Preparan la primera cumbre mundial para erradicar la violencia contra los chicos

La letra con sangre entra. Con mis hijos hago lo que quiero. Así me educaron, a correazo limpio. Éstas y otras ideas similares orientaban hasta no hace tanto la educación de los chicos. El castigo corporal era una tradición en gran parte del mundo. En escuelas británicas, por ejemplo, incluso en las de la alta burguesía, como Eton, fundada en 1440, era la norma. Y las familias consideraban “natural” recurrir a golpes con la mano e incluso con objetos, empujones, pellizcos, tirones de pelo o de las orejas para disciplinar a los chicos. 

Aunque hoy la mayoría de los padres manifiestan que no se deben emplear castigos físicos ni psicológicos, según la última encuesta de Unicef realizada en 2019 y 2020, el 59% de los hogares utiliza métodos de crianza violenta como agresiones verbales y castigo físico (el 52% agresión psicológica, el 35% agresión física y el 7% agresión física severa). Entre las infancias y adolescencias con discapacidad, la utilización de estos métodos de crianza violentos asciende al 72%. 

“Esto quiere decir que 6 de cada 10 chicas y chicos son criados con prácticas violentas, como gritos, humillaciones y castigos físicos –dice el informe–. El 35,4% de las niñas, niños y adolescentes de 1 a 14 años sufre violencia física naturalizada como método de crianza, un 6,6% víctima de violencia física severa”. La violencia psicológica es la más recurrente en casi el 52% de los de hasta 14 años. El grupo que más la padece (66%) tiene entre 5 y 9 años, y los de 3 a 4 son los que más sufren violencia física.  En cuanto a la violencia física severa, los que más la sufren son los de 5 a 14. (Fuente: “Encuesta nacional de niñas, niños y adolescentes”, Unicef Argentina). El 40% de las y los adolescentes consultados atravesaron su primer hecho violento entre los seis y los 13 años; siete de cada 10 habían sufrido maltrato por parte de personas de su círculo íntimo.

En el fascículo “Violencia Contra Niñas, Niños y Adolescentes: Un análisis de los datos del Programa las Víctimas contra las Violencias 2020-2021”, elaborado también por Unicef en conjunto con el Ministerio de Justicia, se consigna que entre octubre de 2020 y septiembre de 2021 fueron atendidas 3.219 niñas, niños o adolescentes víctimas de violencia sexual y 6.770 por violencia familiar.

Para impulsar en la agenda de los gobiernos la prevención de este flagelo, en noviembre se realizará en Colombia la primera cumbre ministerial sobre la violencia contra los niños. “Hoy, más de la mitad de los niñas, niños y adolescentes en el mundo la sufren; cada año son unos mil millones –afirma Etienne Krug, director de Enfermedades No Transmisibles de la OMS–. Es un problema que tiene importantes consecuencias sobre la salud. Sabemos que las víctimas de violencia durante su infancia tienen mayor probabilidad de padecer trastornos mentales, de fumar, de incurrir en el consumo excesivo de alcohol y drogas, todos factores de riesgo de enfermedades crónicas. También tienen más riesgo de infecciones sexuales, de embarazos no deseados… De modo que es un problema de salud pública y mucho mayor de lo que pensamos. Pero tenemos respuestas. Hay estrategias para prevenir la violencia contra los niños y adolescentes; entre otras, la legislación, introducir cambios para que se prohíba el castigo corporal, el bullying en las escuelas y online, y otros”. 

Según Krug, la violencia contra los niños todavía es muy tolerada en nuestra sociedad. “Está en nuestras comunidades, en las familias, a veces en las películas, en los juegos y videos. No podemos aceptarla –destaca–. Hay que mejorar los servicios a las víctimas para reducir el impacto mental y físico, pero también porque sabemos que las víctimas de violencia, cuando crecen, pueden reproducir esas conductas. Hay que trabajar con los padres y cortar ese círculo. Tenemos que apoyarlos, especialmente en familias desfavorecidas, monoparentales”. 

Dado que la eliminación de toda forma de violencia contra los niños figura en las Metas de Desarrollo Sostenible 2030, están en marcha esfuerzos de muchos países, pero el avance es lento. Eso es lo que inspiró la primera Cumbre Mundial de Ministros para Atacar la Violencia contra los Niños, que están preparando el gobierno de Colombia, la Organización Mundial de la Salud, el gobierno sueco y la Unicef. “Esperamos que sea un impulso para compartir éxitos y acelerar la implementación de políticas”, dice Krug. 

La violencia contra los chicos y adolescentes se da en todos los niveles socioeconómicos, en los países ricos, los de ingresos medianos y los pobres, y tanto en familias pudientes como vulnerables. Afecta el desarrollo cognitivo, la autoestima y altera las relaciones interpersonales. Los casos extremos pueden dañar la salud física y psicológica, y causar o aumentar el riesgo de trastornos del aprendizaje tanto en lo inmediato como en etapas futuras de la vida.

