Santa Fe: el 10% de los que cobran la IFE son monotributistas 

El impacto de la crisis económica provocada por la pandemia tiene un duro capítulo en las capas más frágiles de la clase media, cuyo bolsillo fue golpeado duramente, forzando a sus integrantes a recurrir a la asistencia del Estado de modo inédito, como quizás nunca habían tenido que hacerlo desde el estallido social del 2001 y la dolorosa pauperización de estos sectores en la decadencia de la convertibilidad. En Rosario, como siempre, al tratarse de una ciudad con alto nivel de empleo privado, la semblanza es notoria.

Dentro de este grupo de individuos arrastrados a la miseria se cuentan trabajadores de distintos rubros que perdieron el ingreso fijo y tuvieron que improvisar para sobrevivir. Se trata de empleados informales de sectores golpeados por el aislamiento, pequeños comerciantes, cuentapropistas o profesionales freelance hoy reciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Durante el mes de julio, el gobierno nacional destinó a la provincia de Santa Fe, a través de Anses, prestaciones extraordinarias para afrontar las consecuencias de la lucha contra la pandemia por casi 20 mil millones de pesos. De ese total, 13.800 millones corresponden a los dos pagos de la IFE, que alcanzó a 689.531 personas en toda la provincia. El 61,5% de los beneficiarios son trabajadores informales o desocupados (421.829 mil personas), pero también lo reciben 64.910 monotributistas de las categorías más bajas (A, B o social), que representan el 9,41%.

Además, se incluyen 168.815 personas que perciben la Asignación Universal por Hijo o por Embarazo (AUH o AUE); 18.858 trabajadoras de casas particulares y 7.676 titulares de Progresar. La ayuda llega al 31,1 por ciento de las personas que tienen entre 18 y 65 años, lo que representa al 44,4 por ciento de la Población Económicamente Activa. El 44 por ciento son hombres y el 56 por ciento mujeres.

Hay una porción importante de personas que no estaban habituadas a recibir este tipo de asistencia del Estado, que no las tiene mapeadas. Al no figurar en los registros de asistencia previas de los distintos niveles, como por ejemplo de ayuda alimentaria por parte de las áreas sociales, es un sector de la población a la cual es difícil de llegar con políticas sectorizadas.

Tres historias

Malena, de 31 años, es profesora de inglés y hasta la aparición del coronavirus daba clases presenciales en su casa o a domicilio. Cuando empezó el aislamiento tuvo un parate de un mes, para ver cómo seguir. Hubo varios alumnos que decidieron continuar de modo virtual, pero muchos desistieron porque no les interesaba la modalidad. Los que le fueron fieles son varios médicos que leen bibliografía en inglés y necesitan perfeccionarse.  

La docente no alquila, ya que tiene casa propia, pero los gatos fijos como los impuestos y servicios siguieron en pie. La IFE le vino bien para no endeudarse ni tener que pedir dinero prestado a familiares y amigos. Dice que tiene un estilo de vida de pocos gastos, pero sus ingresos bajaron muchísimo. "Me enteré por las noticias, vi que calificaba por ser monotributista clase B y la pedí. Yo nunca había necesitado algo así. Es bueno saber que hay alguien en el Estado que se preocupa por ayudarte", confiesa. En el último tiempo le aparecieron nuevos alumnos, ya que la cuarentena hizo que mucha gente piense en iniciar cursos, por lo que el futuro parece menos negro. 

German (38), hace dos años tenía un local de decoración junto a su esposa, también monotributista B, en el que vendían muchos productos artesanales de diseño de elaboración propia, así como trabajos en carpintería. "Durante el gobierno de Mauricio Macri nos vimos en la obligación de cerrar el local a la calle debido a la situación económica del país, y mudar el emprendimiento a mi domicilio", cuenta. En enero pudo mudarse a una casa más espaciosa, lo que le permitió ampliar la producción de cerámica y restauración de muebles.

La cuarentena lo hizo enfocar en la venta online, pero la falta de movimiento hizo que no llegue a pagar el alquiler. Por eso pidió la IFE, que le ayudó a paliar los gastos fijos. Así pudo invertir en materiales y meterle más pilas al emprendimiento. "Hoy nos ganamos la vida trabajando desde casa, porque la situación te empuja a no tener un local. Está cambiando mucho el consumo de las personas", admite.

David tiene 35 años y es trabajador gastronómico. Por costumbre, hace unos años en invierno se va a trabajar a Bariloche, a hacer temporada alta, y en verano a la costa atlántica. Este año, al terminar febrero volvió de Mar Azul, y la pandemia le cambió los planes de ir al sur. Al principio la gastronomía estuvo parada, volvió recién en junio, por lo que se quedó sin ingresos y usando ahorros para sobrevivir.

“La IFE me ayudó a salir del paso y poder seguir pagando la habitación en la pensión”, dice. Hace poco volvió a conseguir trabajo como mozo en una cervecería, y espera conseguir allí la estabilidad que busca para no sufrir más la incertidumbre de no saber si va a poder procurarse un techo el próximo mes, y hasta quizás conseguir un departamento para él solo.

Política de emergencia

El titular de la Anses Regional Litoral, Diego Mansilla, marcó que el IFE “ha sido una política de enorme magnitud, de las más grandes en America Latina”. Con una llegada a 9 millones de argentinos, el 60% está relacionado a personas que trabajan en la economía informal, que se ganan la vida día a día trabajando en la calle, en domicilios particulares o realizando changas. “Como consecuencia de la pandemia, el gobierno nacional no solamente ha decidido cuidar la vida y la salud de todos sino también tomando decisiones en lo económico y lo social realmente muy importantes”, apuntó consultado por El Destape.

Para el titular del organismo de seguridad social, esto pone de manifiesto algo que ya se venía marcando: “el abandono por parte del Estado en los últimos cuatro años en la Argentina, con una gran cantidad de personas quedaron sin empleo formal, sin tener debidamente acreditados sus datos en el organismo, sin un CBU o cuenta bancaria”.

En cambio, aclaró, “hoy hay un gobierno nacional que se ha hecho cargo de esta situación, aún en los momentos más difíciles, acompañando a un sector que se ve afectado en sus ingresos por la pandemia, pero que ya venía seriamente golpeado por las políticas neoliberales del macrismo”.

Además, apuntó Mansilla, esto se dio en el conjunto de otras políticas “como la Tarjeta Alimentar, los aumentos a jubilados y pensionados y la recuperación de 170 medicamentos para ellos, congelamiento de tarifas, la prórroga de los descuentos en las cuotas de los créditos de Anses, el relanzamiento del Procrear, los créditos a tasa cero y a 24%, o los ATP. Cuando termine agosto y finalicen los pagos del IFE 3 y del ATP 3 estaremos superando los 35.000 millones en Santa Fe”, adelantó el funcionario.