El Gobierno Nacional lanzó un nuevo proceso de auditoría que impactará a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, con la proyección de eliminar entre 120.000 y 160.000 de estos beneficios en los próximos meses. Esta medida surgió en respuesta a la detección de irregularidades en la concesión de estas pensiones, con el objetivo de asegurar que solo quienes realmente lo necesiten continúen recibiendo este apoyo estatal.
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) estima que entre el 30% y el 40% de los casos auditados podrían enfrentar la suspensión de los beneficios otorgados por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Esto implicaría que entre 120.000 y 160.000 personas podrían perder este beneficio, equivalente al 70% de la jubilación mínima en Argentina.
Las decisiones de suspensión se fundamentan en irregularidades detectadas en el otorgamiento de las pensiones durante gestiones previas. Una revisión inicial de 2.559 casos mostró que solo el 7% cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión, lo que ha llevado a intensificar las auditorías. Entre las irregularidades identificadas se incluyen la presentación de documentación médica falsificada, el uso de una misma radiografía en varios expedientes y la concesión de pensiones a personas que no cumplían con las condiciones de invalidez laboral. También se encontraron incompatibilidades significativas en aproximadamente el 35% de las pensiones otorgadas, relacionadas con la posesión de bienes no declarados, empleo formal y condiciones médicas que no justifican la invalidez laboral.
Quiénes serán los más afectados con esta nueva medida
Las personas más afectadas serán aquellas que actualmente reciben una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral sin cumplir con los criterios establecidos por la normativa vigente. Este tipo de pensión está destinado a quienes, debido a problemas de salud o situaciones de vulnerabilidad social, no pueden trabajar y carecen de otros ingresos. Es importante subrayar que estas pensiones son incompatibles con otros beneficios estatales, como la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo.
Los principales afectados incluyen beneficiarios cuyas condiciones de salud no justifican la pensión, quienes poseen bienes significativos como vehículos o propiedades, y quienes tienen empleo formal. También se encuentran bajo revisión casos en los que la documentación para justificar la discapacidad es sospechosa o claramente fraudulenta, como el uso de radiografías de animales para obtener pensiones.
Para solicitar una Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, es necesario cumplir con ciertos requisitos, tales como no recibir otros ingresos del Estado, no tener empleo formal, contar con ingresos insuficientes, ser ciudadano argentino o residente con más de 10 años en el país, y no estar privado de libertad en un establecimiento penitenciario. El monto de esta pensión equivale al 70% de la jubilación mínima, que en agosto de 2024 era de $157.878, con un incremento previsto a $164.240 en septiembre.
El proceso de auditoría, que ha comenzado en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, se extenderá a otras regiones del país en los próximos meses. En paralelo, se han iniciado denuncias penales para investigar y sancionar a los responsables de las irregularidades detectadas. Diego Spagnuolo, Director de la ANDIS, subrayó que el propósito de estas auditorías no es perjudicar a quienes realmente necesitan el beneficio, sino eliminar los casos en los que la pensión fue otorgada de manera fraudulenta. Según Spagnuolo, el objetivo es restaurar la transparencia en el sistema y garantizar que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente lo requieren.
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