Esta semana, luego de un año en el que lxs docentes tuvieron que dictar clases de manera virtual, comenzó el regreso a las aulas en algunos niveles de la ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Santiago del Estero y Jujuy. La provincia de Buenos Aires hará lo suyo propio la semana que viene al igual que el resto de las provincias.
Al principio, la medida estuvo motorizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en consonancia con el reclamo de buena parte de algunos sectores. Pero en diciembre contó también con el aval del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y del ministro de Educación Nacional, Nicolás Trotta. En la última reunión del Consejo Federal de Educación, en la que participaron los ministros de las 24 jurisdicciones del país, se aprobó el protocolo marco a nivel nacional.
Si bien desde el Gobierno de la Ciudad se mostraron contentos y exultantes, este regreso se enfrenta con realidades muy dispares y con un contexto cargado de incertidumbre dado que, para la mayoría de lxs docentes y alumnxs, los protocolos enviados por las autoridades son muy difíciles de cumplir, salvo raras excepciones.
Desde la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), remarcaron que el regreso estuvo marcado por la desorganización, las aglomeraciones que se repitieron en numerosas escuelas de la Ciudad, y la falta de insumos para hacer frente a la pandemia en los edificios escolares. Además, señalaron que ya son 61 lxs docentes contagiados en las escuelas, entendiendo que lxs maestrxs asisten desde el 8 de febrero. Desde el gremio también aseguraron que muchas escuelas de la Ciudad que no pudieron comenzar debido a temas de infraestructura , falta de agua y aislamiento de personal docente por sospecha de casos de Covid.
Carolina Musacchio es docente de una escuela de gestión privada del barrio de Congreso, cuya estructura permite responder en gran medida a los protocolos. “Me encontré con un equipo de gestión que, con mucho esfuerzo, trató de hacer la mejor versión posible del protocolo que envió el Gobierno de la Ciudad, que es casi impracticable. La idea es ‘hoy por hoy vamos a hacer esto pero tal vez tengamos que cambiar las decisiones que hoy estamos tomando’. Es un mensaje entendible en este contexto, porque a veces se olvida que estamos en pandemia. Hay discursos que tienden a negar las condiciones en las que estamos, tomando decisiones las escuelas y los equipos de gestión”, afirmó en diálogo con El Destape.
Por el contrario, en la escuela estatal que trabaja Anahí, en el barrio porteño de Constitución es de los que por ahora no retornó de manera presencial, debido a que no están dadas las condiciones edilicias: “No podemos volver con o sin pandemia”, aseguró. Sin embargo, resaltó las presiones que existen para volver a la presencialidad.
“A los docentes nos conviene ir al aula. Es así. El trabajo frente a las pantallas es agotador y es trabajar el doble porque a los chicos que no les garantizan la conectividad hay que llevarles los cuadernillos, corregir papel y virtual, más todo lo que nos llega a través de mails y What’s up”, describió.
En ese sentido, para Musacchio, lo que salió a la luz es la desigualdad de oportunidades y de condiciones que tiene el sistema educativo en general y también en la Ciudad de Buenos Aires. “La educación nunca fue una prioridad en la gestión. Lo es este año por marketing político”, agregó.
“El regreso a la presencialidad está atravesado por las presiones del Gobierno porteño.
Se fue construyendo el regreso a clases con una narrativa épica, pero la verdad es que no se trabajó para sea cuidado ni para evitar que se reforzaran las desigualdades. Al contrario, se ven claramente las desigualdades educativas y pedagógicas”, sintetizó.
Otro de los temas que más alarma a la comunidad educativa tiene que ver con que no existió una regulación para docentes mayores de 60 años. Además, hay que tener en cuenta que aquellas familias que decidan, por miedo o por elección, no mandar a sus hijxs de manera presencial, corren el riesgo de perder la vacante.
Manuel Becerra, docente de una escuela secundaria estatal, calificó de “extorsiva” esta medida y opinó que habría que tener “especial contemplación”, teniendo en cuenta lo difícil que es conseguir una vacante, en un contexto de pandemia.
