Una nueva línea de investigación en torno a crímenes de lesa humanidad cometidos en la última dictadura cívico-militar argentina se abre en Entre Ríos. Se trata de secuestros, privaciones de la libertad, delitos sexuales y torturas de los cuales habrían sido víctimas ciudadanos uruguayos que vivían en la provincia y que eran militantes del Partido Comunista Revolucionario (PCR) en su país. Fue en el marco del Plan Cóndor, con cruce de información de un gobierno de facto a otro.
Acorde a la demanda presentada por el Registro Único de la Verdad en la Justicia Federal de Concepción del Uruguay a inicios de 2021, el 3 de mayo de 1977 siete personas oriundas de Uruguay -cinco varones y dos mujeres- fueron secuestradas en Concordia. Después de ser llevadas a la Jefatura Departamental de Policía, fueron vejadas. Algunas de ellas también estuvieron sometidas a sesiones de tortura en centros clandestinos. En ese contexto, una de las mujeres asegura haber sido abusada sexualmente por sus secuestradores. Todos fueron liberados en su país alrededor de tres semanas luego de su detención. No obstante, a dos de ellos los retuvieron hasta 1982, aunque uno de ellos logró fugarse.
"Todo se inició a partir de un correo electrónico, donde una mujer dio cuenta de que estaba buscando información sobre su detención en Concordia. Le pedimos que nos haga un mini relato de lo que había padecido, para buscar la documentación. Cuando lo hizo, mencionó a dos detenidos, sus hermanos, que estuvieron en algún momento como desaparecidos. Luego le solicitamos hablar telefónicamente. Allí, nos dio más detalles y decidimos hacer la denuncia", explicó a El Destape, Mariana Larobina, responsable del Área de investigación del Registro Único de la verdad.
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El expediente fue girado a la fiscalía de Josefina Minatta, una funcionaria judicial a la cual le valoran su impronta para motorizar este tipo de causas. "Hace cinco o seis años hubo una denuncia similar de un matrimonio uruguayo. En aquel momento estaba otra fiscal, que decidió no movilizar el expediente, no le dio importancia", indicó Larobina. Minatta -que también tiene a su cargo las investigaciones por los Vuelos de la Muerte- sí tomó en cuenta esta nueva demanda y aplicó las primeras medidas en el marco de la investigación penal preparatoria. Como consecuencia de ello, cuatro represores fueron llamados a declarar y se pidió la extradición de un militar uruguayo: "La mayoría habían sido nombrados en otras causas y fueron indagados. La particularidad es que los uruguayos, en aquel momento, se presentaban en las sesiones de tortura con nombre y apellido. Es decir, ellos se acuerdan de quiénes son por eso mismo".
Luego de las indagatorias, los represores quedaron imputados. Ellos son Naldo Miguel Dasso, jefe del Ejército en Concordia; Héctor Amarillo, suboficial de Caballería; Miguel Galeano, sargento Ayudante de Caballería y oficial Auxiliar de Inteligencia; y Juan Ignacio Aleman, teniente Primero del Regimiento de Caballería y oficial de Inteligencia. A ellos, se le suma el capitán Ramón Barbosa, de Uruguay, con pedido de extradición. Todos se negaron a declarar cuando fueron convocados por la Justicia.
Cabe destacar que ninguno de ellos, excepto Dasso, había sido convocado previamente por delitos de lesa humanidad. El jefe del Ejército de Concordia en aquel momento ya fue condenado a prisión perpetua en 2012 en el megacaso Harguindeguy. Allí, fue sentenciado por ser autor responsable de los delitos de asociación ilícita, allanamiento ilícito de domicilio, privación ilegal de la libertad y tormentos, en el contexto de las desapariciones forzadas seguidas de homicidio agravado de cuatro personas: Sixto Zalasar, Julio Solaga, Norma Beatriz González y Alfredo Dezorzi.
Volviendo al caso de los uruguayos, de los siete denunciantes, seis están vivos. De ellos, cinco se pusieron a disposición de la Justicia. El único que no lo hizo fue quien en aquel momento tenía tres años. Él y su madre se fueron a vivir al exterior, motivo por el cual la mujer declaró de forma virtual. Los otros tres -la mujer que habló con el Registro de la Verdad- y dos varones, se reunieron en Uruguay, 45 años después de aquel duro momento: "Fue muy fuerte porque ellos, en más de cuatro décadas, jamás se volvieron a ver y nunca más regresaron a Concordia". Todos prefieren, por el momento, mantener en reserva su identidad.
En la localidad entrerriana, recorrieron lugares que podrían haber funcionado como centros clandestinos, además de la Unidad Penal y la Jefatura Departamental. Lo positivo es que sus testimonios tienen respaldo documental. "Hay pruebas, porque cuando se abrieron las causas en 1984 declararon el director de la cárcel, una administrativa y una trabajadora social, donde relataron que había una mujer en la Unidad Penal. Hay pruebas además del ingreso a la Jefatura", finalizó Larobina.
Lucía Tejera es abogada de la secretaría de DDHH de la Nación en Entre Ríos. El organismo se presentó como querellante en el legajo, con la intención de colaborar a engrosar la evidencia que se analiza en torno a los hechos. "Venimos trabajando con el área de Investigación del Registro, de forma coordinada, en causas de delitos de lesa humanidad, con el objeto de robustecer la prueba", explicó a El Destape.
La letrada apuntó también la buena sintonía que existe con la actual fiscal: "Antes de ella había una fiscal que no tenía la decisión de avanzar. Es más, tenía la decisión de no avanzar. La Causa Vuelos de la Muerte arrancó en 2003, y más allá de algunas diligencias puntuales, no avanzó. Con Minatta se cerraron causas, se avanzaron en otras y hay una lógica de reconstrucción de lo sucedido en aquella época en la costa del Uruguay, con una impronta mucho más marcada".
Tejera resaltó la importancia de la investigación como un caso testigo de cómo funcionó el Plan Cóndor en lugares más remotos del país, como Concordia: "Está estudiado y descripto en otros centros más poblados, con la injerencia de Estados Unidos. Pero no en lugares como nuestra provincia. Si bien es una zona limítrofe, es el primero que sucede en el contexto del Plan. Y eso es importante para seguir reconstruyendo nuestra historia y saber qué pasó en nuestro territorio".
La funcionaria de Derechos Humanos hizo hincapié en que, pese a que ya hubo indagatorias y hay imputaciones, es una causa que recién se inicia: "Uno quiere que todo vaya más rápido, pero se actúa con la mayor celeridad posible. Es así en este y otros casos. Esto era una investigación preliminar y cuando deciden formalizarla como causa, elevamos un informe a la Secretaría de Derechos Humanos, considerando necesario que nos presentemos en el caso, con criterios estratégicos y aportando. Buscamos ser activos, no presentarnos sólo por presentarnos, sino que sumar material probatorio". Y finalizó: "Es importante entender, además, que la reconstrucción de la memoria no es lineal y que, a veces, las cosas suceden cuando las víctimas encuentran el momento de poder expresar lo que les pasó. En este caso, 44 años después de aquel horror".
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