El Tribunal Oral Federal Nro 2 de Comodoro Py de la Ciudad de Buenos Aires dio a conocer el veredicto de la causa que investiga delitos de lesa humanidad cometidos por integrantes del Regimiento N°6 de Mercedes. En primer lugar, los hechos objetos de dicho proceso fueron calificados como "crímenes de lesa humanidad" según la Asamblea General de las Naciones Unidos (ONU) mientras que tres de ellos fueron condenados a la pena de prisión perpetua y los dos restantes, absueltos.
El juicio comenzó a principios de diciembre pasado y a través de él se investigaron privaciones ilegales de la libertad, tormentos y homicidios cometidos entre marzo y julio de 1976 contra 37 personas. Los imputados son el exsubteniente Emilio Pedro Morello -quien fue diputado nacional por el partido de Aldo Rico-; el ex subteniente Luis Alberto Brun; el exsubteniente a Martín Eduardo Sánchez Zinny, el excabo 1° Osmar Andrade y el exsubteniente Horacio Linari.
Según el magistrado Javier Feliciano Ríos, encargado de leer el veredicto, Sánchez Zinny, Morello y Linari fueron condenados "a la pena de prisión perpetua en habilitación absoluta por considerarlos coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio agravado por su comisión, con alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas". Mientras que Brun y Andrade fueron absueltos e inmediatamente liberados.
Las víctimas fueron militantes del Partido Revolucionario de los Trabajadores, la Juventud Guevarista y el Partido Socialista de los Trabajadores (en su mayoría, estaban vinculados a la producción e impresión de revistas de la agrupación Estrella Roja y El Combatiente). Entre ellos se encuentra Rocío Ángela Martínez Borbolla, docente, dirigente gremial y militante del ERP, que fue secuestrada a la vista de sus hijos, los periodistas Bárbara y Camilo García, cuando tenían 9 y 4 años respectivamente.
En la madrugada del 13 de junio de 1976, una patota del Ejército ingresó al domicilio en Haedo donde vivían con su mamá, Rocío Ángela Martínez Borbolla, a quien raptaron y de quien su familia no supo nada más. Si bien Bárbara y Camilo recibieron golpes y amenazas durante el operativo, no integraron la lista de víctimas. A Pedro Martucci, con quien compartía la casa, también se lo llevaron. "Nosostros sabemos lo que pasó, nosotros sabemos la verdad y desde siempre cuento lo mismo, desde que denuncié lo que ocurrió con mi mamá ante la Conadep hasta hoy. Espero que la Justicia la tome", había dicho Bárbara a Página 12.
Los secuestros (36), sus torturas (5) y asesinatos (8) en su gran mayoría eran atribuidas a Alberto Schollaert, quien fue jefe del regimiento de Infantería N°6 de Mercedes al momento de los hechos. Pero a principios de mayo de este año, el TOF decidió apartarlo del juicio por considerar que su salud estaba demasiado deteriorada. Al caer las acusaciones penales en su contra, también se desestimó la que cargaba por el secuestro de la hermana de Víctor Heredia. Fue el segundo imputado que quedó fuera del debate, impune: Gustavo González Sass, subteniente retirado, falleció previamente.
Los acusados y la violencia institucional
Morello y Sánchez Zinny integraron el grupo de carapintadas que lideró Aldo Rico. Ambos cuentan con la defensa de María Laura Olea, hija de represores. El primero fue candidato del Modin (espacio político de Rico, a principios de los '90), mientras que el segundo fue identificado por Bárbara García durante el 2018 como el represor que la golpeó con su arma la noche del secuestro de su mamá y los amenazó, a ella y su hermano, con matarlos (años más tarde, fue denunciado por violencia por parte de su ex mujer).
Durante el debate oral y público, amparado por los jueces, se observó un amedrentamiento contra las víctimas denunciantes. Incluso, el TOF presidido por Feliciano Ríos e integrado por Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini impidió que el debate se transmita por internet llevándose a cabo a puertas cerradas y con un aforo reducido a 10 personas. "Fue un juicio en el que nos destrataron a los familiares de las víctimas y protegieron a los represores. Tuvimos que soportar que nos dijeran nazis, comunistas, mentirosos", dijo Bárbara García.
Hasta el momento, el único de los acusados que transita la prisión preventiva en una cárcel común es Andrade. Específicamente sobre Sánchez Zinny, García había señalado: "Si llega a seguir en su casa, sin pulsera electrónica, como si nada, la que va a seguir estando presa soy yo". Mientras que su hermano Camilo, relató en aquel momento: "Me parece muy intimidante que Sánchez Zinny le haya iniciado una causa a mi hermana por reconocerlo. Ella tenía nueve años y los enfrentó, les quiso hasta pegar. Creo en mi hermana. Ella siempre pensó que de alguien de iba a acordar".
Por otra parte, en diálogo con C5N, Camilo (46) había dicho que nunca imagino estar ante los responsables "de la desaparición forzada y los asesinos" de su madre, admitiendo que "es muy movilizante" y los "llena de esperanzas". Mientras que Bárbara manifestó: "Nos tocó un Tribunal muy complejo y cuestionado. Quiero creer en la Justicia y quiero creer que se va a respetar el Nunca Más. Sánchez Zinny y Morello deben tener penas máximas y cumplirlas en cárcel común, sino sentiré que habremos perdido".
En el veredicto, no se habló de cárcel común por lo que se cree que los tres que recibieron pena perpetua podrían seguir en prisión domiciliaria.
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