Daniel Filmus está poniendo en orden sus papeles y completando trámites. Cuando esta semana deje de ser Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, volverá al Conicet, donde estudia temas relacionados con trabajo y educación, y a la docencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.
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A pesar de las estrecheces económicas y de los múltiples aspectos por mejorar, está satisfecho con lo realizado en los últimos cuatros años, tanto por su antecesor, Roberto Salvarezza, como por lo que le tocó a él, pero comparte la preocupación por lo que vendrá, ya que faltando tres días para el cambio de gobierno, se anunció que el ministerio dejará de existir y el área de ciencia todavía no tiene un lugar asignado en el organigrama.
Aunque lo visitó un referente de La Libertad Avanza, Alejandro Cosentino, con el que tuvo una conversación muy cordial, comenta que: “No nos dieron precisiones. Están estudiando cuál es la conformación del Estado. Yo creo que hay que estar muy atentos a dos de los proyectos de ley que se van a presentar: la ley de ministerios, para saber cómo queda la estructura, en qué lugar se ubica la ciencia, y la de presupuesto”.
El presupuesto del gobierno saliente, enviado al Congreso antes del inicio de la campaña electoral, incorporó una inversión del 0,39% del PBI para ciencia y tecnología; es decir, lo que dispone para 2024 la Ley de Financiamiento de la Ciencia. “Este año, a pesar de la situación económica difícil, vamos a estar muy cerca de haber cumplido con lo que proponía la ley, no sabemos la cifra definitiva exacta porque dependerá de cuánto sea el número de inflación y el PBI. Pero ejecutamos casi el 100% del presupuesto por tercer año consecutivo y eso nos lleva a que toda la función de ciencia y técnica, no solo el ministerio, esté en un volumen muy importante”.
–¿Quién administraría fondos para la investigación si, como se anuncia, desaparece el ministerio?
–Nosotros funcionamos conduciendo dos organismos. Uno es el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología (Cofecyt), integrado por los ministros o altas autoridades de todas las provincias, y el otro es el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Tecnología (Cicyt), que se reúne todos los meses e incorpora 17 organismos que van desde la CNEA, hasta el INTA, el INTI, el Instituto Geográfico, el Instituto Antártico Argentino… que están en siete ministerios diferentes, desde la Cancillería a Ambiente, pasando por Economía, Agricultura, Defensa... El presupuesto lo pelea nuestro ministerio, pero es para todo el sistema científico-tecnológico, y esos recursos también se vuelcan en todo el sistema, porque a partir de la Ley de Financiamiento se abrió una línea especial (el “programa 48” de Federalización de la Ciencia), que a través del “Construir Ciencia” y del “Equipar” asiste a todos los organismos de ciencia del país; entre ellos, todas las universidades. Por ejemplo, en el Cicyt ayer se definió que el Instituto Meteorológico Nacional, que depende del Ministerio de Defensa, iba a incorporar [la supercomputadora] Clementina II, que prestará servicios a todo el sistema científico-tecnológico. El Ministerio no tiene organismos propios, salvo los descentralizados: la Agencia I+D+I, el Conicet, la Conae y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Y dos fundaciones: la Fundación Sadosky y la de Nanotecnología (FAN).
–¿Se puede derogar con un DNU la ley de financiamiento, promulgada por unanimidad (con dos abstenciones en Diputados)?
–No, aunque, por supuesto, puede no cumplirse. De hecho, la Ley de Financiamiento de la Educación, que votamos también por unanimidad en 2006, cuando me tocaba ser ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, disponía llegar a una inversión del 6% del PBI y [esa proporción] cayó durante el gobierno de [Mauricio] Macri al 4,8%. Es muy fuerte lo que estamos leyendo en estos días, que el presupuesto educativo para el año que viene va a caer del 6% al 5,3%. Implica que justamente la inversión más importante que tiene que hacer el país, que es en educación, en ciencia y en tecnología, empieza a ser golpeada. En todo caso, si se restringe la inversión en ciencia y tecnología no será porque es necesario ajustar, ya que lo que va a esta área es muy poco del PBI. Estamos hablando del 0,39%… Eso permite tener ciencia y tecnología propias, ir hacia un modelo de desarrollo basado en la capacidad de agregar valor a la materia prima, tener soberanía, capacidad para resolver los problemas de nuestra gente, cambiar la matriz de exportación. No es una cifra sustantiva. Si se restringe el presupuesto de ciencia y tecnología es porque hay una mirada hacia otro modelo de país, primario, como cuando nos mandaron a los científicos a lavar los platos. Estaba claro qué papel se esperaba de la ciencia y la tecnología en ese momento, donde se restringió muchísimo el ingreso al Conicet. En este caso, insisto en que cuando veamos el presupuesto nos daremos cuenta.
