El presidente Javier Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fueron denunciados penalmente por “incumplimiento de las obligaciones del funcionario público” por la falta de implementación del Programa de Acompañamiento para el egreso de jóvenes sin cuidados parentales. La iniciativa fue creada por la ley 27.364 y consta de una asignación económica mensual para unos 3500 adolescentes y jóvenes, entre 13 y 21 años, que viven en hogares o con familias cuidadoras, que no la están recibiendo.
La demanda fue presentada por el abogado lomense Daniel Ramón Trava y está orientada para garantizar la “plena inclusión social” y el “máximo desarrollo personal y social” de las y los jóvenes, que reciben una asignación mensual equivalente al 80% del salario mínimo, vital y móvil. Según publicó el diario Tiempo Argentino, organizaciones sociales y los mismos beneficiarios, aseguraron que la última vez que lo cobraron fue en febrero y no tienen certeza sobre la continuidad del programa.
De hecho, debido a esta situación, la diputada nacional de Unión por la Patria (UP) Mónica Macha presentó un proyecto de ley para declarar la “emergencia para las personas beneficiarias de prestaciones sociales”, que contempla situaciones diversas entre las que se encuentran las y los afectados en este programa, como para quienes dejaron de recibir medicación para el cáncer y otras enfermedades graves a través de Capital Humano y Salud.
Según consta en la denuncia penal, la autoridad de aplicación es la Secretaría de Niñez y Adolescencia y, además, establecía la creación de una Comisión Interministerial de la que participan los que entonces eran los ministerios de Salud y Desarrollo Social –hoy Capital Humano-, y está integrada por representantes de las –entonces existentes carteras nacionales- de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, además de la Secretaría de Gobierno de Trabajo y Empleo del ya inexistente Ministerio de Producción y Trabajo. La intención con ello era “articular e implementar políticas destinadas a incrementar las posibilidades de inclusión laboral y educativa de las/los adolescentes/jóvenes sin cuidados parentales”.
En la actualidad, prácticamente todas esas áreas ahora están bajo el ala de Pettovello, por lo que depende de ella la implementación de esta política.
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“Habiendo tomado conocimiento de un presunto delito, me siento; como ciudadano; obligado a formular la presente denuncia, la cual no depende de instancia privada Y por ello, dejo expresa constancia que resulta mi intención ratificar la misma e instar a la acción penal”, sostiene el escrito presentado ante la Justicia.
Además de apuntar al Presidente y a la ministra, la denuncia se extiende a “todo otro ministro y/o funcionario con responsabilidad funcional que haya firmado decreto/s o resoluciones/s, que hayan readjudicado partidas presupuestarias, que han desfinanciado las prestaciones asignadas” al programa en cuestión.
“Al no cobrar directamente, o cobrar en forma aleatoria, no pueden afrontar sus obligaciones (fundamentalmente de vivienda), encontrándose desamparados por el estado que está obligado a velar por su bienestar”, advierte en su argumentación el abogado demandante y denuncia que esta situación “pone en riesgo extremo a los jóvenes beneficiarios, ya que (en su mayoría) deben dejar sus viviendas, para encontrarse en situación de calle”.
Además, Trava solicita a Capital Humano: cantidad exacta de beneficiarios y contactos; el presupuesto asignado al programa y cuánto se ejecutó hasta la fecha; si hubo una readjudicación de partidas y a dónde fueron girados esos fondos. También solicita a la Presidencia de la Nación que dé cuenta si Pettovello “presta servicios para el Gobierno nacional, desde cuándo, si los sigue prestando al día de la fecha y cuál es su cargo”. Y, por último, que se dé a conocer si desde Presidencia “se decidió recortar y/o readjudicar” el presupuesto previsto para esta el Ministerio de Capital Humano para el programa en cuestión.
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