Este miércoles por la tarde-noche, la Cámara del Crimen de Cruz del Eje informó que el agente de la Policía de Córdoba, Maikel Mercedes López (25) fue condenado a la pena de prisión perpetua, al haber sido hallado responsable de la muerte de Joaquín Paredes, un adolescente de 15 años que fue baleado por la espalda la noche del 25 de octubre de 2020 en Paso Viejo, en medio de una represión policial. A su vez, otros cinco oficiales, suboficiales y agentes fueron absueltos por el beneficio de la duda; cuatro de ellos acusados de homicidio calificado, como López; mientras que un subcomisario había sido acusado por amenazas, antes de la balacera.
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El fallo que absolvió al resto del grupo policial que disparó 112 balas matando a Joaquín e hiriendo a un chico de 14 años llamado B.; y a su hermano de 18; causó consternación y bronca entre los familiares y amigos de las víctimas. Incluso, los propios jóvenes que fueron atacados por la Policía la noche en que mataron a Joaquín, demostraron su malestar por las absoluciones.
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Tras más de 10 horas de deliberaciones y discusiones, cerca de las 20, los jurados populares se expidieron sobre las responsabilidades penales e informaron a los jueces de la Cámara del Crimen de Cruz del Eje –una ciudad ubicada a 130 kilómetros al norte de esta Capital- sobre el fallo: consideraron culpable a Maikel López, mientras que resolvieron por unanimidad la absolución por el beneficio de la duda a los agentes de la Policía cordobesa Enzo Ricardo Alvarado (28), Iván Alexis Luna (25), Ronald Nicolás Fernández Aliendro (26) y el sargento Jorge Luis Gómez (33), además del subcomisario Daniel Alberto Sosa Gallardo, quien se desempeñaba como jefe de zona y horas antes de la balacera donde fue asesinado Joaquín, había amenazado a los chicos con su arma reglamentaria. El fallo fue informado a los familiares y las propias víctimas por los jueces del tribunal Ricardo Arístides Py, Angel Francisco Andreu y Javier Rojo.
En sus alegatos, la fiscal de Cámara, Fabiana Pochettino, y los abogados querellantes Claudio Orosz, Ramiro Fresneda y Juan Pedro García, habían solicitado la pena de prisión perpetua para los cinco policías involucrados en la represión que terminó con el homicidio Joaquín Paredes; por considerar que los cinco, salvo el subcomisario Sosa Gallardo, fueron coautores materiales de los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y participación necesaria.
El pedido de una madre
Esta mañana, la mamá de Joaquín, Soledad Paredes hizo un reclamo ante los ocho jurados populares: “Les pido que se pongan en mi lugar y se pongan en el lugar de madre, que aunque sea por un ratito piensen en que Joaquín podría ser su hijo, su nieto, su sobrino”. La mujer, también les pidió a los jurados que “hagan Justicia”, a la hora de dictar sentencia: “Ellos tienen hijos, van a abrazar a sus hijos y yo al mío no lo voy a poder abrazar más”.
Por su parte Paola, la madre de B., el chico herido por la espalda con una bala policial; también solicitó que los jurados populares hagan caso a los pedidos de la fiscal y los querellantes: “Pido que se haga Justicia por Joaquín y por lo que pasó por mi hijo y por los chicos que fueron víctimas”.
Luego de las dos mujeres, el policía Maikel López, que disparó mortalmente por la espalda contra Joaquín Paredes, pidió perdón por la tragedia: “Ante todo, a la familia de Joaquín quiero pedirle perdón por todo lo que pasó y decirles que la verdad de lo que pasó esa noche se los dijo mi abogado. No se imaginan lo que pasó por mi cabeza esa noche. Lo que sentí y el dolor que pasé esa noche lo voy a llevar por el resto de mi vida”. Los otros cinco acusados, también pidieron disculpas y señalaron que no habían querido matar a nadie.
Por la espalda
La fiscal Fabiana Pochettino, los abogados Claudio Orosz y Ramiro Fresneda, representantes de la familia Paredes, y el letrado Juan Pedro García, representante de B.; entendieron que hubo un accionar criminal en el procedimiento que llevaron adelante los cinco policías en la plaza de Paso Viejo.
La fiscal y los querellantes consideraron coautores de homicidio calificado agravado por ser policías a Maikel López –autor material del disparo que mató a Joaquín-, y a Iván Alexis Luna, sobre el que hay testimonios que señalan que disparó hacia los jóvenes y no al aire como sostuvo en su testimonio. Además, plantearon como coautores a Alvarado, Gómez y Fernández Aliendro. Además, la fiscal Pochettino pidió una condena de dos años de cumplimiento efectivo para el jefe del destacamento de Paso Viejo, el subcomisario Daniel Sosa Gallardo por amenazas calificadas.