–¿Qué trascendencia tiene, además de la simbólica, la desaparición del Ministerio?
–Es una definición respecto de quienes están sentados en la mesa para discutir los grandes temas nacionales. El Ministerio es parte de una concepción que coloca la ciencia y la tecnología al mismo nivel que otras áreas. Los países que nosotros admiramos y que alcanzaron altos niveles de desarrollo, con los cuales estuvimos en importantes reuniones internacionales como el G-20, por ejemplo, todos tienen Ministerio de Ciencia y Tecnología, y una enorme inversión pública en educación, ciencia y tecnología. No se puede querer ser como esos países y no hacer lo que ellos hacen. Lo que está por detrás es que vamos a hacer lo que esos países quieren que hagamos nosotros, que es depender de su ciencia y su tecnología. La Argentina es un país que se puede sentar hoy en la mesa chica de la discusión espacial, de la situación oceánica, de la biotecnología mundial, de la energía atómica… en todos esos lugares estamos llamados a participar y discutir sobre problemáticas que está enfrentando la humanidad en este momento. Y hay que decirlo, hay una admiración muy grande por la ciencia argentina. Hemos tenido logros importantísimos durante estos años que muestran que cuando hay mayor inversión y cuando hay políticas de Estado, uno puede tener un aporte mucho más importante de la ciencia al desarrollo.
–¿Qué impacto tendrá en las colaboraciones internacionales de nuestros investigadores decisiones como no ingresar a los BRICS, o la negativa a mantener relaciones fluidas con países como China o la India, dos grandes potencias científicas?
–La colaboración horizontal entre científicos va a existir porque es independiente de la voluntad de los gobiernos, lo que probablemente no va a haber es financiamiento para sostenerla. Fui a inaugurar [un reactor para producir radioisótopos] de Invap que se vendió a la India por 35 millones de dólares. Fui a Corea, estuvimos negociando con China, que también quiere comprar tecnología de Invap. Desde que cambió el gobierno en Brasil, nunca habíamos avanzado tanto en colaboración en energía atómica, en biotecnología, como con la nueva ministra Luciana Santos. Existe una enorme posibilidad de cooperación con Sudáfrica por los temas oceánicos comunes entre ambos países. Todo eso se hace aún sin haber entrado a los BRICS, y va a seguir porque nuestros científicos tienen excelentes relaciones. En estos años, lanzamos proyectos comunes con la India, China, Israel, Francia… Solo para cinco proyectos que financiamos con la India se presentaron 97 grupos. También colaboramos con Cuba, con Brasil… Tuvimos que transformar el Centro Argentino Brasileño de Biotecnología en Centro Latinoamericano, porque Uruguay, Paraguay, Perú y Colombia pidieron incorporarse. Hay una capacidad de interacción con otros países, especialmente en vías de desarrollo, que es enorme.
–Algunos opinan que el país no debería incursionar en temas que ya tienen protagonistas muy dominantes, como las celdas y baterías de litio. ¿Qué opina?
–Que tiene sentido desarrollar tecnologías propias y dominarlas, porque luego podemos aplicarlas en otras áreas. Nosotros no solo estamos desarrollando tecnología para producir celdas de litio, sino que nuestro centro de investigación del Conicet en Palpalá está trabajando en desarrollar métodos no evaporíticos para la extracción, que no dañen el ambiente, algo que es muy territorial y hay que trabajar con las comunidades locales, no se puede hacer en otros lugares. Además, aunque por economía de escala es muy difícil competir con las empresas que dominan el mercado mundial, pueden venir a producir acá. Nosotros estuvimos con varias en la India, en Corea y en China discutiendo esa posibilidad. Muchas veces hay que desarrollar tecnología para saber qué hay que comprar o cómo transferir esos avances a otros desarrollos de transición energética. La Argentina tiene un capital en ese tema que la hace atractiva para muchos países. Acá estuvieron alemanes, franceses, coreanos, japoneses pensando en cómo colaborar con nosotros, porque aunque ellos tengan más desarrollo, tienen que hacerlo con actores locales.
–Durante los últimos años se pusieron en marcha o se retomaron grandes proyectos que están muy avanzados; algunos, a punto de terminarse, como el nuevo reactor multipropósito RA-10, en Ezeiza, el Carem, la central nuclear de baja potencia concebida con un diseño revolucionario, el lanzador Tronador. ¿Los cambios que se insinúan los ponen en peligro?
