiso en el Banco Ciudad para financiar proyectos productivos, tendiendo un puente entre ambos sectores y otorgando la posibilidad a individuos y a Unidades Productivas de la Economía Social y Popular la posibilidad de acceder a nuevas formas de financiamiento.
4. Beneficios impositivos para que el paso a la formalización sea gradual y sustentable. Se propone una exención de IIBB por un plazo de hasta 3 años.
5. Determina la creación del registro de Unidades Productivas de la Economía Social, que abarca a sectores de la actividad textil, elaboración de alimentos, logística, cuidados, construcción, comercio y de la economía verde. Este registro posibilitará a los inscriptos acceder a los programas y beneficios de la presente ley.
6. Se constituye el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la Economía Social (FONDES), conformado mediante el aporte de fondos públicos y privados para financiar proyectos productivos, tendiendo un puente entre ambos sectores y otorgando la posibilidad a individuos y a Unidades Productivas la posibilidad de acceder a nuevas formas de financiamiento.
7. Otorga beneficios impositivos para las Unidades Productivas que se encuentran inscriptas en la categoría de monotributo promovido ante la AFIP, estarán exentas del impuesto sobre los Ingresos Brutos por el plazo de tres años a partir de su entrada en vigencia, facilitando de esta manera el camino hacia la formalización.
Se aprobó la Ley Economía Social en la Ciudad by Carla Pelliza on Scribd
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