En cumplimiento de lo que dispone la nueva Ley 27. 614 de financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (aprobada el 24 de febrero), que establece un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la función ciencia técnica, en 2022 los organismos de esa área verán aumentado su presupuesto: pasarán de recibir el 0,28% del PBI al 0,31%. En términos absolutos, 187.944 millones de pesos para el conjunto de entidades que integran el sistema nacional de ciencia y tecnología. Haciendo la comparación en pesos constantes 2022, todavía por debajo, pero cerca del monto de 2015.
“Lo importante es que se cumple con lo fijado en la ley. Otro aspecto positivo es que, al ser algo pautado y programado, permite hacer planes; por ejemplo, cómo será la incorporación de nuevos investigadores y para qué instituciones. Si se mantiene, ya no será necesario instrumentar soluciones ad hoc –destaca el físico y exdecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, Jorge Aliaga, que todos los años analiza en detalle los fondos destinados al área–. La ‘función ciencia y tecnología’, que abarca más que lo que concierne estrictamente al Ministerio de Ciencia (Mincyt, que incluye dentro de su órbita el Conicet, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación i+D+I y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, además de la Fundación Manuel Sadosky y la Fundación Argentina de Nanotecnología), tiene una suba importante en relación con los presupuestos de 2019 y 2020”.
Entre los organismos también dentro de la órbita de esta esta ley figuran el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que está en el organigrama del Ministerio de Producción, la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), en Energía, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en Agricultura.
Como novedades de este ejercicio, apunta el científico, aparece con presupuesto propio la Agencia I+D+I (organismo 173) y pasa a “ciencia y tecnología” el Servicio Meteorológico Nacional (organismo 452), que previamente estaba asignado a la función “transporte”.
Para realizar comparaciones entre los presupuesto de los distintos años, Aliaga los convirtió en pesos del año 2022 usando los mismos índices con que se elaboró el presupuesto nacional. Así, el aumento más notorio es el asignado al Ministerio de Ciencia y Tecnología, con 23.479 millones de pesos vs 10.514 en 2021 y 3.405 en 2019. “Sobre el PBI estimado para 2022, sube el porcentaje de acuerdo con lo que dice la ley y ese monto se lo asignan al Mincyt porque en su reglamentación la norma estipula que la encargada de ejecutar el fortalecimiento es la cartera de Ciencia. Todavía queda por verse cómo se implementará la distribución, porque tal vez parte del dinero que originalmente está asignada a esa repartición luego se utilice para otros organismos”.
Al Conicet (comparado en pesos constantes a precios de 2022) se le aumenta de 46.353 millones, en 2021, a 57.207, en 2022. “Esa cifra se divide en gastos de personal, servicios no personales (esencialmente, becas) y gastos de funcionamiento –explica Aliaga–. Los subsidios siguen siendo bajos, pero los gastos de funcionamiento, aunque aún por debajo de lo que eran en 2014/2015, casi se duplicaron con respecto a 2018 (4.938 millones de pesos vs. 2.732 millones). La planta de investigadores en 2022 será superior en más del 20% a la de 2015, lo que evidencia el deterioro salarial registrado entre 2016 y 2019”.
El año próximo la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) mantiene valores similares a los de 2021, año en que duplicó los de 2020: 10.872 millones de pesos vs. 4.757 millones.
La CNEA registra el mayor aumento de la última década: 37.842 millones de pesos en 2022 vs. 27.768 millones este año, y el INTA se mantiene en niveles similares a los de los últimos períodos: 23.051 millones vs. 21.535 millones en 2021. El INTI, por su parte, muestra una lenta recuperación: 9.148 millones de pesos vs 8.914 millones este año y 8.578 el año pasado.
“Aunque en relación con el presupuesto 2019 el del año 2022 presenta una importante recuperación de la función ciencia y tecnología, todavía es notorio el deterioro en relación con 2015, fundamentalmente por la pérdida salarial del 30% en toda la Administración Pública Nacional entre 2016 y 2019 –apunta Aliaga. Y enseguida agrega–: “Creo que hay un cambio de paradigma que no es menor: de alguna manera en la gestión pre-2015, el único que crecía era el Conicet y el ministro Barañao no se preocupaba por lo que pasaba en la Conea, el INTA y el INTI, porque no formaban parte de su ministerio. Así, toda la presión de los jóvenes se canalizaba en obtener cargos en el Conicet. Y no está bien que esa sea la única opción. Es mucho más razonable que se incorporen a otros organismos en los que hacen falta. Ahora, se lanzó un programa de articulación con otros ministerios para que ingresen en ellos mil nuevos investigadores. O sea: se incorporan 800 al Conicet y, además, entran otros mil en diferentes lugares. Me parece que ese es el cambio más interesante que introduce la ley: haber pensado en los organismos articulados desde, pero no necesariamente dependientes del Mincyt”.
La Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología establece el monto y la distribución de los dineros públicos, pero el desarrollo científico-tecnológico de un país exige además inversión privada. En 2020 casi el 80% fue del primer tipo y solo el 20% del segundo, una proporción muy alejada de lo deseable. ¿Irá el aumento de la inversión pública acompañado de otro comparable en la inversión privada? “No hay una relación directa entre ambas –contesta Fernando Peirano, titular de la Agencia I+D+I–. No es posible establecer que 1000 millones extras de inversión pública incentivarán una inversión privada de X millones. Pero luego de superar cierto umbral de inversión pública en I+D, la privada se activa y gana protagonismo. La explicación más aceptada es que la privada es la de ‘última milla’, la que recorre el último tramo de los desarrollos. Con la nueva ley, podemos empezar a configurar un escenario así. El 1% del PBI de inversión en I+D pública es una referencia bastante aceptada para que esa dinámica se active”.
Según Peirano, la agencia que conduce (que convoca la presentación de proyectos y distribuye subsidios de investigación), está en un proceso de recuperación de cartera. “Hoy tenemos 13.000 millones de pesos adjudicados que se van aplicando al ritmo que los titulares de los proyectos lo solicitan –detalla–. Contamos con 8000 proyectos activos y más de la mitad fueron evaluados y adjudicados en 2020 y 2021. De esos, 5500 son proyectos de ciencia, con 30.000 investigadores y becarios involucrados. La cohorte de subsidios PICT adjudicada en 2021 fue la más grande de toda la serie desde 2008. Hoy tenemos más de 40 cada 1000 investigadores vs. 21 al momento de la creación del Mincyt. Y tenemos más de 1.500 con Pymes innovadoras”.
Peirano concede que el monto promedio de los subsidios PICT está en valores muy bajos. “En 2021, subieron respecto de 2020 y en 2019 no hubo adjudicaciones. También es cierto que subimos muchos los subsidios de ciencia en temas focalizados. Estamos analizando una propuesta para ligar los subsidios PICT a la evolución de los fondos crecientes de la Ley para así resolver la erosión que causa la inflación. En breve tendremos novedades”.
Con respecto a los créditos internacionales, anticipa que pronto el Presidente firmará un contrato con el BID que permitirá contar con un flujo de 230 millones de dólares. “Ayer recibimos 8.5 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Estamos recomponiendo la cartera y fuentes de financiamiento”, concluye.
(Análisis de datos y gráficos de @jorgeluisaliaga)
Cerrar sesión