–Nosotros dejamos plasmado por primera vez un plexo normativo que es una plataforma mínima para un desarrollo científico y tecnológico sostenido a lo largo de por lo menos una década. La ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología va a llevar al 1,02% la inversión publica en ciencia para 2032. Pero si uno se fija en los países que más invierten, un parte muy importante corresponde al sector privado. Por eso, esa ley se complementa con otras dos, que son la de nanotecnología y la de economía del conocimiento, y con otras como la del cannabis, que también destinan una porción de la inversión a ciencia y tecnología. Eso podría llevarla al 1,7% del PBI al final de la década. Entonces, si efectivamente pasamos del 0,5 o 0,6% que tenemos hoy (entre inversión pública y privada), al 1,7%, del PBI, ganamos una potencialidad enorme. El riesgo principal es que no se cumplan estas leyes. Fue la Ley del Software, que creamos en 2006, la que permitió la economía del conocimiento. Fue la Ley de Biotecnología, también de 2006, la que hizo que hoy la Argentina sea uno de los diez países del mundo con más empresas de biotecnología. Tenemos 90 empresas que están haciendo nanotecnología para el sector farmacéutico, y sin la FAN, sin el apoyo de organismos públicos como el INTI, el Conicet y la Comisión de Energía Atómica, eso hubiera sido imposible. Por eso, el mayor peligro es que este proceso virtuoso que fue consensuado en el Congreso y que fue aprobado por todas las fuerzas políticas no se mantenga. La forma en que se organice dentro del gobierno se puede discutir. Pero el peligro principal es que no esté el financiamiento y que no se cumplan estas leyes. Tenemos que estar todos muy atentos a cómo se resguardan los organismos de ciencia y tecnología y cómo siguen creciendo, porque tenemos muy pocos investigadores por habitante en relación con los países centrales. Necesitamos muchas más vocaciones científicas.
–Uno de los lemas de campaña fue que todo lo que pueda estar en manos privadas debe estarlo. ¿La ciencia puede privatizarse?
–No, de ninguna manera. No hay ningún país que lo haya hecho. Sí tiene que articularse con el sector privado, por supuesto. Veamos el ejemplo de la pandemia. Hicimos los barbijos, que transferimos a la industria textil. Al principio, la Argentina no tenía forma de detectar el Covid porque no había kits de diagnóstico hasta que nuestras universidades y el Conicet lo desarrollaron. Después, se lo transfirieron a empresas para que lo fabriquen. Nosotros no podemos fabricar barbijos, kits… Los ejemplos son innumerables. El trigo HB4 [tolerante a la sequía], desarrollado en la Universidad Nacional del Litoral por Raquel Chan, del Conicet, que fue patentado y aprobado en muchísimos países… ¡Y la vacuna! Fue inversión pública, pero también privada. Alcanzamos un logro que solo poseen 13 países, y podemos exportarla. De hecho, ya se está evaluando. Fue una iniciativa público-privada con la Fundación Cassará, un laboratorio que creyó y apostó desde el primer día. O sea, los que piensen en un Conicet aislado del sector privado no saben que en estos últimos cuatro años más que duplicamos las empresas de base tecnológica (EBT) en las que participa el organismo. Hace un mes tuvimos una reunión con 400 compañías que trabajan con el sistema científico-tecnológico y vinieron desde Zuccardi, hasta Toyota y Grobocopatel. Estuvieron grandes, medianos y pequeños empresarios que tienen una vinculación estrecha con la ciencia local.
Hace pocos días, cuando [Javier] Milei fue a los Estados Unidos, se reunió con Jake Sullivan, asesor de seguridad de [Joe] Biden, y yo acabo de leer un discurso reciente donde Sullivan explica por qué la principal estrategia de defensa de Estados Unidos es desarrollar ciencia y tecnología. Allí, da algunas ideas de qué hay que hacer: la primera es que la inversión pública es fundamental para la ciencia básica, hasta el punto en que invierten 40 mil millones de dólares en desarrollo de microchips para no depender de Taiwán. También, plantea la importancia de tener salarios competitivos para que los científicos y científicas no se vayan. En los Estados Unidos, hay un estado fuerte que invierte y compite por los recursos humanos. Incluso reconocen que están perdiendo la carrera frente a China. La semana que viene vamos a poder opinar con más propiedad, pero esperemos que el desenlace de esta incertidumbre no sea ni el desguace, ni la desaparición, ni el desfinanciamiento. Esperemos que se recapacite y se reconozca la capacidad de la ciencia de hacer que el país crezca y distribuya mejor la riqueza.
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