Esta semana se cumplieron dos años del motín en Devoto que signó a la primera ola del COVID-19, cuando los presos reclamaron a las autoridades judiciales la liberación de quienes integraban los grupos de riesgo. Esa escena reflejó el escenario complejo que se estaban atravesando las unidades carcelarias: el cumplimiento de protocolos y el agravamiento de los procesos salud-enfermedad bajo custodia penitenciaria quedaron expuestos.
Un informe realizado recientemente por Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) reveló que entre el 11 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 se registraron un total de 3084 casos confirmados de COVID-19 en personas privadas de su libertad en 20 jurisdicciones de todo el país; mientras que en relación a las muertes por COVID-19, en el período considerado se registraron 120 muertes clasificadas como COVID-19, de las cuales 70 casos ocurrieron hasta diciembre de 2020 y 45 durante 2021.
El estudio sobre el Impacto del Covid-19 en lugares de encierro de la República Argentina se basó en un monitoreo de la situación epidemiológica de todas las cárceles del país entre el 11 de marzo de 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del coronavirus en el mundo, hasta el 31 de diciembre de 2021.
Lo cierto es que, si bien el incremento de casos de contagio y muerte intramuros tiene relación con las olas registradas en el país, los registros muestran que la ocurrencia de fallecimientos en cárceles durante 2020 creció más rápidamente que en el conjunto de la población. Esto tiene que ver con la rápida propagación del virus en espacios de alojamiento carcelarios, que afectaron especialmente a personas de riesgo (por edad o comorbilidades). Es que, según se observó en los reportes mensuales publicados hasta el mes de diciembre de 2021, la letalidad del virus en el encierro carcelario resultó mayor que en el medio libre: para 2020 se registró 2,9% en Argentina frente a 3,7% en unidades penitenciarias, lo que representa un aumento de la diferencia registrada en 2021, con 1,9% en Argentina y 3,8% en unidades penitenciarias (una décima por encima del año anterior).
Según el estudio, el inicio de la pandemia para las personas privadas de su libertad “significó una nueva vulneración de derechos y contextos signados por las deficitarias condiciones de salubridad e higiene, la sobrepoblación y el hacinamiento”. Fue en este marco que se llevó a cabo el motín de Devoto.
Según registró el CNPT, entre 2020-2021 hubo 104 hechos de protestas o medidas de fuerza en contextos de encierro penitenciario en Argentina en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Entre las principales causas identificadas, se destacan los pedidos judiciales, problemas vinculados a la atención de la salud, a la escasez de elementos de higiene y las restricciones en las visitas.
La ausencia o debilidad de los mecanismos de resolución o mediación ante los conflictos, con la participación de todas las partes involucradas, contribuyó con la rápida extensión de este tipo de medidas de fuerza en todas las jurisdicciones del país.
Lo cierto es que muchos casos de protestas concluyeron con personas heridas de gravedad e incluso con fallecimientos. El total de muertes en situación de protesta por el COVID-19 tuvo lugar en servicios penitenciarios de jurisdicción provincial, en tanto que hubo una cantidad proporcional mayor en Santa Fe (Unidades de Coronda y Las Flores) y Salta (Unidad carcelaria Nº1). En total, 16 presos fallecieron durante las protestas en reclamo de medidas contra el Covid.
El impacto de la pandemia en las cárceles: sin visitas familiares ni acceso a la educación
Según el informe, la pandemia provocó una mayor restricción al ejercicio de derechos en la sociedad que tuvo un impacto significativamente mayor entre las personas privadas de la libertad: las visitas de familiares y personas allegadas debieron ser suspendidas como así también las salidas transitorias o extraordinarias y el ingreso de docentes a los establecimientos penitenciarios.
Si bien se habilitó el ingreso de teléfonos celulares y el acceso a internet para la población, lo que permitió el contacto con el mundo exterior y la concurrencia a clases dictadas de modo virtual, luego la evolución de la pandemia modificó esas reglas: Con el descenso de los contagios y los avances en la vacunación se restablecieron las visitas familiares con algunas restricciones -de frecuencia quincenal o través de un sistema de turnos, con una duración más breve, con un número menor 5 de visitantes e incluso se prohibió el ingreso de personas consideradas de riesgo- y con protocolos de bioseguridad -que, incluso habitualmente restringen el contacto físico, y/o en muchas jurisdicciones las denominadas “visitas conyugales”.