“Hay mucha preocupación entre los especialistas, docentes y organismos que trabajan en este tema, porque los casos de niños afectados por violencia siguen creciendo –dice María Elena Naddeo, presidenta del Organismo de Infancia de la Ciudad entre 2000 y 2007, y actual vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos–. En la Argentina, no hay una registro unificado, pero Unicef hace periódicamente una encuesta de percepción de violencia contra los chicos, tanto de adultos como de los propios niños y adolescentes, y el resultado es muy alto, supera el promedio del 50%. Si además incluimos violencia psicológica, que es la que tiene que ver con los gritos, con no brindar el cariño o la atención suficiente... bueno, el universo se agranda. Se estima que una de cada cinco niñas sufre violencia sexual en su niñez y en parte de su adolescencia, y lo mismo ocurre con uno de cada siete varones. Muchos casos no llegan a la justicia, que [en lugar de ser una solución] es otro problema. Porque las madres que se animan a denunciar abuso sexual hacia sus hijos muchas veces son malinterpretadas, se las acusa de histéricas, de  manipular a sus niñas para que denuncien a los progenitores. Entonces, la denuncia en sede judicial es muy complicada, puede volverse en contra. Eso atemoriza. Los procesos pueden llevar 5, 6, 8 o 10 años en resolverse. Hay que acompañar a esa víctima y a esa madre. Es una enorme deuda del Poder Judicial. Tiene que ser más ágil, más transparente”. 

Sara Barni, recibida de abogada hace dos meses, lo vivió en primera persona y a partir de su experiencia creó la ONG Redviva, que ya acompañó a transitar una situación similar a más de 1200 madres. “A los 14 años –recuerda–, mi hija me cuenta de una situación de abuso por parte de mi marido. Cuando te pasa algo así, sentís terror, porque te decís que no puede ser verdad lo que está pasando. No desconfias de tu hija, pero decís ‘¿Yo dónde estaba, cómo pasó esto durante años y no me di cuenta?’”. 

Sara sospechó de que algo estaba ocurriendo porque había comportamientos de la joven que “no le cerraban”: primero, depresión, después ataques de epilepsia sin correlato médico. “Decidí llevarla a una psicóloga, empecé a investigar y finalmente ella logra contarme que estaba siendo abusada por el que era en ese momento mi marido –recuerda–. Fuimos a la policía y empezamos a transitar la ruta crítica de quien hace una denuncia de violencia. Vos pensás que lo denuncias y el tipo va preso, pero ahí me enteré de que no era tan sencillo. En mi caso, él había sido el primer bombero en entrar a Cromagnon, casi un héroe nacional. Aparte, era policía, estaba armado, era violento. Fue muy difícil, tuve miedo de que volviera a mi casa y rompiera todo”. Aunque tenía una vida desahogada, con departamento y varios autos, Sara debió desprenderse de todos sus bienes para pagar los costos del juicio.

Barni coincide en que la violencia está extendida y naturalizada: “[Las personas que ejercen violencia sobre chicos se excusan en que lo hacen por su bien] –dice–. ‘Mi mamá me dio un correctivo y con eso mejoré’. Pero uno es la figura más importante en su vida y entonces todo lo que descarga, las frustraciones, la inexperiencia (a veces no se hace por maldad, sino porque es lo que se recibió) termina haciéndoles creer que ellos tienen la culpa, que no sirven para nada y los va dañando”. 

No todos los casos son tan ostensibles como los de abuso sexual. Los más extendidos son el grito, la cachetada y el tirón de pelo, que a veces se justifican por tradición: “A mí me criaron así”. 

La violencia simbólica o psicológica puede incluir desde abandono y negligencia, hasta desnutrición. “Muchos piensan que es positivo ejercer reprimendas que incluyan algún tipo de golpe para modificar las conductas de un niño –dice Naddeo–. Uno se encuentra con situaciones de orfandad afectiva que impresionan, porque ante la pregunta de si le festejan el cumpleaños al niño, en las encuestas de Unicef hay un porcentaje muy alto que contesta que no. En el Hospital Gutiérrez, la Casa Cuna, el Elizalde y en la Dirección de Niñez de la Ciudad, hay equipos especializados en violencia que están colapsados. Cuesta conseguir turnos para el diagnóstico y luego para los tratamientos, porque si con suerte se logra separar al violento del grupo familiar y proteger a las víctimas, después hay que procurar atención en salud mental tanto para la víctima directa, como para la madre o el familiar que acompaña a esa criatura”. 

Entre las secuelas que pueden dejar los comportamientos violentos está la baja autoestima, que se puede traducir en apartamiento, en marginalidad, en no integración a la vida social y también en la reproducción de respuestas violentas. “El trauma que deja la violencia en la infancia lo conocemos por la psicología clínica de adultos que logran reconstruir lo que les pasa, lo que les duele, y se reconcilian un poco con la vida a partir de la terapia –afirma Naddeo–. Pero para eso hay que tener equipos terapéuticos muy entrenados. Necesitamos ampliar los consultorios externos de salud mental infantil y adolescente en todos los hospitales, en los centros de salud, apoyar a las organizaciones de la sociedad civil que brindan este servicio. Es una política pública que está estancada hace tiempo y hay que ampliarla”. 

En los últimos años se trabajó para tener un solo número telefónico para denuncias de maltrato o violencia contra los chicos, la línea 102, un servicio gratuito y confidencial de atención especializada en los derechos de niñas, niños y adolescentes. Cubre todo el país, pero cada provincia atiende en su territorio y establece las derivaciones. La estadística nacional de consultas estaba en manos de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia, de destino incierto ahora que pasó al área del Ministerio de Capital Humano.