La diputada nacional por el Frente de Todos Mónica Macha busca derogar la Ley 24270 de Impedimiento de Contacto para evitar el acercamiento de acusados de abuso sexual a sus víctimas y también, la criminalización de las madres que, en muchos casos, son quienes efectúan las denuncias.
Según la legisladora, la ley de impedimento de contacto tiene como objetivo "preservar el vínculo mapaterno-infantil cuando se impide de manera ilegítima". Sin embargo, menciona Macha, los abusadores suelen recurrir a dicha ley para seguir en contacto con el/la niña que abusan.
De esta forma, las madres-que según Macha son quienes suelen efectuar las denuncias por abuso sexual a menores-pueden ser juzgadas y hasta ir presas si el acusado se refugia en esta ley.
"Son las madres quienes cuidan a sus hijxs de los abusadores (muchas veces progenitores). Un cuidado imprescindible es evitar que los abusadores sigan en contacto con lxs niñxs. Pero los abusadores usan la vieja ley de impedimento de contacto para denunciar a las madres. No podemos permitir que se criminalice el cuidado", expresó la diputada del Frente de Todos al dar a conocer su proyecto para derogar la ley de Impedimiento de Contacto.
Qué plantea la ley de Impedimiento de Contacto
Esta ley se sancionó en el año 1993. En el primer artículo se indica que "será reprimido con prisión de un mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente, impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad con sus padres no convivientes" y que "si se tratare de un menor de diez años o de un discapacitado, la pena será de seis meses a tres años de prisión".
En el proyecto presentado por Mónica Macha se plantea que en varias oportunidades se buscó derogar la Ley 24270 ya que "la norma en cuestión profundizaría los conflictos en lugar de aportar soluciones pacificadoras a la problemática familiar". Asimismo, explica que estos conflictos "requieren un tratamiento mucho más interdisciplinario que el que puede darse en el ámbito penal".
"Si bien esta ley perseguía el objetivo de preservar el vínculo paterno-infantil, en casos en que este fuese impedido de manera ilegítima, en los hechos se han criminalizado conflictos familiares, resultando una norma a todas luces ineficiente para los fines que postulaba, comenzando por la paradoja de que una norma que busca restaurar el vínculo con el progenitor no conviviente, puede terminar encarcelando al/la progenitor/a conviviente -generalmente son las madres- lo que sin dudas tendría efectos negativos en el mantenimiento de la relación con el menor, hecho que definitivamente no tiene en cuenta el interés superior de las infancias", se explicita en el texto.
Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.