El cierre de la planta de Dow Química, ubicada en Puerto General San Martín, se presenta como un caso testigo de lo que sucede en algunos sectores de la actividad nacional en momentos en que el Gobierno de Javier Milei continúa profundizando la desregulación y la apertura de importaciones.
Luego del pago de indemnizaciones a 38 trabajadores directos y 31 indirectos, la multinacional estadounidense le informó al Gobierno de Santa Fe, a través de una nota al Ministerio de Trabajo, la intención de vender los activos, entre ellos, el predio de más de 30 hectáreas sobre el río Paraná.
El secretario de Desarrollo Industrial de Santa Fe, Guillermo Beccani, señaló que todavía no se sabe si la venta "incluirá solo el equipamiento, las instalaciones o el terreno donde está emplazada la planta", pero espera "que haya interesados en continuar la producción local de poliuretano". La planta que cerró era la única productora de polioles y éteres glicoles de la Argentina y, tras el anuncio, traslada su producción a Brasil, reconvirtiéndose en una importadora para seguir comercializando estos productos en el país que hasta hace un mes se producían en territorio nacional.
En este contexto de destrucción de la industria local, el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) advirtió que se pasó "de un modelo industrial de una empresa que producía acá, con mano de obra calificada, a subsidiar el trabajo brasilero, a importar productos y a dejar el negocio de la comercialización en pocas manos, afectando así a numerosas PYMES”.
“Estamos ante un golpe muy fuerte a la industria nacional, era una planta rentable y que tenía el 87% de la producción y casi el 100% de la comercialización de estas materias primas tan importantes para el tejido industrial santafesino, lo cual marca un cambio de época, donde observamos con tristeza que la defensa de la industria nacional no está en la agenda del Gobierno nacional, ni del provincial”, aseguraron desde el gremio que conduce Mauricio Brizuela.
Además, denunciaron “una falta de entendimiento” de parte de las administraciones de Maximiliano Pullaro y el presidente Milei “al daño que se le hace a la matriz industrial del país”.
Si bien todavía no se sabe qué ocurrirá con el resto de los empleados que pertenecían a la planta, el anuncio por parte de la compañía convirtió en abstracto al proyecto de expropiación que tuvo media sanción en el Senado santafesino semanas atrás, cuando comenzaban las tratativas. El proyecto instaba al Gobierno provincial a buscar compradores privados que se hicieran cargo de la empresa y mantener la mano de obra. Sin embargo, la vicegobernadora y presidenta del Senado, Gisela Scaglia, no cumplió con su función de girarlo a Diputados para su tratamiento, y fue apuntada por la oposición y los sectores industriales.
Santa Fe: Algodonera Avellaneda pidió su concurso de acreedores y pone en riesgo cientos de puestos
Además del cierre de la planta de Dow en la provincia, también inquieta el recientemente presentado concurso de acreedores en Algodonera Avellaneda S.A. Como consecuencia de una caída de ventas del 60%, la empresa, miembro del grupo Vicentin, presentó su concurso de acreedores, un paso previo a la quiebra si no logra un acuerdo.
La compañía tiene su planta central de producción en la ciudad de Reconquista, cabecera del departamento General Obligado, 315 kilómetros al norte de la capital provincial, y desmotadoras en Chaco, Formosa y Santiago del Estero.
Meses atrás, el sindicato que agrupa a los empleados del sector aceptó una disminución de las horas de trabajo y, consecuentemente, de sus jornales, para intentar evitar lo que finalmente sucedió. Los trabajadores de la algodonera percibieron el 75 por ciento de sus haberes, al acordarse la reducción de la jornada laboral en 2 horas -de 8 a 6 por turno- y no trabajar sábados ni domingos. Sobre las causas que derivaron en esta situación, desde la firma se mencionó la falta de materia prima (fibra de algodón), la fuerte y sostenida caída de ventas y la falta de crédito.
La decisión pone en riesgo más de 400 puestos de trabajo de la planta radicada en el parque industrial de Reconquista. En este marco, el sorteo del caso recayó en el juzgado comercial de Reconquista que encabeza Fabián Lorenzini, el cuestionado juez que lleva adelante el concurso de Vicentín SAIC.
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