El militante de los Derechos Humanos Fernando Albareda contó que encontró a su madre Susana Beatriz Montoya (76) asesinada en el patio de su casa, alertó que había recibido amenazas de muerte en diciembre y sostuvo que el móvil del crimen puede estar vinculada al cobro de un resarcimiento por la desaparición en la dictadura militar de su padre Ricardo Fermín Albareda. En una entrevista con El Destape 1070 contó que se siente culpable porque creyó que "no iban a pasar de las amenazas".
El crimen, cometido en la propiedad de la calle Miguel Andrés Caminos al 4800, del barrio Ampliación Poeta Lugones, en la ciudad de Córdoba, encendió las alarmas, denotando la extrema preocupación por las amenazas del episodio y su vinculación con los Derechos Humanos. El esposo de Susana y padre de Fernando era el subcomisario Albareda, secuestrado y desaparecido durante la dictadura cívico-militar en septiembre de 1979 por personal del Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2), y llevado al centro clandestino Casa Hidráulica, a la vera del Lago San Roque.
En diálogo con El Destape 1070, Fernando Albareda brindó detalles sobre los acontecimientos que rodean la muerte de Susana Montoya. "La casa estaba desordenada. Le pedí permiso a la vecina para subirme al techo porque no me contestaba el teléfono y me encontré con el cuerpo de mi madre en el piso. Vi que estaba muerta y llamé a la Policía”, reveló sobre el momento en el que descubrió el trágico hecho.
Si bien no reveló detalles de la autopsia, Fernando admitió que, junto a su hermano, sintieron "mucha impotencia" por el estado en el que quedó Susana, de modo que no quisieron verla hasta antes del velorio, que se realizará este lunes al mediodía.
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Además, contó que su madre estaba por cobrar una recuperación económica por el secuestro y asesinato de su esposo. "Siempre supo que le escuchaban el teléfono", sostuvo y recordó que su madre prefería no comunicarse por esa vía. "Yo le decía a mi mamá que no pasaba nada" sostuvo en relación con las amenazas, pero dijo que "cruzaron todo límite".
La familia convivió con aquellas intimidaciones durante la instrucción de la causa que investigó el secuestro y la desaparición de su papá y, sobre todo, durante el juicio oral en el que fueron condenados el genocida Luciano Benjamín Menéndez y los policías retirados Rodolfo Campos, Armando Cejas y Hugo Britos, todos ex miembros del D2.
Si bien durante un tiempo las intimidaciones cesaron, en diciembre del año pasado, días antes de la llegada de Javier Milei y Victoria Villarruel al Gobierno, Albareda reconoció que las amenazas fueron cada vez más constantes: episodios de violencia sufridos en la calle y una serie de mensajes mafiosos que aparecieron en la puerta de entrada de su casa, junto a seis balas calibre .22 largo. Los textos decían “Se te terminaron los amigos en la policía”: “Te vamos a juntar con tu papito” y “Vas a morir”.
La investigación judicial por las amenazas de diciembre, caratulada como “amenazas calificadas”, quedó a cargo de la Fiscalía Distrito 4 Turno 3 de la ciudad, y no logró resultados.
La vida y desaparición de Ricardo Albareda
"Mi papá trabajaba en la Policía de Córdoba. Estudió ingeniería y entró en la Policía en 1958 y realizó una carrera ejemplar dentro de las fuerzas por los constantes ascensos que tuvo gracias a los méritos", contó Fernando sobre los inicios de su padre. En 1971, Ricardo Fermín Albareda tuvo una entrevista con Enrique Gorriarán Merlo y comenzó a formar parte del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Al momento de ser secuestrado por sus propios compañeros de las fuerzas de seguridad, se desempeñaba en la División Comunicaciones de la Policía local y hacía Inteligencia: "El mandato de él era informarle a los compañeros que estaban por ser secuestrados para que se fueran inmediatamente de la casa", develó.
El 25 de septiembre de 1979, Albareda padre fue llevado al centro clandestino conocido como El Embudo, Chalet de Hidráulica o la Casa de la Dirección General de Hidráulica del dique San Roque. Allí, por orden del titular del D2, Raúl Telleldín, y de miembros de la patota Hugo Britos, Américo Romano, Jesús González, los hermanos Antonio y Hugo Carabante, fue torturado (lo castraron) y murió desangrado.
Desde la vuelta de la democracia, Fernando se encargó de llevar acciones para la reparación del legajo de su padre a partir de la ley provincial sobre reparación histórica. Tras una larga lucha, en mayo de este año, el gobierno de Córdoba decretó el “ascenso por mérito extraordinario por pérdida de la vida en acto de servicio, al grado inmediato superior”, por lo que Ricardo Albareda logró de manera póstuma el grado de Comisario. El caso reviste especial particularidad porque se trata del único en el que la Policía reconoce haber sido autora de un delito de lesa humanidad.
Estela de Carlotto, sobre el caso de la familia Albareda: "El Estado nos tiene que cuidar"
El comunicado de los organismos de DDHH de Córdoba condena enérgicamente este crimen y exige a la Justicia de Córdoba y al poder Ejecutivo que investiguen y esclarezcan este hecho, así como las amenazas sufridas por la familia de Fernando Albareda.
Asimismo, exigen la seguridad y protección efectiva para toda la familia. "Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente de cuando verdaderamente pasan a la acción", alertan.
En tanto, reiteraron su compromiso con la lucha por la justicia y la memoria de las víctimas de la dictadura y exigieron que se tomen medidas efectivas para proteger a los familiares de víctimas y a los militantes de organizaciones que luchan por la justicia y la verdad.
Fernando, quien es empleado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en Córdoba, a cargo del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, que depende también de la Organización Internacional de Migrantes (OIM), contó que su abuela fue fundadora de Madres de Plaza de Mayo.
Al respecto, Estela de Carlotto, titular de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, expresó con preocupación que Argentina está viviendo momentos "muy difíciles" y apuntó contra el gobierno de Milei al advertir que el país está volviendo a la "etapa más oscura de su historia".
"El Estado, que nos tiene que cuidar, tiene gente que está feliz de traer muerte, dolor, detenciones irregulares, etc. Esto pasa de castaño a oscuro. El Gobierno actual quiere entorpecer la historia de nuestro país, cambiarla", dijo en diálogo con C5N.
A su vez, enfatizó: "Quieren que tengamos miedo, que no hagamos manifestaciones, que no estemos en grupo diferentes a lo que piensa el Gobierno actual. Lo estamos viviendo el día a día".
Si bien no vinculó directamente el asesinato de su madre con un accionar negacionista, Albareda aclaró que "todo tiene que ver con todo". De esta manera, repudió la visita de un grupo de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) a represores condenados, entre ellos Alfredo Astiz, por la última dictadura militar al penal de Ezeiza. "Con el discurso absurdo nos han doblegado", aseguró el hijo de Susana y Ricardo, quien llamó a reflexionar y replantearse cómo se llegó a estos momentos oscuros que atraviesa la sociedad.
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