Como cuando anunciaron el cierre del Inadi con bombos y platillos, parecido al festejo que desató en redes el cierre del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, esta semana se produjeron dos anuncios que en la polarización en la que vivimos o bien se festejan o bien se minimizan porque las medidas dejan intacta la miseria en la que vive la mayoría del pueblo argentino que entre este fin de mes y el que viene verá como la inflación sigue soplando el dinero que vuela de los bolsillos mucho antes de pagar todas las cuentas.
Uno de los anuncios lo hizo el propio Javier Milei en el salón Blanco de la Casa Rosada, en la entrega de sables y despachos a personal de las Fuerzas Armadas: las personas detenidas no podrán utilizar la Ley de Identidad de Género para cambiar de penal o pabellón. Se había filtrado a la prensa que el presidente haría un anuncio, se supo que era éste porque en el medio de su discurso ya remanido de mano dura en el que “los buenos son los de azul” y los “malos los delincuentes” -aunque no estaba frente a policías- el presidente dijo que iba a dar una primicia.
Al día siguiente, también se anunció desde presidencia la eliminación del DNI no binario -instrumento legal para quienes no se reconocen ni en femenino ni en masculino-, con la excusa de que afecta a muy pocas personas que ahora tendrán que optar sí o sí por uno u otro género. Pero “muy pocas” siguen siendo personas, de carne y hueso, con historias propias que se inscriben en documentos como registros de conducir, notas de exámenes, concursos, pasaportes. Personas que frente al anuncio se sintieron amenazadas, excluidas, el miedo fue una avalancha, crecía con las preguntas sobre qué pasaría ahora que se les quitaba ese reconocimiento, aunque la derogación de ninguna ley es retroactiva, nadie que tenga ese DNI debería perderlo.
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No, tampoco se acaba la pobreza con este anuncio que todavía no se hizo efectivo y entonces se entiende menos que se proclame. Menos aún se reactivará la economía o crecerá el empleo con otro de los trascendidos de la semana: la derogación de la ley de cupo para cargos electivos legislativos. O sea, el fin de la herramienta que hizo que desde 1999 la representación de las mujeres en las Cámaras creciera del 2 por ciento en aquel año a casi el 50 y 50 que es el objetivo de máxima. La ley se llamaría “Ley de Igualdad ante la ley” -pido disculpas por las repeticiones, la falta de creatividad le corresponde al gobierno.
¿A qué vienen estos anuncios y trascendidos? ¿Por qué después de estas medidas que aún no se toman el presidente de La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Santa Cruz, también responsable del PAMI en esa provincia, posteó en sus redes la imagen de una bandera del orgullo LGBTIQ+ prendida fuego?
Las provocaciones podrían esquivarse, dejarlas en ese plano si no fuera porque en paralelo las avanzadas contra la Ley de Identidad de género, la Educación Sexual Integral (ESI) e incluso las políticas para prevenir y reparar la violencia por razones de género están siendo atacadas por diversos frentes, desde todo el espectro conservador- integrista- libertario.
En el Senado, donde este mismo mes se realizó una jornada anti ESI con la vicepresidenta Victoria Villarruel al frente -siempre en nombre de “los niños” como un perfil vacío de cuerpos infantiles reales-, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona defendió el proyecto de ley para penalizar denuncias falsas poniendo como víctimas a los denunciados mientras se desarticulan las políticas para defender a quienes son agredidas por un tipo de violencia que es estructural y que cuenta muertas cada día y medio.
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Se podrían esquivar las provocaciones al colectivo LGBTIQ+, si no fuera porque al mismo tiempo y a dos días del 1 de diciembre, día internacional de la la lucha contra el Vih-sida, es un dato cierto que el gobierno ha desfinanciado completamente las políticas de prevención para el vih- sida y otras enfermedades de transmisión sexual así como tampoco ha cumplido con el abastecimiento de anticonceptivos y medicamentos para el acceso a la interrupción legal o voluntaria del embarazo.
Podría quedar en una bravuconada la bandera del arco iris prendida fuego si este mismo año no se hubiera quemado a cuatro lesbianas -tres murieron en ese ataque y una sola sobrevivió-, en un crimen de odio que no termina de reconocerse como tal y que ni siquiera es investigado como exige la debida diligencia.
La semana que viene, en el Hotel Hilton, se realizará la Conferencia de Acción Política Conservadora (Cepac) argentina, entre los participantes anunciados está Mercedes Schlapp, ex asesora de Donald Trump, quien hizo campaña para el presidente electo, justamente contra el reconocimiento de las personas trans y denunciando lo mismo que Milei ahora, que las personas detenidas abusan de ese reconocimiento para tener beneficios en su condena. Un argumento calcado que parece haberse anunciado ahora como una bienvenida para Mercedes y su marido Matt, fervientes republicanos y atacantes de lo que llaman agenda woke o ideología de género.
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Se sabe que los ataques a las mujeres, a la población LGBTIQ+, a los feminismos, son la argamasa que cohesiona a los sectores más reaccionarios del mundo que cada vez se reúnen más seguido y que como dijo el presidente, son el (nuevo) fantasma que recorre el mundo. Pero además de eso, afectan a personas reales, a cuerpos que parecen, en los discursos reaccionarios, destinados al descarte: personas que viven con VIH, personas trans y travestis, mujeres que necesitan y quieren planificar cuándo, cómo y con quién tener o no tener hijos; también personas con enfermedades cuyos tratamientos son inabordables sin ayuda del Estado y que este año hemos visto morir sin esa ayuda. La lista sigue. Reales o anunciadas, las medidas de este gobierno de la crueldad son un plan de disciplinamiento de cuerpos e identidades.
Y mientras tanto, mientras le imponen a algunos el descarte o directamente políticas eugenésicas, golpean a las mayorías con la desindustrialización que redunda en cada vez menos puestos de trabajo, con una bicicleta financiera que ofrece paraísos para los mercados pero miseria para las mayorías e intentan hacernos creer que la libertad es la de ganar dinero, si podés, aun a costa de generar adicciones en los más chicos como bien se dijo en la Cámara Baja durante el debate sobre la ley, aprobada con media sanción, sobre la ludopatía. Lilia Lemoine, una de las espadas contra las políticas que promueven la equidad entre los géneros, dijo que era un “problema de las familias” y no de la sociedad ni del Estado.
Las familias deberían cuidar a sus hijos e hijas y el Estado proteger a los que ganas dinero con las apuestas. Otra vez ese discurso aterrador que pone a las mujeres en el centro y que una vez se ensañó con las Madres de Plaza de Mayo. El problema no era la dictadura genocida, sino que ellas no habían cuidado a sus hijos es hijas. Ahora el que reina es el libre mercado a ultranza, que como ya estamos viendo, también deja víctimas en su voracidad por el éxito, por acumular y concentrar más y más dinero.