Ante el reiterado incumplimiento de la cuota alimentaria de un progenitor demandado por la madre de sus hijos, el Juzgado Civil Nº 92, a cargo de la jueza María Victoria Famá, decidió obligar a Edenor a cobrarle en el servicio de electricidad el monto adicional de $80.000 (valor actualizado hasta noviembre de 2023). Es decir, si el deudor no paga la manutención de sus hijos, se queda sin luz.
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“Están locos. Lo vamos a recurrir. Nunca nos pasó algo así, es totalmente improcedente”, se quejó Edenor. Sin embargo, esta práctica ya sucede en algunos municipios del Conurbano bonaerense, donde a través de las boletas de electricidad se cobran otros servicios como el ABL, cuotas de seguros de vida o créditos. La razón de esta estrategia es que el servicio de suministro eléctrico es uno de los más esenciales para los hogares, y por lo tanto, uno de los últimos en dejar de abonar por los deudores. Con esto, se busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias al vincularlas con un servicio vital que las personas necesitan mantener al día.
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Para la Justicia es bienvenida la polémica y el debate sobre el cobro de las cuotas alimentarias ya que se encuentra en un incipiente proceso de renovar formas efectivas de acortar los tiempos de interminables procesos judiciales a los que las madres son sometidas. Juicios que, además, no son garantía de cumplimiento: el 70% de los progenitores incumple igualmente la manutención, incluso cuando la madre ha ganado el litigio.
El dato se desprende del Compendio de Casos Judiciales Novedosos sobre Cuotas Alimentarias -Aportes y Herramientas-, impulsado por la Dirección de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados bonaerense. Este trabajo cuenta con aportes de más de 30 profesionales destacados/as en la temática y tiene doble finalidad: servir como base informativa con lenguaje claro para madres que crían solas, y como material para profesionales del derecho al aportar casos que sentaron precedente en este campo.
Este compendio reúne fallos novedosos que generan una jurisprudencia útil para lograr que los progenitores cumplan con sus responsabilidades parentales, incluso cuando más de un 50% de los deudores tienen capacidad alta económica, lo que expone una falta de voluntad mas no de recursos, lo cual vulnera gravemente tanto a las mujeres como a los niños, niñas y adolescentes.
Contexto del incumplimiento
La decisión de incluir la cuota alimentaria en la factura de luz no sólo busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones parentales, sino que también responde a una realidad económica alarmante. Cada día, un millón de niñas y niños se van a la cama sin cenar en el país y más de siete millones de chicas y chicos viven en la pobreza monetaria, según un estudio publicado recientemente por UNICEF. Esta situación es especialmente crítica en hogares monomarentales y en comunidades con menos acceso a recursos y servicios.
En el caso de las personas adultas que viven en esos hogares y que se saltean alguna comida, el número se eleva a 4.5 millones, en muchos casos porque priorizan que sus hijos o hijas puedan alimentarse.
El incumplimiento de las cuotas alimentarias agrava la pobreza y las dificultades económicas de las madres que se encargan solas del cuidado de sus hijos.
Carolina Aulicino, oficial de política social de UNICEF, contó a El Destape que desde la organización relevaron que el 56% de las madres no reciben cuota alimentaria y esto se eleva al 68% si se consideran los casos donde se cumple de manera irregular. Y en la mayoría de los casos (61%) las madres indican que el incumplimiento responde a razones referidas a una mala relación de los padres con ellas o sus hijos. Solo un 24% indica razones referidas a dificultades laborales o de insuficiencia de ingresos de los padres.
Sin embargo, “los padres no pueden excusarse de cumplir con su obligación alimentaria alegando falta de trabajo o ingresos suficientes, salvo en casos de imposibilidades o dificultades insalvables”, aclaró Agustina Correa también a este medio, abogada e integrante del Área Jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).
La falta de sustento económico no es razón para el abandono de sus responsabilidades como adultas a cargo de menores de edad. Por el contrario, en el afán de alimentar a sus hijos e hijas, muchas madres se exponen no sólo a violencia institucional por parte de una justicia a veces revictimizante, sino también a violencia patrimonial, psicológica, física y sexual en las instancias de negociación de las cuotas con algunos progenitores. “Muchas madres reciben chantaje sexual para poder acceder a la cuota alimentaria y de esto poco se habla. También existen casos como el de la chica entrerriana de 25 años que fue a buscar el dinero de la manutención a la casa del progenitor, y él la recibió tirándole aceite hirviendo en la cara. La joven fue también golpeada y su agresor le rompió los lentes y el teléfono celular con una maza frente a su hijo de 5 años. La celeridad de la Justicia en los juicios puede entonces salvar vidas y mejorar su calidad”, había dicho Maru Breard, directora de Equidad de Género y Diversidad Sexual de la Cámara de Diputados bonaerense, durante la presentación del mencionado Compendio.
