El titular del Juzgado Federal N°2 de Salta, Miguel Antonio Medina, habilitó de forma anticipada la feria judicial con el motivo de tramitar una acción declarativa de certeza contra el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (Resolución 1/2019 del Ministerio de Salud de la Nación). Lo que se busca con esto es una declaración judicial que disponga que "el ser humano existe desde el momento de la concepción".
Además, lo que se busca integrar, es que "el niño no nacido tiene derecho intrínseco a la vida del que no puede ser privado". Cabe destacar que este pedido se realizó en los primeros días de diciembre y está directamente orientado contra el Protocolo ILE. De todas formas, a pesar de esto, tendrá un fuerte impacto sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (N° 27.610) recientemente aprobada por el Senado y que todavía no fue publicada en el Boletín Oficial.
La demanda fue presentada por la ex senadora del Partido Renovador, María Cristina Fiore Viñuales, y otros ciudadanos de la provincia. Allí, los denunciantes sostuvieron que el Protocolo ILE es “inconstitucional en tanto elimina el deber estatal de protección del derecho a la vida de un número indeterminado de niños por nacer en virtud de la ilegal ampliación de la inimputabilidad penal a casos no previstos en los supuestos de hecho contemplados en el art. 86, incisos 1° y 2° del Código Penal de la Nación”.
También declaran que el aborto y el protocolo "posibilitan que se realicen actos crueles e inhumanos prohibidos por el Artículo 18 de la Constitución Nacional, como ser matar a los embriones con el corazón ya latiendo y a los fetos totalmente formados, dado que no se fija límite temporal alguno". Esto, como bien se conoce, no es cierto ya que la ley sancionada aclara que este tipo de procedimientos podrá realizarse hasta la semana 14 o si implica un peligro para la vida del cuerpo gestante.
En la denuncia realizada, también se atentaba contra el Ministerio de Salud de la Nación comandado por Ginés González García y se suma a otros documentos y comunicados de movimientos antiderechos que hasta incluso le pidieron la renuncia al titular del cartel sanitario. La senadora tucumana Silvia Elías de Pérez, siguiendo la misma línea, advirtió que ante la ley irían ante la Justicia para que sea declarada inconstitucional por "llevarse puesta" la Constitución.
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