“Nos encontramos con la escuela igual a marzo del año pasado, sin una sola obra y con insumos insuficientes. Con mucha locura y angustia para la logística que hay que armar para generar un esquema bimodal y sin apoyo ni asesoramiento del ministerio”, añadió.
Y continuó: “Si bien es cierto que había que ir a otro formato diferente al de 2020, creo que no están dadas las condiciones para la vuelta a la presencialidad. Me da la impresión que es por la fuerte presión de un sector de la sociedad y con un mensaje subliminal de que la pandemia terminó”.
“El caso de CABA es una estrategia bastante esquizofrénica. En los medios dicen una cosa y después a nosotros nos bajan otra. Hay una confusión en la comunicación a propósito. Ahora que tenemos que tomar decisiones que nunca antes habíamos tomado y sin respaldo. Nos tiraron el protocolo para que nos arreglemos nosotros con las familias y las familias nos putean a nosotros. Eso es muy duro y es una soledad muy fuerte que se siente”, sintetizó el docente.
Lucrecia Raimondi es docente de una escuela secundaria de gestión estatal en Capital que es una de las pocas donde se logró elaborar un esquema de semi presencialidad. Esto se debe a que la conducción de la escuela consideró que el establecimiento no se encuentra en condiciones de recibir a todxs lxs alumnxs ni cuenta con los elementos de higiene indispensable que indican los protocolos.
“Para el 5 de marzo, que es cuando tendríamos que volver todxs, estamos organizando desde la comunidad educativa un comité de revisión y seguimiento de las condiciones edilicias de la escuela para determinar en qué condiciones reales se encuentra la escuela”. Este comité está conformado por delegadas de la escuela, auxiliares, familiares, la asociación cooperadora y el centro de estudiantes.
“El problema es que, de continuar con una modalidad semi presencial o virtual por completo, todas las computadoras de Conectar Igualdad se encuentran bloqueadas. Necesitamos que esas computadoras vuelvan a estar activas porque si no se les está negando el derecho a los pibes de poder acceder a su educación”, destacó la docente.
Adriana Migliorisi, docente de escuela secundaria y nivel superior en Villa Gesell, contó que si bien en Provincia aún no comenzaron las clases, cree que será muy difícil llevar adelante los protocolos con los grupos más pequeños.
“Nosotros tenemos una escuela que históricamente tuvo una impronta de un lazo afectuoso, de contención, de acompañamiento y cercanía. A los chicxs no se los puede culpar si de golpe se olvidan y comparten el chupetín o si se dan un abrazo. Podemos tener bien claros los protocolos, transmitirlos, hacer tomar conciencia a las familias, pero los chicos son chicos”, enfatizó.
“Hay una necesidad de los chicos y chicas respecto de la presencialidad. Eso lo sabemos. Pero no nos olvidemos de que se están tomando decisiones en un marco de pandemia que si algo nos trajo, además de lamentables pérdidas, fue mucha incertidumbre”, añadió.
Migliorisi puso el foco también en la falta de inversión en educación durante los últimos cinco años, al igual que un desmerecimiento total a los reclamos. “Se cortó un programa tan valioso y necesario como lo fue la entrega de notebooks. Se juzgan demasiado algunas decisiones pero no se puede hacer una critica sin tener en cuenta de dónde veníamos y que nos rodea una pandemia”.
En esa misma línea, Anabella Chipporone, docente de primer grado de la escuela Nª15 de Parque Chacabuco, sostuvo que los docentes, además del tapaboca, utilizan una máscara que impide que salga el bien el sonido. “Por momentos el panorama es angustiante porque ni ellos nos escuchan ni nosotros a ellos”, dijo.
“Todos queremos volver a la presencialidad. Nosotros somos trabajadores de la educación. Somos un nexo entre el Estado y las familias. Quienes tienen que garantizar que todos los niños de la Ciudad reciban educación, que es un derecho, es el Gobierno de la Ciudad, no los docentes”, concluyó.
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