El tribunal que absolvió la semana pasada a Luciano Mallemaci, Exequiel Quintana y Leandro del Villar, acusados de abusar en grupo de una joven en 2012 en Playa Unión, presentó este lunes los argumentos de su sentencia, que había sido duramente cuestionada por los colectivos feministas. Las juezas Karina Breckle, Marcela Pérez y María Laura Martin alegaron que la resolución se basó en la "falta de pruebas" y que se rigió por el beneficio del principio de inocencia. La Fiscalía a cargo de la investigación, que fue cuestionada por las magistradas, había resaltado también que todo el proceso fue cuestionable en términos de perspectiva de género.
Mientras que la defensa de la víctima buscó preservarla de la revictimización, la jueza María Laura Martini aprovechó el movimiento para desligarse de su responsabilidad en el caso al proponer que "debe quedar claro que nuestro sistema procesal acusatorio y adversarial, es un sistema de roles, y el del juez –en esta etapa- es el de decidir en base a la prueba traída a debate por las partes". "En este caso, como será valorado, no existieron elementos de cargo para arribar a un fallo condenatorio, lo que resulta reprochable a la Fiscalía", cuestionó al tiempo que citó el manual de derecho suscrito por José Cafferata Nores.
Tras cuestionar a la Fiscalía, la magistrada, ajena a la perspectiva de género, criticó la falta de declaración testimonial de la víctima ya que "resulta una de las pruebas fundamentales de un juicio oral en un modelo acusatorio como el que nos rige". De todas maneras, aunque en vano, reconoció que "el legislador provincial fue consciente de que en ocasiones esta forma de testimoniar podría afectar la salud psíquica o física de una persona cuando ella es menor de edad o el presunto delito que ha padecido la ha afectado psicológicamente".
En la misma línea, el tribunal indicó que "ni la fiscalía ni la querella pudieron aportar certeza alguna sobre el hecho de que momentos previos a salir de aquella habitación (la adolescente) hubiera estado en un estado de inconsciencia que le impidiera prestar un libre consentimiento".
A su turno, la camarista penal Ana Karina Breckle también cuestionó la falta del testimonio de la denunciante, quien -a su entender- no declaró porque "así lo decidieron (la fiscalía y la querella) privando al Tribunal de escuchar de su propia voz lo que le pasó, lo que vivió, y lo que sintió". "Ni la fiscalía ni la querella intentaron ingresar a juicio, como prueba a valorar, la declaración ante el fiscal, realizada en la ciudad de La Plata, ni ingresaron siquiera como prueba documental el mensaje en Facebook, el 'escracho' del que hablaron todos, el que tenía seis fotos, y que por los dichos de los testigos diera inicio a la causa", reclamó.
Tampoco para las juezas quedó acreditado que a la víctima le hayan suministrado droga para provocarle un grado de inconciencia o semi inconciencia como se dijo.
Para la Fiscalía "cuestionar que la víctima no haya declarado muestra la falta de perspectiva de género”
María Bottini, integrante del equipo del Ministerio Público Fiscal que participó del juicio por el caso de violación grupal -conocido por el mal adjudicado mote de “manada de Chubut”-, expresó en declaraciones radiofónicas su parecer al conocer el fallo completo de las juezas.
Bottini apuntó que hubo cierto “maltrato” hacia las testigos y cuestionó la falta de perspectiva de género de las magistradas a cargo del proceso. También evaluó que las juezas se inclinaron por creer en la hipótesis de los abogados defensores y subrayó que el falló será apelado ante el Superior Tribunal de Justicia en los próximos días, tal como planteó la defensa de la víctima.
El sesgo machista de la Justicia chubutense sigue bajo cuestionamiento no sólo por el amparo por género y posición social de los victimarios sino también por el silenciamiento y la revictimización de quienes padecieron la violencia en carne propia.
“No compartimos el fundamento. Cuestionar que la víctima no haya declarado muestra la falta de perspectiva de género”, definió. "Si declaraba iba a ser altamente revictimizante y de un impacto negativo en su salud. Entonces, analizar que no haya declarado en la etapa de prueba es perder de vista esto y no tener perspectiva de género”, añadió.
El caso
Los hechos llevados a juicio se remontan a septiembre del 2012, cuando una adolescente estaba festejando la semana de la primavera y, al poco tiempo de llegar a una fiesta en una casa de Playa Unión, perdió la conciencia. Más tarde, fue encontrada por una de sus amigas tras ser brutalmente violada en grupo por “la manada": Exequiel Quintana, Leandro Del Villar, Luciano Mallemaci cometieron el acto, mientras que Joaquín Pérez miraba y Tomás Soriano sostenía la puerta para que nadie se enterara de lo que estaba pasando en la habitación.
La víctima realizó formalmente la denuncia en 2019 y el caso trascendió a nivel nacional cuando el entonces fiscal de la causa, Fernando Rivarola, señaló que los imputados violaron a la joven como forma de “desahogo sexual” con el único objetivo de moderar las penas de los llamados “hijos del poder” que pertenecen a familias poderosas de Chubut vinculadas a la política y a los negocios inmobiliarios y de la construcción.
De los cinco señalados originalmente, tres llegaron al juicio oral que terminó hace dos semanas y, cabe recordar, que a ninguno de los imputados les correspondió, a criterio de los jueces que pasaron por el caso, la prisión preventiva sino que aguardaron el dictamen no sólo en libertad sino, además, cuidados por la policía. El argumento para pedir protección policial para los entonces acusados y su defensa radica en que "se sabía" que las mujeres se iban a manifestar por lo que la resolución ordenaba "resguardar la integridad física" de los acusados. De hecho, en el 2019, cuando se abrió la investigación en la única audiencia a la que los violadores se presentaron, éstos llegaron en móviles policiales.
En febrero de este año, desde la Comisión de Difusión de Sobreviviente de hijos del poder denunciaron que el juicio en la causa conocida como “la manada de Chubut” fue postergado a solo tres días de su comienzo. El tribunal, conformado por Mirta del Valle Moreno, Marcela Pérez y Fabio A. Monti, presentó licencias y dilató, todavía más, el proceso judicial contra Luciano Malemacci, Leandro del Villar y Marcelo Ezequiel Quintana, acusados de violar en grupo a una menor en Playa Unión en el 2012.
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