El presidente Javier Milei envió al Congreso un proyecto de ley ómnibus con 664 artículos al que tituló "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos". En el artículo 344, el Gobierno plantea la modificación del Código Penal, específicamente en materia de legítima defensa. Allí, entre otras cosas, busca restringir la defensa de víctimas o familiares de víctimas de gatillo fácil.
El artículo 344 propone modificar el punto 34 del código penal y, en el último párrafo del que planea imponer en el gobierno del libertario, el documento expresa: "Quien comete un delito, aún en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida, aunque no concurrieren los eximentes de este artículo en favor de quien se defiende u obre en ejercicio de su deber, autoridad o cargo". O sea, si un integrante de las fuerzas de seguridad le dispara o reprime a una persona que "comete un delito" para los parámetros que el Gobierno de Milei quiere imponer en el Código Penal, la víctima o sus familiares no pueden iniciar una demanda.
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En el inciso 4, además, se autoriza a las fuerzas a actuar en "legítima defensa" sin posibilidad de que sean imputadas. En el código penal actual, esa regla marca que no es punible quien "obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo". Después de la palabra "cargo", el texto que propone Milei agrega: "En cuyo caso, la proporcionalidad del medio empleado debe ser siempre interpretada en favor de quien obra en cumplimiento de su deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo".
La Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) difundió un comunicado en repudio del proyecto de ley, que "de manera explícita y sin ambigüedades, legitima el gatillo fácil como política de Estado". En diálogo con El Destape, María del Carmen Verdú, referente de la organización, remarcó: "Es la Doctrina Chocobar 2.0".
En el texto difundido a los medios, ampliaron que esta metodología está, además, "recargada y remasterizada al máximo". "Si esa norma alcanza vigencia, será directamente imposible intentar una acción penal contra el funcionario público que, pese a no estar en peligro ni tener necesidad de defender a un tercero, mate a quien trata de huir sin afectar la vida ni la integridad física de otras personas", expresó la organización, y añadió: "La pretensión del gobierno de Milei y Bullrich es legitimar el gatillo fácil en todos los casos, aun cuando, como dice la pretensa norma, 'no concurran los eximentes', es decir, no haya legítima defensa ni legítimo cumplimento del deber. Lo que pretende el gobierno nacional con esta norma es, ni más ni menos que naturalizar el gatillo fácil, el fusilamiento por la espalda de una persona desarmada".
El diputado nacional del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U) Christian Castillo calificó a esta propuesta como la "legalización del gatillo fácil". En diálogo con El Destape, anticipó cómo imagina que será el tratamiento en el Congreso del proyecto de ley ómnibus y del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el Presidente firmó la semana pasada. "Todo va a depender del nivel de movilización popular que exprese la oposición a lo que son poderes de monarca. Tanto en el caso del DNU donde se atribuye la suma del poder público y elimina al congreso de áreas que sí o sí tienen que pasar por el congreso y en el caso del proyecto de ley lo mismo, se pide una emergencia para gobernar él desde el ejecutivo borrando al congreso durante cuatro años", dijo y agregó: "Creo que hay muchos afectados y que va a generar un gran rechazo, incluso entre gente que lo había votado".
La diputada Romina Del Plá se sumó a los repudios que hizo su compañero de bancada. En diálogo con este medio, manifestó: "Lo que esta gente pretende hacer es una ley ómnibus tan inconstitucional como el decreto. Donde mezcla todo tipo de temas a ver qué es lo que pasa escondido. Mientras uno se está preocupando por alguna cosa, te meten otras 10. Entonces uno se preocupa por el ataque a los jubilados y te meten esta profundización completamente arbitraria del Código Penal para prohibir prácticamente ya no el derecho a la protesta, el derecho a manifestarse contra cualquier medida".
También habló con El Destape el legislador porteño del FIT-U Gabriel Solano, quien manifestó: "La modificación del código penal va a una línea claramente represiva. Por un lado, busca legalizar lo que se llamó la doctrina Chocobar, que un policía mata por la espalda a una persona que delinquió cuando ya no estaba en riesgo la vida del policía. Pero con esta modificación, ni siquiera puede haber una demanda contra el policía". Además, subrayó: "Estamos frente a un Estado totalitario".
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El protocolo Bullrich y el caso Chocobar
Hace algunas semanas, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció un protocolo para las movilizaciones, por el cual "las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario Federal", pueden intervenir en casos de cortes de calle. La medida tuvo un amplio repudio por parte de la izquierda argentina y de los organismos de derechos humanos, que realizaron una audiencia pública en la Cámara de Diputados para repudiarla.
En 2017, cuando Bullrich también era ministra de Seguridad pero del gobierno de Mauricio Macri, sucedió el recordado "Caso Chocobar". En ese momento, el policía bonaerense Luis Chocobar asesinó a balazos por la espalda a un delincuente que había apuñalado a un turista. Durante el macrismo, Bullrich se reunió con Chocobar para reivindicar su accionar y, este año, el hombre la acompañó al segundo debate presidencial cuando era candidata.
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