En su alegato del lunes, la fiscal Pochettino aseguró que el operativo policial de la madrugada del 25 de octubre de 2020 tenía un “designio criminal” para agitar a los jóvenes que estaban esa noche celebrando un cumpleaños en Paso Viejo: “Cambiaron el designio y dispararon a matar. Porque si se apunta desde lo seguro al cuerpo, es a matar. Lo lograron, mataron a uno, a Joaquín y podrían haber matado a seis más”. También sostuvo que la bala policial que le dio a B. en su hombro podría haberlo matado.
En su alegato final y situando a los cinco policías en igual condición penal, la fiscal de Cruz del Eje aseguró ante jueces y jurados: “Un dato objetivo es que las dos balas que recibieron los jóvenes ingresaron por la espalda. ¡De qué enfrentamiento me quieren hablar! ¿De qué peligro de vida me hablan? Lo mataron por la espalda a Joaquín. Joaquín estaba escapando con miedo... B. no murió por cinco centímetros”. Y siguió: “La intencionalidad no fue herirlos, la intencionalidad fue matarlos. Tiraron desde atrás de una camioneta, desde una posición de resguardo”.
Por su parte el querellante Orosz responsabilizó al jefe del destacamento de Paso Viejo, Daniel Sosa Gallardo, de no haber convocado a la Guardia de Infantería una vez que se planteó un escenario de “disturbios” en la fatídica madrugada. Y solicitó el inicio de una nueva causa para que se investigue las lesiones graves que le habría ocasionado Sosa en un evento previo a uno de los jóvenes que esa noche participaba del festejo de un cumpleaños: “Sosa Gallardo había cometido el delito de tormentos habiéndole producido la pérdida de audición en uno de los oídos de uno de los jóvenes que estaba esa noche en la reunión de la plaza y luego del dispensario”.
Las defensas
Ayer, en tanto, los abogados defensores de los policías realizaron una defensa técnica que logró el fallo absolutorio de hoy. De los seis acusados, el único policía que llegó preso al juicio es el condenado Maikel López.
El primer turno de los defensores fue para Ricardo Moreno y Jorge Sánchez del Bianco, defensores de López, quiénes solicitaron su absolución al señalar que actuó en legítima defensa al responder un ataque con piedras por parte de los chicos. Moreno acusó a la fiscal Pochettino de no ser objetiva: “El proceso investigativo tuvo una falta de objetividad en la meditación de la prueba”.
Moreno apuntó que no se investigaron las denuncias de daños que sufrieron en la madrugada del 25 de octubre de 2020 los bienes públicos como la subomisaría y la sede comunal: “Queremos que se incorpore como prueba nueva las denuncias sobre los daños que ocasionaron estos jóvenes en una turba”.
Para el defensor del policía López, a la fiscal “no le importó saber la verdad real de cómo sucedieron los hechos que está investigando y sólo le interesó sostener la única verdad o apreciación que es la suya”. Intentando convencer al jurado popular de la inocencia del acusado, pese a estar probado que disparó por la espalda contra Joaquín, Moreno dijo: “Esta defensa advierte que en este proceso investigativo falta una parte de la película. Si no se investigaron los daños que se día ocasionó ese grupo de jóvenes, tampoco podemos dar por cierto que el descontrol tumultuoso que ocurrió fue una reacción a la acción de los policías o podría ser una justificación jurídica para éstos”.
Por su parte, Pedro Despouy Santoro, abogado de los policías Iván Alexis Luna, Enzo Ricardo Alvarado y Jorge Luis Gómez, también pidió la absolución de sus clientes: “La fiscal insistió con el hecho originalmente planteado”, alegó Despouy Santoro y aseguró que “modificó dos veces el hecho sobre el cual habíamos empezado a trabajar”.
Además, el defensor de tres acusados aseguró: “No es el mismo rol el que tienen los abogados defensores, de la querella y el que tiene el Ministerio Público que debe actuar con el principio de la objetividad”.
Para Despouy Santoro “no hay prueba objetiva de que Luna, Gómez y Alvarado, hayan querido participar en el hecho; no hay ni un dato objetivo” que permita determinar la culpabilidad de sus clientes.
Y para finalizar su alegato dijo: “En relación al hecho (crimen de Joaquín) pedimos la absolución porque no existió la autoría. En relación al hecho de abuso de arma tampoco pudo existir porque los imputados señalaron que dispararon al aire en la Comisaría. Nunca hubo intención de matar”.
Desde el inicio del juicio, los camaristas Ricardo Arístides Py, Angel Francisco Andreu y Javier Rojo tuvieron un trato despectivo hacia los testigos, varios de ellos, amigos de Joaquín, que fueron reprimidos por la Policía la noche del crimen. La Secretaría de DDHH de la Nación presentó una queja por el comportamiento de los jueces ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.