Al respecto, la abogada Correa llamó a contextualizar el incumplimiento de las cuotas alimentarias en esta matriz de violencias ejercidas contra las mujeres y las infancias, de lo contrario, “la justicia permitiría la aparición de nuevas formas de violencia o perpetuaría situaciones violentas preexistentes al reclamo”. Y aclaró: “Jueces y juezas están obligados por nuestras leyes a juzgar con perspectiva de género y con un enfoque en los derechos de las infancias. Estos enfoques no responden a posturas ideológicas, sino a derechos y garantías consagrados en nuestra normativa vigente”.
Fallos novedosos y soluciones
Los deudores alimentarios tienden a desobedecer incluso los fallos judiciales que los obligan a cumplir con su rol parental, por lo que la creatividad en la Justicia parece ser una solución cuanto menos provisional. El mencionado Compendio reúne fallos con medidas personalizadas para cada caso. Por ejemplo, la Justicia logró el pago de cuotas a algunos progenitores a través de impedirles su participación en campeonatos de pesca o de kick boxing, e incluso en equipos de fútbol. O bien a través de la suspensión de la licencia de conducir, prohibición de ingreso o participación en espectáculos deportivos y/o bailables, el arresto en Comisaría durante los fines de semana, prohibición de tener líneas de teléfono, entre muchos otros ejemplos.
Estos sistemas de cobro automatizado ahorran el debate machista a los que frecuentemente se exponen las mujeres en los tribunales de familia: "Yo también tengo mi familia", "Yo trabajo y la plata te la gastás vos", "Pedile a tu nuevo macho que te de plata", "Con la plata que te paso no te podés quejar", entre tantas otras expresiones. El acceso a la cuota alimentaria es un derecho de los chicos y chicas establecido en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño.
El origen del problema es cultural. Correa señaló al respecto que la mayoría de las familias funcionan bajo una lógica patriarcal en la que el hombre asume el rol de proveedor, mientras la mujer se encarga del cuidado del hogar y de los/as hijos/as. Aunque esta organización pueda parecer un acuerdo mutuo, con frecuencia responde a la reproducción de patrones estereotipados de género que perpetúan la violencia contra las mujeres, dominándolas y generando dependencia económica que no encuentran solución siquiera en el sistema judicial: “Cuando la justicia interviene, prevalece la percepción de que los acuerdos alcanzados no son suficientes o justos por varios motivos: la no declaración de la totalidad de los ingresos, la falta de actualización del monto según la inflación, o el hecho de que el monto es significativamente menor en comparación con lo que la madre aporta al sustento del hogar”, agregó Correa.
Acceso a la Justicia
La disputa por la cuota alimentaria está profundamente ligada a las dificultades y barreras que enfrentan las mujeres en su acceso a la Justicia. Según Correa, en la gran mayoría de los casos, el proceso judicial para reclamar la cuota alimentaria se percibe como “muy costoso” para las mujeres, no solo en términos económicos (debido a trámites, traslados, honorarios profesionales, sellados, entre otros), sino también por el tiempo que requiere sostener estos procesos. Esta carga es especialmente pesada para las mujeres que son jefas de hogar tras la separación o que no pueden solicitar tiempo en sus trabajos para realizar este tipo de diligencias.
“En una investigación reciente realizada por ELA, entrevistamos a mujeres separadas, en procesos de divorcio o ya divorciadas, de las cuales muy pocas declararon tener regulados por el juzgado competente los alimentos que deben aportar los padres de sus hijos/as. En muchos casos, los padres decidieron dejar de pagar la cuota alimentaria de manera arbitraria”, expuso la abogada, haciendo referencia al informe “Percepción e incidencia de la violencia contra las mujeres”, realizado en 2023.
Es que el incumplimiento vulnera los derechos no sólo de las mujeres sino que se refleja también en las tasas de pobreza infantil, que son 10 puntos más altas en los hogares monomarentales que en el promedio.
Carolina Aulicino de UNICEF señaló que para resolver este problema es necesario implementar una serie de acciones y políticas integrales. Esto incluye desde promover cambios culturales que motiven a los padres a asumir sus responsabilidades, hasta la creación de Registros de Deudores con penalidades específicas. También destacó la importancia de que el INDEC elabore y publique el Índice Crianza, que serviría como una referencia objetiva para el Poder Judicial en casos de litigio, además de visibilizar este tema como una prioridad en la política pública.
Por otro lado, en otras jurisdicciones se están discutiendo propuestas para que el Estado, a través de un fondo compensador, se encargue de pagar la cuota alimentaria adeudada mientras se lleva a cabo el proceso judicial contra el deudor. Esta medida no solo garantizaría que los niños y niñas reciban los recursos necesarios, sino que también aliviaría a las madres de la carga de continuar con las acciones legales.
Ante la pregunta de si este tipo de fallos judiciales son de utilidad, Correa respondió: “Sí, considero que son un paso positivo en la medida en que representan una forma realista de abordar el problema de la deuda alimentaria desde un enfoque integral de los derechos de las mujeres y las infancias. Por ello, estas decisiones no solo son creativas, sino también necesarias”.
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