A días de querer avanzar sobre tablas con un proyecto que favorece la precarización de los trabajadores de las aplicaciones de delivery, el oficialismo porteño convocó al Frente de Todos a discutir, artículo por artículo, una nueva ley para el sector. Hasta el momento, la propuesta es sólo eso, una propuesta, pero en las próximas horas habrá un encuentro virtual para intentar llegar a un acuerdo. Desde la oposición, en tanto, apuntan a cambiar el espíritu de la iniciativa que considera a las operadoras como meras intermediarias y atenta contra los derechos de quienes las usan para sobrevivir.
Fue el Poder Ejecutivo porteño el que tomó la iniciativa. Confiaron a El Destape que hubo un llamado telefónico en los últimos días para pedir una reunión con uno de los diputados del bloque del FDT. En ese encuentro llegó la propuesta: discutir artículo por artículo y sacar algo por consenso.
Por estas horas, el Frente de Todos ultima su proyecto para debatirlo el miércoles, vía teleconferencia, con sus pares del oficialismo. No será una reunión formal ni de comisión, sólo un encuentro para intentar acercar posiciones. Pero la postura opositora es clara: “Una propuesta alternativa que proteja los derechos de los trabajadores” y que se articule con el Estatuto particular de la actividad que está elaborando Nación y que, de momento, es sólo un borrador. De todos modos, esta instancia recién se abre y no hay nada cerrado. Cautela.
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Dentro de los múltiples escenarios a dicutir, se plantean tres posturas: la de los operadores que se ven beneficiados por la precarización laboral; la de los trabajadores que quieren escapar de esta situación, gozar de todos los derechos que corresponden y estar sindicalizados; y la necesidad de generar una normativa legal que preserve los derechos laborales existentes. No está de más destacar que con la pandemia se convirtieron en trabajadores esenciales, lo que los expone al virus y también demanda mayores cuidados, una iniciativa que también había presentado el FDT en su momento.
En ese panorama, está el debate sobre el encuadre sindical que le corresponde a los trabajadores. No es lo mismo si es comercio, mensajería o si tiene vinculación con el sector financiero, explicaron a El Destape. Es una disputa importante porque “va a ser el trabajo del futuro, que no encuadra en ninguna de las normativas existentes”, agregaron.
El viernes, el Frente de Todos pidió archivar el proyecto PRO para continuar con el debate. En un contundente dictamen de minoría plantearon que la iniciativa "permite la explotación laboral de trabajadores ya precarizados a la vez que le impone mayores cargas a los mismos, como ser la exigencia de constituir un domicilio, acreditar la contratación de seguros que representan una erogación de dinero personal, cuando de estar bajo relación de dependencia eso quedaría cubierto con la ART, o acreditar no poseer infracciones de tránsito".
El dictamen llevó las firmas de los legisladores Santiago Roberto, Lucia Campora, Cecilia Segura y Manuel Socias y en él sostuvieron que con la iniciativa PRO "el Estado se convierte en cómplice de la explotación laboral dejando a los trabajadores a merced de las reglas de juego propias de cada empresa, las que incluyen mecanismos de premios o castigos para los repartidores, los que se ven reflejados en la asignación o no de pedidos, de acuerdo a un ranking de horas de permanencia de conexión a la aplicación y efectividad, lo que trae como consecuencia jornadas laborales que superan las 8 o 9 horas diarias, la prisa por cumplir con los objetivos de entrega, la exposición a una calificación positiva o negativa del cliente" entre otros puntos.
Ahora se abrió la oportunidad de cambiar ese espíritu negativo de la ley para avanzar en una que garantice derechos. De todos modos, aclaran que no es algo cerrado y que el debate aún no comenzó, por lo que es mejor calmar la ansiedad.
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