La Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires inició un juicio colectivo contra la marca FIAT, donde se buscará debatir el sistema de planes de ahorro para la adquisición de vehículos y la legalidad del modo en que se fijan los diferentes precios de automóviles junto a su impacto sobre las cuotas mensuales a los y las adherentes. "Se intentará determinar la comisión de infracciones por parte de las empresas demandadas a los derechos fundamentales de las y los consumidores", informaron a través de una solicitada.
Desde el ente buscan preservar los intereses económicos, del trato equitativo y digno junto a la información y la buena fe por parte de la empresa. Al mismo tiempo, reclaman "la declaración de existencia de daños materiales y morales" con la consiguiente "imposición de una multa civil a las empresas demandadas". Dicho juicio se desarrolla en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°17 de La Plata a cargo de la Dra. Sandra Nilda Grahl.
En el comunicado, la Defensoría del Pueblo deja en claro que las audiencias y el expediente de la causa son públicos y puede accederse a ellos a través de la página web del Poder Judicial. Al mismo tiempo, expresan que no es necesario que cada afectado y afectada se presente en el juicio para obtener beneficios ante una sentencia favorable. Por el contrario, sí deberán manifestarse quienes no quieran ser alcanzadas por los efectos del proceso -pueden excluirse o iniciar su propio juicio particular en cualquier lugar de la provincia-.
El juicio alcanza, específicamente, a las y los bonaerenses mientras que dejaron en claro que el principal objetivo de dicha demanda es "obtener la protección de los consumidores y las consumidoras ante infracciones legales y contractuales que se denuncian por parte de las proveedoras demandadas" junto con la "revisión de contratos; recomposición del valor de la cuota, con fijación del índice de variación del salario para sucesivos aumentos; reparación de daños morales, materiales y punitivos; y el dictado de una medida cultural que limite el valor de las cuotas".
Al mismo tiempo se pide que: se fije un precio justo y equitativo para cada automóvil, que se reintegren los montos percibidos en exceso, si existe saldo de precio impago por el adherente se ordene liquidar el mismo prorrateado en la cantidad de cuotas restantes hasta finalizar el plan con aplicación de tasa pasiva de interés, se reintegren los honorarios por administración de plan, se indemnice daño material y moral de cada adherente.
Para cerrar, el Defensor del Pueblo sostiene que "la causa generadora del daño masivo radica en el diseño por parte de las demandadas de una ingeniería jurídica que consiste en programar una estrategia fraudulenta en la fijación de precios y colocación de unidades desde una decisión común bajo el ropaje de dos personas jurídicas formalmente diferentes, que en realidad pertenecen al mismo grupo empresario".
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