El titular del juzgado Federal N°1, Alejo Ramos Padilla, procesó a Carlos Omar el “Cabezón” Rodríguez por “promoción y facilitación, y explotación económica de la prostitución”, en el emblemático caso de la joven platense Johana Ramallo, desaparecida y asesinada años atrás.
En ese sentido, el magistrado solicitó al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Genero y Diversidad Sexual bonaerense que “disponga los medios necesarios a efectos de realizar una caracterización de su situación actual en relación al ejercicio de la prostitución y el comercio de estupefacientes”. En caso de ser necesario “se podía solicitar la colaboración del Ministerio de Seguridad provincial”.
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En diálogo con El Destape, Flavia Delmas, subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, explicó que “desde el Ministerio venimos acompañando la causa, lo hicimos antes de la creación del mismo y redoblamos los esfuerzos desde que asumimos”. En ese sentido detalló que “hacemos un acompañamiento a Marta Ramallo (madre de Johana) y la familia”.
En relación a la detención de Carlos Omar el “Cabezón” Rodríguez, procesado y acusado de ser el regenteador de Johana Ramallo, dijo: “Es muy importante porque el detenido es uno de los principales regenteadores de la zona, entonces tal vez sea la puerta que se abre para que las mujeres puedan hablar con mayor tranquilidad”.
En el histórico fallo, que está enmarcado dentro de una perspectiva de género, se analizó que la denominada “zona roja”, “excede el simple ejercicio de la prostitución callejera y da cuenta de la presencia de una organización que, al menos en determinados casos y, cuanto menos, captaba y recibía mujeres con el fin de someterlas a un circuito de explotación sexual y consumo de estupefacientes, aprovechándose de su situación de múltiples vulnerabilidades: sociales, económicas, familiares, de salud física y psíquica”.
Respecto de las personas que dieron testimonio en la causa, “en su enorme mayoría son mujeres y mujeres trans, jóvenes de entre 18 y 35 años, con escasa escolaridad formal, migrantes, víctimas de la explotación sexual, de trata de personas, esclavizadas con fines sexuales y en consecuencia encarnando una discriminación en todas su variantes”, explicó Delmas.
Actualmente el ministerio está con “6 acompañamientos sistemáticos” a personas que declararon”. De la situación de vulnerabilidad no se sale de un momento para otro; sobre todo cuando hay una vida de marginalidad en el medio, son acompañamientos de largo alcance, extendidos en el tiempo”, indicó.
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Una de las políticas que instrumentó el Estado fue a través de la Dirección General de Acceso a la Justicia (Atajo). La misma se creó por la resolución N°2636/15, y el objetivo es “facilitar el acceso a la justicia de las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad y su participación en el sistema de administración de justicia”.
Por otra parte, y según indicó la funcionaria, “venimos trabajando y construyendo con organizaciones sociales una textil para que tengan una salida laboral”. También “hicimos operativos para que las compañeras puedan ingresar a los programas ‘Potenciar’ y ‘Acompañar’”.
Sobre el segundo programa mencionado, el mismo está dirigido a mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género de todo el país. El objetivo es “fortalecer la independencia económica de mujeres y LGBTI+ en situación de violencia de género”.
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