En este contexto, las autoridades penitenciarias estiman que el derecho al mantenimiento de contacto con el mundo exterior estuvo garantizado y que, en muchas jurisdicciones, las medidas compensatorias fueron suspendidas porque se consideró que habían cesado las causas que motivaron su adopción. A raíz de la información relevada, el estudio advirtió que la suspensión de las medidas compensatorias implica una obstaculización al mantenimiento de vínculos familiares y sociales de la población privada de la libertad, toda vez que las nuevas modalidades de las visitas impiden que muchas de ellas mantengan contacto con familiares y personas allegadas.
Considerando el contexto epidemiológico actual, la vigencia de regímenes de visitas muy restrictivos -al menos, en lo referido a frecuencia y duración- constituye una obstaculización al ejercicio de este derecho no justificado en razones sanitarias. A su vez, el retiro de los celulares o la restricción del uso de internet impacta también en el acceso a la educación ya que constituyen herramientas indispensables para participar de clases virtuales y acceder a material de estudio.
Los efectos de la vacunación en las cárceles
Tras el inicio del plan estratégico de vacunación en las cárceles, el CNPT comparó los contagios y las muertes entre el 2020 y 2021 y advirtieron que los efectos de la vacunación sobre la población penitenciaria fueron claramente positivos. Mientras que en 2020 el CNPT contabilizó 1879 casos confirmados, en 2021 hubo un total de 1210, lo que representa una reducción del 35% respecto del primer año de pandemia. Asimismo, en la evolución trimestral de contagios del año 2021, la caída en los contagios coincide con el período de tiempo donde la gran mayoría de las jurisdicciones informaron haber avanzado con la aplicación de las primeras dosis, es decir el tercer trimestre de 2021.
Luego de los 756 casos confirmados en los meses de abril, mayo y junio, la cantidad de casos confirmados cae a 295 en el tercer trimestre y nuevamente a solo 12 en el cuarto trimestre. A diferencia de lo acontecido a finales del año 2020, mientras que la cantidad de casos disminuye de manera continua en los últimos dos trimestres del año 2021 en la población penitenciaria, en la población general los casos caen, pero vuelven a crecer hacia los meses de noviembre y diciembre.
Una caracterización de las personas fallecidas advierte que en su mayoría fueron varones (95%, 114), concentrándose entre los adultos mayores. El rango de edad se encuentra entre 32 años y 86 años, destacando que el 57% de las personas fallecidas tenían más de 60 años. Mientras que la cruzar edad y género, tanto para varones como para mujeres, más del 60% de las muertes se concentra entre personas de 50 años o más. Interesa agregar que la mujer trans cuya muerte fue clasificada como COVID-19 tenía 48 años.
En tanto, respecto a la evolución de la pandemia, se constataron las fechas de ocurrencia de los fallecimientos. La distribución mensual de los 120 casos registrados muestra dos picos por año, siendo el período de 2020 que va de agosto a octubre cuando se registraron más casos, más precisamente el 76% de los fallecimientos de ese año (53 casos). Para 2021, la mayor cantidad de casos ocurrieron entre mayo y junio, con 15 casos cada mes. En lo que respecta a 2020, el aumento de muertes coincide centralmente con la propagación del virus en el SPB22, mientras que en 2021 los casos aparecen diseminados en distintos Servicios Penitenciarios, con una leve concentración en el SPF (6 casos).
"Es importante señalar que el incremento de casos de contagio y muerte intramuros tiene relación con las olas registradas en el país. Ahora bien, si observamos el comportamiento de las muertes en Servicios Penitenciarios y en Argentina (excluyendo la población menor de 18 años), la ocurrencia de fallecimientos en cárceles durante 2020 creció más rápidamente que en el conjunto de la población", insistió el informe al que tuvo acceso El Destape.
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