La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) llevó ante la Justicia nacional el reclamo por el Fondo de Incentivo Docente (Fonid), que golpea al salario de las y los docentes como a las arcas provinciales por la negativa a pagar por parte del Ejecutivo nacional. La decisión fue tomada por el Gobierno de Javier Milei a principios de este mes y los funcionarios la ratificaron en las últimas tres negociaciones salariales enmarcadas en la paritaria nacional docente.
Al tiempo que en el Congreso avanzan iniciativas de ley para restituir el Fondo, recursos que la Nación transfiere a las provincias para mejorar los salarios de los docentes creado en 1998 y cuya vigencia se prorrogó año tras año a través de leyes y decretos, la secretaria general de la Confederación, Sonia Alesso, con el patrocinio de Marcelo Bustos Fierro, apoderado de la organización, reclamó en sede judicial que "se garantice que el Gobierno nacional abone el pago" del Fonid del 2023 y 2024, "a la fecha adeudados", informaron en un comunicado.
La demanda quedó radicada ante el Juzgado Nacional de 1ra. Instancia del Trabajo Nro. 8 de la Ciudad de Buenos Aires y solicita que "se declare el derecho de las trabajadoras y los trabajadores de la Educación al cobro del mencionado rubro que conforma el salario de los docentes", que "el Estado Nacional se ha negado a abonar, no obstante su obligación según la ley 25.053 y lo establecido en el marco de la Paritaria Nacional Docente -artículo 10 Ley 26.075-, existiendo la asignación presupuestaria que contempla la Ley 27.701, vigente en virtud del DNU 88/2023 dictado por el propio gobierno de Milei".
En diciembre, el Gobierno prorrogó el presupuesto nacional 2023 para este año y, a través de la DA 5/2024, asignó un monto total de $347.350 millones para el Fonid. Durante el año pasado, además, fue la segunda partida más importante del Ministerio de Educación de la Nación -ahora denigrada a Secretaría-, con un total de $333 mil millones de pesos. Por otra parte, según estimaciones alternativas, representó el 1% del gasto de las provincias.
La acción judicial por la cual se requirió trámite fue por la "vía sumarísima", explicaron desde la organización sindical. Es decir, se trata del procedimiento más breve para que se logre el acceso al dinero que beneficiaría "a más de un millón de docentes" del país, "que ilegal y arbitrariamente vieron confiscados" sus salarios por la "retención indebida de los fondos ejecutada por el Poder Ejecutivo Nacional, sin ningún fundamento que lo habilite".
Cerrar sesión