Las cuatro mujeres detenidas durante el operativo de desalojo en Villa Mascardi serán trasladas en la jornada de este sábado a Bariloche. La decisión fue tomada el viernes por la noche por la jueza federal subrogante Silvina Domínguez, la misma que había ordenado que fueran encarceladas en Buenos Aires, a 1600 kilómetros de su lugar de residencia. Sin embargo, rechazó el pedido de excarcelación realizado por las defensas. Para el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) todo lo sucedido “constituye un proceso de evidente disciplinamiento y desprecio por las mujeres mapuche”.
Las cuatro mujeres fueron detenidas el martes pasado en el marco del desalojo dispuesto por el Ministerio de Seguridad de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, ubicada en las inmediaciones de la ruta 40 a 30 kilómetros de Bariloche, en Río Negro. Se trata Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Melo, que fueron alojadas en el penal de mujeres del Servicio Penitenciario Federal, en Ezeiza, y quedaron imputadas por "incendio u otro estrago, atentado contra la autoridad y usurpación".
Su traslado a su zona de residencia fue tomado por la magistrada Domínguez en la madrugada del viernes, según dijo debido a que se obtuvieron "nuevos cupos para el alojamiento" de estas detenidas en la Unidad Regional V de la Policía de Seguridad Aeroportuaria de Bariloche. No obstante, rechazó el pedido de excarcelación realizado por las defensas, que lleva adelante la Liga Argentina por los Derechos Humanos (Ladh) en coordinación con otras organizaciones.
En ese sentido, según reseñó Télam, Domínguez señaló que, como tres de las siete mujeres detenidas son madres con hijos, les dictó prisión domiciliaria en la sede regional de la PSA en Bariloche. De ese modo, "obtendría nuevos cupos para el alojamiento" para el resto, lo que permitiría llevarlas a ese predio, "único lugar de la órbita federal que cuenta con lugares de detención en la jurisdicción".
En su resolución, la jueza federal subrogante citó incluso la Regla de Bangkok N° 4 de la asamblea general de la ONU, que "prevé que las mujeres privadas de libertad serán enviadas, en la medida de lo posible, a centros de reclusión cercanos a su hogar o a centros de rehabilitación social, teniendo presentes sus responsabilidades de cuidado de otras personas".
Domínguez subrayó en letra más oscura la frase "en la medida de lo posible" y agregó que al "cesar los motivos que hicieron necesario los traslados" a Ezeiza las cuatro mujeres deben regresar a Bariloche, al entender que esa ciudad "es el lugar en donde las mencionadas podrán estar en mejores condiciones en razón de las personas que pudieran auxiliarlas mientras dure la detención".
Les abogades de las siete mujeres de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu fueron notificados de la decisión en la madrugada, luego de que la jueza tomara declaraciones indagatorias a seis de las detenidas a través de la plataforma Zoom, según confirmó a Télam una de las abogadas de la defensa, Andrea Reile, integrante de Ladh.
“Después de 3 días, ahora resulta que el mejor lugar es ese del que nunca deberían haber sido sacadas. Es urgente que las autoridades aseguren un traslado que esta vez sea respetuoso de los derechos humanos. Esto, teniendo en cuenta los tratos denigrantes que recibieron”, escribió en un hilo de Twitter el CELS. Además, denunció que “todo este despliegue constituye un proceso de evidente disciplinamiento y desprecio por las mujeres mapuches”. Además, consideraron el traslado “ilegítimo y arbitrario”.
En respuesta a la medida judicial tomada el organismo de derechos humanos exigió: 1. No se les realice requisas en sus cuerpos, bajo ninguna circunstancia, en tanto desde el 5 de octubre estuvieron bajo custodia. 2. No se les realice largos trámites de registro. 3. No sean esposadas en el viaje. Se les dé comida y abrigo. 4. Se les informe el destino, horario de llegada. 5. Se extremen todos los recaudos para asegurar la dignidad de estas cuatro mujeres.
El procedimiento, en principio, estaría a cargo de la Policía Federal, ya que en la resolución de la jueza se instruyó al comisario inspector Sergio Brizuela de esa fuerza para que cumpla con la requisitoria, o en su defecto "al personal que a tal efecto designe".
"Los delitos por los que ellas son acusadas no tienen nada que ver con lo que han hecho: todo ha sido muy exagerado, fuera de lo normal", planteó Reile.
El CELS denunció “una semana de arbitrariedades contra las mujeres mapuche”
En un extenso comunicado difundido este sábado por la organización de derechos humanos denunciaron las arbitrariedades perpetradas en contra de las mujeres mapuche en el contexto del desalojo que se llevó adelante durante esta semana por fuerzas federales. “Estuvieron tres días, aún no hay una razón que explique por qué”, sostuvieron respecto al traslado concretado a más de mil kilómetros del lugar de residencia de las detenidas.
Además de Martha Luciana Jaramillo, Andrea Despo, Florencia Melo y Débora Melo, tres permanecieron desde el primer momento en Bariloche: se trata de Betiana Ayelén Colhuan, María Celeste Ardaiz Guenumil y Romina Rosas, quienes tienen bebés de pocos meses que están lactando (Colhuan y Ardaiz Guenumil) o cursan un embarazo casi a término (40 semanas), en el caso de Rosas, internada en el hospital Ramón Carrillo.
Según indicó el organismo la jueza tomó la decisión previo a la audiencia convocada para este sábado luego de que el CELS junto con les abogades defensores de la APDH Regional Bariloche y la Ladh presentaran un hábeas corpus.
En tanto, la fiscal Federal Cecilia Incardona se entrevistó con Andrea, Marta, Florencia y Debora y escuchó de ellas las distintas afectaciones que vivieron cuando fueron llevadas a Buenos Aires. “Describieron requisas vejatorias”, determina el documento. Durante todo el traslado estuvieron esposadas y tuvieron que reclamar por un contacto con su abogada de confianza, lo que sucedió más de 12 horas después de su traslado. Esta información se incorporó al expediente de habeas corpus.
El CELS explicó en el documento que en esos terrenos sobre los que se efectuó el desalojo existen ya actuaciones judiciales tanto federales como provinciales, algunas de 2017, con situaciones procesales muy diversas, incluso algunas sin ningún movimiento.
“Al menos 72 horas después de la orden de desalojo las mujeres no sabían por qué estaban detenidas, qué hecho se les imputaba y fueron indagadas bastante después de lo que indica el Código Procesal Penal”, indicaron. Algunas de ellas ya habían sido indagadas y declaradas con “falta de mérito”.
Exigen la inmediata libertad de las pu lamngen y el retorno de la Machi Betiana Colhuan a su rewe
El Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir convocó a exigir y consensuar un plan de acción hasta lograr la Inmediata libertad de nuestras pu lamngen (hermanas) y el retorno de la Machi Betiana Colhuan Nahuel a su rewe. Lo hicieron desde el 35° Encuentro Plurinacional de Mujeres Lesbianas Travestis Trans Intersexuales Binaries y No Binaries, que se realiza este fin de semana en San Luis.
Asimismo, denunciaron que “todo el territorio de la mal llamada Patagonia Argentina (Puelmapu) está militarizado aún más de lo que ya estaba”.
“Exigimos: que los autores de estas violaciones de Derechos Humanos sean juzgados y condenados, juicio político a Aníbal Fernández por impartir estas órdenes criminales, juicio político a la jueza Silvina Domínguez por la ejecución de todos y cada una de estas violaciones a los derechos humanos, que el presidente de la nación, Alberto Fernández, desactive de manera inmediata al Comando Unificado”, dice el comunicado.
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