Actrices Argentinas rechazó que se liberen detenidos acusados de violencia de género o violaciones

El colectivo emitió un comunicado en el que pidió que la Justicia cuide los derechos de la parte más vulnerable. "Estos casos no pueden ser excarcelados".

29 de abril, 2020 | 09.22

El Colectivo de Actrices Argentinas rechazó la posibilidad de que la Justicia le conceda el beneficio de prisión domiciliaria a acusados o sentenciados por femicidios, abusos, violaciones, violencia familiar o de género".

"Estos casos no pueden ser excarcelados", aseguraron a través de un comunicado publicado en sus redes sociales y agregaron: "Su prisión domiciliaria habilita una revictimización de quien ya se sometió al tortuoso proceso de denunciarlo; pone en riesgo su vida y la de posibles nuevas víctimas".

En este sentido, indicaron que "la Justicia debería velar por los derechos de la parte más vulnerable por su condición de víctima, por su condición de niña o niño y por su género". 

Aunque se comunicó que solamente se otorga el beneficio a "aquellos casos en que se justifique por el riesgo para su salud" y que no hayan cometido delitos violentos; las actrices señalaron que "el accionar de algunos jueces transgredió las especificaciones estipuladas", y marcaron que "es de público conocimiento que detenidos y procesados por violación, abuso y violencia de género, también fueron beneficiados con prisión domiciliaria".

En el texto, Actrices Argentinas repudió "el accionar de juez Víctor Violini y de cualquier juez que otorgue prisión domiciliaria". Igualmente, sostuvieron que "en el contexto de emergencia de la pandemia mundial y el aislamiento social, comprendemos y apoyamos que el sistema penitenciario deba ser reformulado sanitariamente para evitar contagios".

"Que una emergencia no tape la otra", postuló el colectivo que, al mismo tiempo, exigió que "se dispongan recursos que garanticen medidas sanitarias para la población penitenciaria, pero que eso no implique poner en peligro a mujeres, diversidades y niñes".

Además, reafirmaron el reclamo de que la Ley Micaela, que promueve una formación en perspectiva de género obligatoria para los tres poderes, sea cumplida: "Necesitamos jueces responsables y con perspectiva de género que garanticen que ninguna medida de emergencia perpetúe este flagelo".