Cada 28 de septiembre se celebra el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, también conocido como Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, con el objetivo de exigir a los gobiernos y Estados la legalización del procedimiento y la facilitación a su acceso para reducir las muertes y cuidar la salud reproductiva. La fecha, un hito de la lucha feminista, se estableció en el V Encuentro Feminista Latinoamericano que se llevó adelante –justamente– en Argentina, durante noviembre de 1990, en la ciudad de San Bernardo.
Cabe señalar que la propuesta de la fecha fue realizada por la delegación brasileña, destacando que el 28 de septiembre pero de 1888, el país vecino logró aprobar la normativa y aseguró la libertad de todas las hijas e hijos nacidos de mujeres esclavas. Más allá de la convocatoria realizada en América Latina y el Caribe, el día se ha extendido a numerosos países de Europa, África, Asia y tambiéna a Estados Unidos.
Según datos publicados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el 8% de las muertes de mujeres en el mundo se deben a abortos inseguros. Por su parte, durante el 2012, la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó por un aumento de estas prácticas en países en desarrollo; remarcando que se transformó en una de las principales causas de muerte materna por provocar hemorragias o infecciones fatales.
Por su parte, tal como declaró el Movimiento Feminista en reiteradas ocasiones, los abortos ilegales poseen mayor riesgo porque la restricción lleva a las mujeres a recurrir a la clandestinidad, donde las condiciones no son las mejores, el higiene mínimo y el personal puede no estar capacitado o no tener recursos para llevar adelante dicha práctica.
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Ante una marea de pañuelos verdes, durante diciembre del 2020 y tras la aprobación en Diputados, el Senado de Argentina sancionó la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) con un régimen mixto que combina plazos –hasta la semana 14 de gestación inclusive– y diversas causales, en caso de superar esas semanas –por peligro para la salud o la vida de la mujer o persona gestante y también, en caso de abuso sexual–. La opción más usada es el aborto con medicamentos; solo misoprostol o combinado con mifepristona, ambos faltantes en la gestión actual de Milei. "En la actualidad, el Ministerio de Salud de la Nación –respuestas a junio del 2024– no cuenta con stock de medicamentos para el acceso a la IVE-ILE", indica en un informe el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) en conjunto con Amnistía Internacional. Tampoco se distribuyeron insumos, no solo medicamentos sino tampoco equipamiento para realizar la AMEU (Aspiración Manuel Endouterina, otro de los procedimientos utilizados).
En Argentina, por su parte, la fecha mencionada precede a una semana de gran importancia en lo que se refiere a la salud reproductiva: este 2024, el Día Mundial de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia se extendió desde el 20 al 26 de septiembre, en un contexto donde el género y las mujeres quedaron en un tercer o cuarto plano dentro del gobierno de Javier Milei. Desde la organización feminista señalaron que el objetivo es "que las jóvenes tengan acceso a la información y orientación necesarias para construir proyectos de vida autónomos, saludables y productivos", pero que al mismo tiempo todas las personas, ya sean jóvenes o adultas, tomen conciencia acerca de la importancia de prevenir el embarazo no intencional en edades tempranas.
La importancia del Plan ENIA, desguazado por Milei
En un contexto complejo, por las políticas de recorte libertarias y los ataques continuos al género, se destaca el Plan de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), iniciado en 2017 y desfinanciado por La Libertad Avanza (LLA) en tan solo 9 meses de gestión. Su importancia se observa en cifras y datos, que resuenan fuerte en el movimiento –y que también debieran hacerlo en la sociedad–. No solo por la inequidad que genera, sino también por las situaciones de abusos sexuales y violaciones que quedan encubiertas.
Por un lado, la maternidad temprana afecta las trayectorias educativas, laborales y la salud de las y los adolescentes (por ejemplo, sólo el 38% de las adolescentes que fueron madres completó la educación secundaria); mientras que desde ELA aseguran que es un factor que también "reproduce el ciclo intergeneracional de la pobreza y aumenta la inequidad social", ya que las madres adolescentes se ven afectadas por la inactividad laboral.
En el marco del ahorro y la búsqueda del equilibrio fiscal, uno de los puntos más ansiados y buscados por el propio libertario, también se observa un punto a favor de que el ENIA siga vigente. No prevenir los embarazos adolescentes implica altos costos para el Estado: son necesarios cerca de U$S200 millones para afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y partos –cifra que se incrementa aún más si las jóvenes deciden acudir a la clandestinidad del aborto ilegal–, frente a U$S17,7 millones destinados para el programa y la prevención.
"Para 2021, se lograron reducir a 5 de 10 embarazos no intencionales en adolescentes de 15 a 19 años, y a 7 de 10 en niñas menores de 15 años", apuntaron desde la organización. Pero, desde el año vigente, el Gobierno de Milei decidió suspender todos los fondos destinados a sostener las oficinas en las que funcionaba el Plan ENIA en diversas provincias, despidió a 619 personas que se desempeñaban en 12 jurisdicciones y a su vez, desfinanció la compra de insumos. Por último, el Presupuesto posee una disminución del 70% en relación a la gestión de Alberto Fernández en el 2023; mientras que para el 2025, se espera que la crisis se profundice mucho más en las ínfimas políticas de género llevadas adelante: allí, el dinero asignado es un 27% menor y un 78% más bajo en relación al de 2023 (si se considera la proyección de inflación planteada del 18,3%).
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