A menos de un día de la asunción del nuevo gobierno y aunque falta la comunicación de la Oficina del Presidente Electo, fuentes usualmente bien informadas consideran que el nuevo encargado del área de ciencia, tecnología e innovación (ya no un ministerio, sino una secretaría que dependerá de jefatura de gabinete) será Alejandro Cosentino, creador de la fintech Afluenta, compañía que ofrece servicios financieros a innovadores, y que la semana última tomó contacto con las autoridades de los principales organismos del área. De ella, dependerían en principio dos subsecretarías (o pueden ser tres): una de “Innovación” y otra de “Ciencia y Tecnología”, que incluirían el Conicet (cuya presidencia ocupará Daniel Salamone), la Agencia I+D+I, la Fundación Sadosky y la de Nanotecnología, el Banco de Datos Genéticos y el resto de los engranajes del sistema. Hay quienes afirman que también entrarían dentro de su órbita algunas otras áreas, como las telecomunicaciones, Arsat, las acciones de innovación pública (como el DNI, el expediente electrónico) y otras… Habrá que esperar la ley de ministerios.
El sistema nacional de ciencia y tecnología es un rompecabezas complejo que incluye más de 300 institutos del Conicet, organismos en otras dependencias, como la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Servicio Meteorológico Nacional, el INTA y el INTI, empresas como Y-TEC, conformada en un 49% por el Conicet y en un 51% por YPF, y la Agencia I+D+I (antes conocida como “Agencia de Promoción”), cuya función es evaluar y financiar los proyectos de investigación. Si se suman el sector público y el privado, se trata de una fabulosa maquinaria de talento que incluye a alrededor de 90.000 investigadores.
Antes de retirarse, el titular de la Agencia, Fernando Peirano, dio a conocer un informe de gestión en el que destacó que deja el organismo sin deudas (ya que se pagó la totalidad de las solicitudes de desembolso de los proyectos), y con un fondo de reserva de más de 5.000 millones de pesos y cuatro programas vigentes con organismos internacionales por más de 225 millones de dólares para los próximos años. “No podrá dejar de hacerse o continuar lo que está en marcha con la excusa de no hay plata”, afirmó.
El saldo de este último año son 135 acciones de promoción (entre convocatorias y concursos) y 9300 nuevos proyectos de inversión y desarrollo público-privados. Además, se cumplió con el nuevo llamado a Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (conocidos como PICT 2023) de acuerdo con el cronograma vigente y se completó en la mayoría de las disciplinas la evaluación de los PICT 2022. En febrero de 2024 se deberían adjudicar los nuevos proyectos con su monto actualizado.
En estos cuatro años, gracias a la Ley de Financiamiento de la Ciencia, aprobada por unanimidad por los distintos bloques del Congreso, fue posible realizar una importante inversión en equipamiento científico e infraestructura edilicia a través de los programas federales “Equipar” y “Construir Ciencia”: más de 600 equipos por un valor de 500 millones de dólares (entre ellos, la supercomputadora Clementina XXI, la más potente de América latina, instalada en el Servicio Meteorológico Nacional, pero que ya está a disposición de investigadores de todo el país), y más de 100 obras para instituciones científicas y tecnológicas de las 24 jurisdicciones que se encuentran en distintas etapas de construcción.
Pero además, quien tome el timón de la ciencia local tendrá que ocuparse de que culminen con éxito varios proyectos de gran envergadura que están muy avanzados o casi a punto de finalizarse. Uno de ellos es el lanzador Tronador, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) y que en este momento está construyendo la compañía Veng con la participación de la Universidad Nacional de La Plata y otros organismos, cuya fecha prevista de finalización es 2029 y que pondría a la Argentina entre los diez países del mundo que dominan el ciclo espacial completo. Entre otros, permitirá poner en órbita los satélites de pequeño tamaño del programa SARE, otra iniciativa de Conae que también marcha a buen ritmo, y cuya arquitectura “segmentada” (es decir, que permite que los aparatos compartan servicios) es un paradigma revolucionario en materia espacial.
En Invap, por su parte, están en desarrollo tres nuevos satélites. El SABIA-Mar (Satélite de Aplicaciones Basadas en la Información Ambiental del Mar), concebido dentro del Plan Espacial de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) como una misión de observación de la Tierra para el estudio del mar y las costas; y el ArSat Segunda Generación (SG-1), que tomará la posta del Arsat 2 en la posición geoestacionaria de 81°, tienen lanzamiento previsto para la segunda mitad de 2024. A estos, se suma el Saocom 2, para dar continuación a la medición de la humedad del suelo y aplicaciones en emergencias, tales como detección de derrames de hidrocarburos en el mar y seguimiento de la cobertura de agua durante inundaciones, que integrará la constelación conjunta con la Agencia Espacial Italiana (ASI), que debería estar listo para ser lanzado en la segunda mitad de 2026, antes de que termine la vida útil de sus antecesores, los Saocom 1.
Y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) tiene nada menos que setenta proyectos en marcha. Entre ellos, el CAREM, el primer reactor nuclear íntegramente diseñado y construido en la Argentina y el más avanzado del mundo en su tipo (SMR, según sus siglas en inglés); el reactor nuclear argentino multipropósito RA-10, que se levanta en el Centro Atómico Ezeiza y podría ubicar al país como el primer exportador mundial de radioisótopos; el Laboratorio Argentino de Haces de Neutrones (contiguo al RA-10), que será uno de los más modernos del globo y brindará a la comunidad científico-tecnológica y a la industria herramientas de altísimo impacto para el estudio de materiales, materia condensada, piezas industriales, muestras biológicas, fármacos y muchas otras aplicaciones. También casi terminado está el Centro Argentino de Protonterapia, que permitirá tratar con mucha mayor precisión tumores de difícil acceso (especialmente pediátricos) y será el primero de América latina; y la reconstrucción del sistema de control de proceso, el sistema eléctrico y el equipamiento de laboratorio de la Planta Industrial de Agua Pesada, que produce el insumo esencial para el funcionamiento de nuestros reactores presentes y futuros. Debido a que se paralizó en 2017, se están importando unas 15 toneladas anuales de este insumo por varios millones de dólares para reponer las pérdidas que se producen naturalmente en nuestras centrales.
Por lo que representan y los beneficios de todo tipo que aportarían al país, sería imperdonable dejar todo esto inconcluso.
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