La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó un habeas corpus preventivo y colectivo para que se retire la presencia de la Policía Metropolitana de la puerta de los establecimientos educativos con protestas estudiantiles en la Ciudad de Buenos Aires. En la presentación, consideran que las y los jóvenes "no pueden ser imputados de ninguna contravención" y que, además, "se encuentran ejerciendo sus derechos".
La Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de dicha secretaría intervino luego que se conocieran las denuncias contra madres, padres y alumnas/os que ingresaron a través del Centro de Denuncias de Violencia Institucional. "Lo que se denuncia es la amenaza a la libertad personal que implica la presencia policial en la puerta de los establecimientos educativos cuyos estudiantes se encuentran en jornadas de protestas por diferentes reclamos no respondidos por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", sostienen en un texto.
Al mismo tiempo, denuncian que los efectivos de la policía -además de verificar quiénes ingresan o salen de los colegios- sacan fotos a estudiantes, graban videos y les piden información personal. Frente a esto, la Secretaría de Derechos Humanos sostiene que "no puede pasar por alto" que la mayoría de las y los estudiantes son menores de edad, por lo que "no pueden ser detenidas/os ni imputados por supuestas contravenciones".
Por otra parte, con respecto al accionar y a la presencia policial en los establecimientos educativos, denuncian que "persigue un efecto intimidatorio y amenazante" para que los y las estudiantes cesen con el ejercicio del derecho de petición a las autoridades. Mientras que, a su vez, señalaron el accionar de la fiscal María Laura Presedo -quien notificó la causa a familiares, con policías en sus domicilios particulares-.
"El más elemental principio de legalidad impide sancionar o tan solo imputar a padres ‘que no retiran a sus hijos’, como se pretende hacer en la causa a su cargo, según las copias de las notificaciones remitidas a esta Dirección Nacional por los propios padres afectados", explican Y subrayan: "Respecto a la conducta desplegada por los/as estudiantes, las mismas tampoco resultan punibles por ser éstos/as menores de 18 años y estar actuando en el legítimo ejercicio de un derecho, autoridad o cargo (cfr. Art. 11 del Código Contravencional)". Frente a esto, la SDH remarca que la causa es "carente de sustento jurídico" y que "pareciera tener como único objetivo causar miedo y disciplinar a padres y alumnos/as".
Para cerrar, Horacio Pietragalla Corti, titular de la secretaría, lanzó: "Desde la Secretaría de Derechos Humanos asistimos e incentivamos constantemente a las y los jóvenes de los colegios secundarios a que se organicen en función de la ley nacional de centros de estudiantes. Evidentemente, así como nosotros queremos pibes y pibas organizados para exigir por sus derechos, el Gobierno de la Ciudad busca estudiantes sumisos que no se organicen y no reclamen por una educación mejor".
Denuncian al Gobierno de Larreta por la toma de escuelas
La diputada nacional del Frente de Todos (FdT) por CABA, Mara Brawer, denunció este jueves a las autoridades del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta ante la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes por las demandas penales contra las familias de las y los alumnos que tomaron a las diferentes escuelas de la Ciudad de Buenos Aires.
En la denuncia, se advierte sobre el avance del Ministerio de Educación porteño, a cargo de Soledad Acuña, sobre los derechos y libertades fundamentales de los más chicos. "Educar a las nuevas generaciones implica necesariamente enseñarles a ser protagonistas de la vida democrática de su país. A participar, a debatir ideas y a defender los derechos se aprende; las escuelas tienen la obligación de constituirse en el espacio de concreción de esos procesos de aprendizaje", manifestó.
Frente a la solución a este tipo de situaciones, Brawer señaló: "Todo conflicto producido en la escuela debe ser abordado pedagógicamente y convertido en un hecho educativo que brinde a las y los estudiantes herramientas para vivir en una sociedad democrática". La denuncia fue acompañada por el senador Mariano Recalde y por los diputados Leandro Santoro, Carlos Heller, Paula Penacca, Gisela Marziotta, Itaí Hagman y Eduardo Valdés.
Con respecto al accionar de las autoridades porteñas, expresan que "no existe voluntad de verdadero diálogo ni esfuerzo de escucha; es decir, ninguna intención de resolver colaborativamente el conflicto". Además señalan que en 15 años de gobierno "es sorprendente que no se haya conformado ninguna herramienta desde el Ministerio de Educación porteño para intervenir en las tomas y escuchar a las y los estudiantes y la comunidad educativa" y que las formas del ministerio de Educación constituyen un grave antecedente, ya que "propone limitar de forma arbitraria derechos fundamentales de las y los estudiantes".
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