Quiénes son los "ñoquis": el detrás de la construcción del estigma sobre el Estado

“Ñoquis, vagos, planeros, agarren la pala, casta, van a correr zurdos de mierda, comunistas, chorros, no quieren trabajar, kukas, con la mía”, son solo algunas de las múltiples expresiones que se leen con frecuencia en las redes sociales y se escuchan en las conversaciones ordinarias en las calles desde hace meses, pero con más fuerza a partir del triunfo de Javier Milei el último 19 de noviembre. Estas frases resuenan a lo ocurrido durante el macrismo, cuando se hablaba de la “grasa militante” y desde el gobierno utilizaron la misma metodología para demarcar a las y los trabajadores del Estado y posicionarlos en un lugar de permanente sospecha.

Sin embargo, en el contexto actual se suma una novedad que complejiza el fenómeno y es el uso laxo de la categoría por asociación para señalar a otros sujetos sociales en un escenario futuro que promete ser de fuerte conflictividad social: beneficiarios de planes sociales, trabajadores de la economía popular, feministas, sindicalistas, docentes, personas del colectivo LGTBIQ+, investigadores  del CONICET o YPF, artistas, o simplemente a quienes salgan a protestar por sus derechos en los próximos cuatro años.

“Ñoquis en el Estado: hay 4 millones de empleados públicos, de los cuales entre el 5% y 7% serían 'fantasma'", titulaba una nota del diario La Nación del 22 de diciembre de 2015, solo días después de la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia. “Los ñoquis representan aproximadamente una cuarta parte del empleo del Estado Nacional, Provincial y Municipal. Para que no existan dudas, llamamos ñoquis a las personas que reciben un salario mensual de la administración pública o de un organismo o empresa estatal, sin realizar ninguna actividad personal y útil para el organismo ente u organización a la que pertenece”, explica un artículo publicado en El Cronista en enero de 2016.

Pero no se trató solamente del discurso mediático, ya que el propio ministro de Hacienda Prat-Gay había manifestado públicamente que “los ñoquis” y la “grasa de los militantes” eran parte de la pesada herencia kirchnerista. Luego fue Hernán Lombardi quien celebró “No va a haber más ñoquis en Argentina” al eliminar 600 contratos en el Centro Cultural Néstor Kirchner:  “No hay que poner a todo el mundo en la misma bolsa pero, en la Argentina que se viene, los ñoquis van a ser una rica pasta, pero de los otros tipos de ñoquis no va a haber más, porque es la guita de todos la que tenemos que cuidar".

La etiqueta de “ñoqui” se transformó en un estigma social. Goffmann (1986) define, desde la Psicología Social, al estigma como un fenómeno social vinculado directamente a la sociedad que lo construye y a un momento histórico particular, y lo explica como “un atributo profundamente desacreditador dentro de una interacción social particular” que reduce el valor social de quien lo porta. Pero la perversidad del mecanismo reside en la idea de que ese sello es parte de un castigo, un sufrimiento merecido por un “delito cometido”, que no se reduce exclusivamente al mundo de lo simbólico. En ese sentido Crandall y Coleman (1992), definen el estigma como una marca que legitima un trato discriminatorio y violento hacia la persona portadora.

La construcción de una otredad basada en la lógica degenerativa resulta un mecanismo necesario para lograr el descrédito y así poder avanzar en el plan de ajuste y achicamiento del Estado. El cierre de múltiples áreas administrativas requiere del despido masivo y arbitrario de miles de empleados públicos, sin considerar su formación, capacidades técnicas, experiencia, funciones o desempeño laboral. La homogeneización y el uso permanente de cifras para hablar de gasto valen para explicar su dinámica y funcionamiento en términos exclusivamente burocráticos y financieros, deshumanizándolo y borrando por completo el rol y las historias de vida de los miles de trabajadores y trabajadoras.

En el documental Los ñoquis (2016), la directora María Laura Cali y el guionista Franco Cruz dejan un registro de cómo se vivió durante el macrismo el proceso de estigmatización de los trabajadores, un plan sistemático de persecución y denigración, que luego derivó en la devastación de gran parte del Estado. El gobierno de Macri preparó el terreno simbólico para legitimar socialmente los despidos masivos y el uso perverso de las famosas listas negras en las puertas de ingreso de las dependencias estatales. Tal fue el nivel de complicidad social logrado que desde los balcones circundantes al Ministerio de Cultura los vecinos les tiraban hielo y huevos a los cientos de despedidos que permanecían reclamando. El condimento más desalentador es la reproducción del estigma entre los argentinos y la pérdida total de sensibilidad de una parte de la ciudadanía que no quiere ver que atrás de esos despidos hay personas de carne y hueso.

"Nadie que esté trabajando en algo útil se va a quedar sin trabajo", indicó recientemente la futura Canciller Diana Mondino cuando la indagaron por el cierre de las agencias gubernamentales y la parálisis de la obra pública. Este tipo discurso logra construir un supuesto mundo objetivo y justo que en la vida cotidiana se torna como natural: quienes pierdan su trabajo o algún derecho en los próximos años lo harán por inútiles, por vagos y deberán salir al mercado a competir como todo “argentino de bien”.  La ambigüedad de la definición deja a merced de la necesidad política del momento cuáles prácticas y perfiles son considerados peligrosos o dónde se encuentra el límite de la persecución. Eso sumado al disciplinamiento que produce el miedo a la pérdida del trabajo que apunta directamente a desarticular la organización colectiva y debilitar el poder de representación y fuerza de los sindicatos.

La estrategia sucedió en el 2015: se toman ciertas características presentes en los imaginarios sociales latentes y se construye un estigma en base a supuestos potenciados por un contexto histórico complejo, y una realidad política y económica explosiva. De esta forma, como en los regímenes totalitarios, se demarca a un grupo de personas de la sociedad que deben ser evitadas, expulsadas, ninguneadas, humilladas por el resto de la comunidad por ser los responsables del mal que acecha según las ideologías de justificación que conjugan motivos políticos, morales, culturales, y sociales que terminan dándole un sentido a este proceso de estigmatización. Según Crandall estas ideologías proponen una serie de presupuestos, imaginarios y creencias que conforman un marco para poder juzgar al resto de los individuos y al mundo en general.

Se construye quirúrgicamente un modelo de sujeto extinguible, culpable de todos los males de nuestro país, y se profundiza la ruptura del lazo social para evitar que la sociedad reaccione en su defensa ante hechos de violencia, represión o injusticias. Podemos observar esta maquinaria en pleno funcionamiento si analizamos cómo reaccionaron los medios, la oposición, la Justicia e incluso gran parte de la sociedad argentina ante el intento de magnicidio de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dicho atentado puso en evidencia y en acción un entramado profundo de violencia política que se venía gestando previamente desde lo simbólico con la complicidad de los medios de comunicación y referentes partidarios. Lo que se percibía como un fenómeno aislado en las pantallas se puso de manifiesto y pasó a la acción.