La agenda de género en el 2023 y los desafíos de los feminismos en la era Milei: volver a las calles para tomar impulso

El triunfo de Javier Milei marcó el inicio de un ciclo regresivo en materia de derechos, que por supuesto afectará a los feminismos y a los movimientos de mujeres y diversidades en los próximos años. Durante todo 2023, en el marco de la campaña, se percibió el diseño de un caldo de cultivo de alta conflictividad social, teñido por el aumento de la violencia política que apuntaba a desacreditar el ejercicio de la militancia, y particularmente la imagen de un colectivo que supo erigirse como uno de los movimientos más importantes de la última década y un sujeto político fundamental en materia de conquistas sociales: el de los feminismos.

El posicionamiento reaccionario y antifeminista encontró representación política explícita en un proyecto y en la candidatura de Javier Milei, y se volvió carne en estrategias quirúrgicas de provocación y búsqueda de aliados para trasladar las ideas a la agenda programática . A partir de la creación del Ni Una Menos y la posterior conquista del aborto legal, los feminismos se impulsaron en toda la región como tendencias históricas de vanguardia. Hoy podemos entender que el avance de las derechas sobre la opinión pública y en las instituciones es directamente proporcional,  como una respuesta patriarcal a los derechos conquistados. Esto se vio claramente en la transformación de las agendas y el funcionamiento del Congreso. La fluidez con la que se trabajaban temas y proyectos en materia de igualdad de género fue interrumpida y el tratamiento de algunos proyectos clave como “Cuidar en Igualdad”, que había sido presentado por el expresidente Alberto Fernández, fue trabado por el propio funcionamiento trunco en medio de un año electoral.

Ya en las primera semanas del gobierno de Milei lo que comienza a gestarse es un modelo, con fuerte vocación de poder, que se muestra abiertamente autoritario y orgullosamente conservador. El proyecto de país de LLA  parte de la destrucción de la base de derechos que los ciudadanos hemos sabido conquistar y defender desde el primer peronismo en adelante y en estos 40 años de democracia ininterrumpida. Las primeras medidas y decisiones resultaron una muestra contundente del retroceso en materia de agenda de la igualdad. Tal como se prometió en campaña, la reducción del organigrama de la Administración Pública a solo 9 ministerios se llevó puesto al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), estructura que fue desjerarquizada, desfinanciada y finalmente convertida en una “Subsecretaría de Protección contra la violencia de género” que funcionará en el marco del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello. Aún se desconoce quiénes estarán a cargo de la misma, cómo será la reestructuración de las áreas, y qué pasará con los programas que estaban activos hasta el 10 de diciembre.

Según el decreto 86/2023 el objetivo principal de esta Subsecretaría será “asistir en el desarrollo de las acciones tendientes al cumplimiento de la normativa vigente en materia de prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de asistencia integral a las víctimas en todos los ámbitos”, y el “cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado nacional en materia de políticas de género, igualdad y diversidad”. El organismo se limitará a lo establecido por la Ley 26.485 y se omitirá la necesidad de construcción de una sociedad más igualitaria que promueva la autonomía integral de todas las personas, sin establecer jerarquías entre las diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género. Es el Estado perjudicando a un sector social por acción u omisión.

Feminismos y crisis de representación política

Si miramos cómo quedó el mapa nacional después de las elecciones podemos ver que el retroceso en la representación también se consolidó a nivel de los ejecutivos provinciales: un país con el 52% de sus habitantes mujeres, según datos del último censo, no tendrá una sola gobernadora mujer para el próximo período. En este contexto, de todas las agencias gubernamentales que se habían creado en las provincias solamente persiste el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, mientras que el resto de los gobiernos decidió bajarles la categoría.

En tan solo meses Argentina pasó de ser vanguardia y referencia internacional por la participación política de las mujeres y diversidades, a un país donde se desprecia y oculta la agenda propia y la narrativa progresiva de estos movimientos, incluso dentro de las fuerzas del campo nacional y popular. Con la ultraderecha conquistando las instituciones y los sectores corporativos acaparando los medios de comunicación, se instaló un sentido de revancha de una mayoría social sigilosa, principalmente de varones, que durante años se sintió marginada y en alerta por la pérdida de privilegios. Desde su perspectiva, el feminismo se habría “pasado de rosca”, “sobregirado” y sería responsable del triunfo de Milei.

Políticas regresivas y la vuelta de viejas batallas ideológicas

Tanto en el DNU 70/23, que incluye más de 300 desregulaciones y modificaciones de diferentes actividades, como en el proyecto de “Ley Ómnibus” se plasman modificaciones que, de aprobarse, afectarán directamente a las mujeres y diversidades. El plan de reformas además se propone transformar los lineamientos legislativos y ejecutivos consolidados en los últimos años en materia de políticas públicas que apuntan a fortalecer la lucha contra la violencia de género, garantizar el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y la ley de los Mil Días, respetar la Ley de Identidad de género, y brindar cuidado integral de la salud.

