La pandemia del coronavirus expuso la problemática que atraviesa al sistema penitenciario. Los lugares de encierro son un foco para la expansión del COVID-19, sobre todo, si hay hacinamiento. Un informe que elaboró el Servicio Penitenciario Federal (SPF) hace apenas un mes refleja el estado de ocupación de las 31 unidades penales federales de la Argentina: 18 cárceles, es decir, más de la mitad, estaban sobrepobladas. Y otras 6 tenían una tasa de ocupación que oscila entre el 91% y el 99%. En este contexto, al que se suman conflictos violentos como los de Devoto, se discute otorgar medidas alternativas al encierro en casos muy puntuales de personas privadas de la libertad. Se hace eje en quienes cometieron delitos no violentos y tienen penas bajas o por cumplirse. Es lo que recomendó, por ejemplo, la Cámara Federal de Casación Penal, que se hizo eco de lo que mandataron distintos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU ante la emergencia que desató el COVID-19.
Entre las cárceles federales con mayor nivel de superpoblación, de acuerdo al trabajo del SPF que se hizo en el marco de la pandemia, figuran:
- El Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, que tenía a fines de marzo un 122,3% de tasa de ocupación. Con una capacidad operativa de 1.978 personas tenía alojados a 2.419 detenidos.
- El Centro Penitenciario Federal Noroeste Argentino (CPF III), con una tasa de ocupación del 136,5%. La capacidad operativa registrada en el trabajo del SPF en este penal era de 465 personas y había 635 detenidos.
- El Complejo Federal para Jóvenes Adultos (CFJA), que tenía una tasa de ocupación del 125,5%, con 349 detenidos sobre una capacidad operativa para 278 personas.
-La Colonia Penal de Santa Rosa (U4), con una población alojada de 541 personas cuando la capacidad utilizable es de 460 individuos. Esto da una tasa de ocupación del 117,6%.
-El CPF CABA, que es la cárcel de Devoto, donde se dio el motín de los últimos días. A fines de marzo allí había 1.853 personas detenidas sobre una capacidad operativa utilizable para 1.683 personas. Es decir, una superpoblación del 10%. En esta penitenciaría se confirmaron, al menos, dos detenidos con COVID-19.
-El Instituto Penal Federal “Colonia Pinto” (U.35) tenía una tasa de ocupación del 114%, esto es porque hay 187 personas detenidas cuando la capacidad operativa es para 164 individuos.
-En la prisión regional del norte (U7), ocupación es del 107,8%. Había 401 personas privadas de la libertad sobre una capacidad operativa que alcanzaba para 372 personas.
En el informe de fines de marzo se hizo un promedio general que arrojó una superpoblación general del 9% en el sistema penitenciario federal. Se registró una capacidad operativa utilizable para 12.694 personas pero había 13.841 personas privadas de la libertad. En ese contexto, explotó la pandemia.
A este cuadro se suma el hacinamiento que se vive en distintos penales y la falta de higiene, algo que se repite en distintos países de la región. Un combo muy delicado si ingresa el COVID-19. De allí las recomendaciones de los organismos internacionales.
De acuerdo a datos estadísticos del SPF, actualizados al 28 de abril, hoy hay una población penal alojada que asciende a 12.579 personas, esto implica un 99,09% de la capacidad operativa utilizable actual. En los datos publicados no hay un desagregado de unidad por unidad para tener el detalle de qué cárceles se “oxigenaron”.
Fuentes judiciales consultadas al respecto indicaron que la baja en el número total de detenidos en el SPF se debe a que en el último mes se produjeron libertades porque finalizaron condenas y se otorgaron algunas domiciliarias bajo la emergencia humanitaria. A eso se suma que por la cuarentena hay menos delitos.
Un dato no puede pasar desapercibido para comprender el escenario. Durante el macrismo, se produjo un salto cuantitativo en la cantidad de personas detenidas en el SPF. Se pasó de 10.274, en 2015, a 14 mil personas en 2019, según datos oficiales (es más, tal como se desprende del plan Justicia 2020, se proyectaban 23.500 detenidos en el SPF para el 2022). Es decir, que el gobierno de Alberto Fernández heredó una situación muy compleja en el sistema penitenciario federal.
En este marco, en el que ya se cuentan al menos 2 infectados por coronavirus intramuros, el 25 de abril pasado el Ministerio de Salud elaboró un documento con “Recomendaciones para la atención y cuidado de la salud de personas en contexto de encierro y sus trabajadores en el marco de la pandemia”. Entre otras cosas, se promueve la creación de “un comité especial que tendrá a su cargo el análisis de las situaciones vinculadas con la población carcelaria y el cumplimiento de la pena, garantizando el resguardo de los derechos humanos y la salud de la comunidad con relación a la pandemia”.
La preocupación en torno a lo que sucede en las cárceles derivó en que distintas instituciones y asociaciones abocadas a la materia como el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología, el Grupo Nacional Argentino de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP) y la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal también se manifiesten públicamente para peid rpor medidas urgentes, en pos de evitar un contagio masivo en las unidades penales.
Recientemente, desde la Facultad de Derecho de la UBA distintos docentes suscribieron un documento para señalar “la importancia del tema desde el punto de vista constitucional y de la defensa de los Derechos Humanos”. Entre los firmantes, todos profesores universitarios, se destacan el exministro de la Corte Suprema y actual juez de la Corte Interamerican de DD.HH, Raúl Zaffaroni; el prestigioso profesor Julio Maier; la exjueza Lucila Larrandart, el camarista Alejandro Slokar, el fiscal Javier De Luca y la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, entre otros.
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