Suele decirse que el campo es el motor económico de la Argentina desde el Siglo XIX. Es uno de los pilares de su mercado interno y externo, y se destaca por su alto desarrollo tecnológico. Uso de drones e información satelital, secuenciación y modificación genética para la creación de variedades resistentes y para la mejora de la ganadería, manejo de la tierra para producir en forma eficiente y sustentable, trazabilidad… Todo eso y más le permitió al país convertirse en uno de los principales productores de alimentos del mundo. Y fue gracias en gran parte a la tarea de técnicos e investigadores del INTA, un organismo autárquico que, cerca de cumplir 70 años, está presente en todo el territorio nacional.
Sin embargo, el nuevo presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, nombrado tras la renuncia de Juan Cruz Molina Hafford (por diferencias con las directivas del gobierno nacional), parecería dispuesto a reducirlo a su mínima expresión. Distintos documentos que trascendieron en los últimos días acrecentaron la incertidumbre entre sus integrantes, que enfrentan el fin de año con enorme preocupación por las medidas que se están tomando en medio de una falta total de transparencia.
“Nos vamos enterando de todo por filtraciones –comenta un destacado científico off the record–. Por ejemplo, una presentación que hizo como propuesta de gestión el nuevo presidente el último viernes. Está basada en el ajuste de personal, de gastos y de infraestructura. Fuera de eso, hay otros planteos un poco ‘cosméticos’ o ‘de marketing’, como incentivar más los acuerdos con el mundo privado”.
De acuerdo con los documentos que circulan entre los investigadores, y que ya publicó el sitio Bichos de Campo, dedicado a todo lo que tenga que ver con la vida productiva en ese sector, el plan para el cortísimo y mediano plazo incluye “la reducción inmediata de más de mil puestos de trabajo, la venta de tierras y edificios, y un fuerte ajuste de gastos en viáticos y combustibles”.
El INTA posee en la actualidad 6466 agentes; 301 participaron en el programa de retiro voluntario y 302 son empleados mayores de 65 años (de los cuales 149 ya fueron intimados a jubilarse). Pero además, proponen “no renovar 227 contratos de personal ingresado en 2023 y revisar acuerdos de otros trabajadores bajo regímenes específicos como becarios y contratados externos”.
Dentro de ese grupo estaría incluida una parte importante del personal que pertenece a la ‘Planta No Permanente’. Son 854 personas que ingresaron por concurso, pero a las que el organismo tiene la potestad de no renovarles el contrato mediante una simple resolución interna. De todo esto se deduce que en las próximas semanas el INTA podría perder a más de 1000 de sus agentes, uno de cada seis.
“Lo vergonzoso de todo esto es que nosotros nos enteramos por filtraciones, porque no hay ninguna comunicación oficial desde la asunción del presidente actual –comentan desde la institución–. Somos 6500 empleados que no recibimos ninguna información de cuál es la propuesta de esta presidencia, qué es lo que se quiere hacer… Tenemos que reconstruirlo a partir de lo que se va comentando. Hasta que nos llegue un correo electrónico con las novedades, como pasó con los retiros voluntarios. Y lo peor es que si la Secretaría de Economía ve que esto no se implementa, puede intervenir, lo que sería una muy mala noticia, porque se supone que el INTA tiene autonomía”.
Entre las medidas que surgen de la minuta de una reunión que está circulando, figura que las oportunidades de ahorro incluyen también una “evaluación del uso de 2600 vehículos y la alta inversión en combustible”, “de líneas telefónicas y servicios de limpieza”.
Pero tal vez lo más grave es que “se analiza la posibilidad de capitalizar tierras no productivas”; en otras palabras, vender o arrendar decenas de miles de hectáreas. Según explica Matías Longoni en Bichos de Campo, esto significa poner “a diponibilidad” de la Administradora de Bienes del Estado (AABE) un total de 27 mil hectáreas (1,3 veces el tamaño de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), en más de 20 estaciones experimentales de todo el país, de aquí a 2027.
"En todos los casos (…) la plata obtenida no quedará dentro del INTA para cubrir gastos de funcionamiento (hoy existen cooperadoras que utilizan los fondos recaudados para el mantenimiento de las experimentales) sino que será absorbida directamente por el Tesoro Nacional –escribe Longoni–. La AABE ya puso a prueba la resistencia de la comunidad al avanzar en la venta de un campo del INTA Cerrillos (Salta) y del histórico edificio de Cerviño 3101, en CABA. Pero su plan es mucho más ambicioso y en una primera etapa involucra 22 campos experimentales, que ya fueron mensurados y puestos a consideración de las autoridades”. Se propone su subasta pública durante 2025.
“Da mucha impotencia la oscuridad y el hermetismo con los que se procede –destacan en el organismo–. Y esto se suma, por supuesto, a todos los otros problemas que tenemos, que compartimos con el sector académico. Nosotros también estamos sufriendo la parálisis de la Agencia de Innovación y Desarrollo, nuestras unidades ejecutoras de Conicet tampoco están recibiendo fondos, no se están efectivizando los ingresos a carrera, las becas se están reduciendo. Es vergonzoso terminar el año así. Estamos constantemente viendo cómo generar conocimiento, proyectos… pero el ambiente es terrible. Es una de las épocas más difíciles que viví por la incertidumbre de no saber qué va a pasar, qué fondos nos van a dar, si vamos a poder trabajar… Si intento pensar en mi próximo experimento, tengo que ver cómo hacer para financiar la compra de los plásticos del laboratorio. Es terrible. Y por supuesto, también está el hecho de que empiezan a ser mucho más tentadoras las propuestas de irse al exterior. Es muy triste”.
Ahora, el Consejo Directivo Nacional, integrado por representantes del sector industrial, académico y productivo, deberá aceptar la propuesta de Bronzovich e implementarla.
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