La lucha en el plano de lo simbólico y el lenguaje puede parecer una batalla secundaria, pero es un punto de inflexión clave en el avance de la derecha sobre el sentido de las cosas. En ninguna de las 351 páginas del mega proyecto de Ley Ómnibus presentado por el Presidente Milei se habla de “personas gestantes”, denominación que se ha utilizado para hacer referencia a las personas que no se identifican con el género “mujer” y tienen órganos reproductivos que les permiten gestar, por ejemplo hombres trans y personas no binarias. De esta manera se vuelve a instalar en el lenguaje oficial el paradigma biologicista, heteronormativo y binario. A través del uso de los términos “madre” o “mujer embarazada” se invisibiliza a otras identidades disidentes y se ignora la capacidad de ejercer sus derechos reproductivos.

Asimismo en la Ley Ómnibus se hace explícita alusión a la incorporación, dentro de la Ley 27611, de Atención y Cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia más conocida como Ley de los 1000 Días,  de una “Política pública de detección y asistencia a las madres embarazadas y sus hijos por nacer”. De esta manera se habla de madre embarazada y de un “niño por nacer” desde el momento de la concepción, lo que representa un avance ideológico y simbólico de los sectores conservadores (jueces, médicos, políticos, religiosos) que resisten la efectiva implementación del derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y buscan reinstaurar la penalización y criminalización de un derecho adquirido.

Por otro lado, en la Sección II de la reforma plantean la modificación de la Ley Micaela, cuyo cumplimiento quedará bajo la órbita del Ministerio de Pettovello. Las nuevas directivas instruyen la sustitución del Artículo 1° que establece “la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres”, por “la capacitación obligatoria en la temática violencia familiar y contra la mujer”. En todo el mundo las ultraderechas, expresadas en proyectos como LLA, el Bolsonarismo en Brasil, o Vox en España, han intentado instalar el debate para cambiar el término "violencia de género", que denuncian como politizado, por el de "violencia intrafamiliar". Lo que se intenta es desterrar el carácter social, cultural y político de la violencia de género, vinculado al modelo patriarcal y estructuralmente desigual, y limitarlo a la concepción doméstica, como si las agresiones y asesinatos de mujeres fueran un problema de la esfera privada e individual, y solamente ocurrieran en el ámbito doméstico. Esta mirada supone un atraso absoluto en el sistema de protección de las mujeres y diversidades.

Otra de las propuestas impulsadas desde el Gobierno nacional es la eliminación del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), creado en 1995 para impulsar "la elaboración de políticas nacionales y medidas concretas para combatir la discriminación, la xenofobia y el racismo. La discriminación por género en nuestro país alcanza cifras preocupantes y en ascenso, y afecta principalmente al colectivo travesti trans. Según un informe presentado en 2023 por la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) el 90% de las personas trans asegura que vive o vivió alguna situación de violencia o discriminación.

Volver a las calles para tomar impulso

Frente a tanto avasallamiento contra la democracia, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y la vida de los sectores más postergados de la pirámide social, el desafío de los feminismos y movimientos de mujeres en el campo político y social será un doble movimiento continuo: la vuelta impostergable al territorio, a la organización popular, la convocatoria a asambleas en plazas y pueblos, el trabajo fundamental de las redes, y la puesta en marcha de acciones concretas desde los sindicatos, las organizaciones y los partidos. En medio de una crisis de representación como la que vivimos, la única reconstrucción posible es de abajo hacia arriba, buscando reconfigurar un movimiento amplio, popular y transversal; y al mismo tiempo urge la necesidad de volver a debatir las bases desde una mirada netamente política, darle voz y peso a las experiencias diarias de los argentinos y las argentinas cuyos derechos serán violentados, sus salarios licuados y su futuro cada vez más incierto.

El liberalismo es un paradigma que se ha instalado fuertemente en la conversación social y en los diferentes sectores del mapa político, incluso en algunos trazos del discurso feminista. Así como los sectores más concentrados de la economía buscan disfrazarse de liberales para impulsar un proyecto gubernamental de destrucción del Estado, existe una mirada liberal asociada al feminismo que se limita exclusivamente a cuestionar las desigualdades entre varones y mujeres,  desatendiendo las transformaciones estructurales. Por eso debe fortalecerse la exigencia de un Estado presente y un sistema público de cuidados fuerte, paradigma bandera de los feminismos que han sabido trasladar la agenda de la vulnerabilidad social a la arena política.

El panorama social que se irá configurando en los próximos meses requerirá de organización y complejizar las respuestas que provengan necesariamente de un armado de feminismo popular, antiliberal y antirracista. Si algo ha demostrado el colectivo como sujeto político central en los últimos años fue la capacidad de posicionar una agenda propia que materialice demandas, luchas y objetivos concretos. Dada la experiencia acumulada, los tiempos que vienen requerirán de una mirada audaz y estratégica que permita dar batalla al modelo económico todo, pero también a un modelo sociocultural que busca romper las bases del lazo social y la ciudadanía para  empujar a las personas al individualismo, la competitividad y el consumo. El Feminismo será político y popular, o no será nada.