En Tartagal, Salta, una provincia en donde las cortes se caracterizan por fallar contra los derechos de las mujeres, hay actualmente una médica imputada por haber practicado un aborto con misoprostol. Miranda Ruiz dice que “parece de ciencia ficción” la situación que está atravesando desde septiembre de 2021, cuando la Justicia decidió primero imputarla y luego detenerla durante unas horas por haber garantizado una interrupción del embarazo en el mes de agosto. La semana pasada tuvo que presentar un segundo recurso para ser sobreseída en la causa, que en noviembre amplió, además, su imputación a pedido de la Fiiscalía.
El 5 de septiembre del año pasado, el fiscal penal de la ciudad, Gonzalo Vega, le abrió un expediente penal a Ruiz por haber acompañado a una joven de 21 años que había solicitado una IVE a las 22 semanas de gestación. Según le contó la médica a El Destape, “toda la causa está mal justificada y no hay ninguna prueba de que el aborto se realizó sin el aval de la joven” como sostiene el fiscal. Además, un equipo interdisciplinario decidió que se suspendiera el embarazo en resguardo de su salud integral, lo que está previsto en la ley.
De hecho, Ruiz asegura que cuenta con un consentimiento firmado por la paciente antes del procedimiento, que la práctica se realizó con el acompañamiento del jefe de Ginecología y Obstetricia y que ella contó, inclusive y en todo momento, con el apoyo del supervisor de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública de Salta y de la gerencia del mismo Hospital de Tartagal.
La ampliación de la imputación
Sin embargo, Vega no sólo no tuvo en cuenta estos detalles fundamentales para la causa, sino que en noviembre presentó un pedido ante el juez de Garantías Héctor Mariscal Astigueta para que se rechace la primera solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de Ruiz y se amplíe además la primera imputación para poder atribuirle a la médica la supuesta realización de un “aborto sin consentimiento informado”.
“Más allá de que el consentimiento está firmado por ella y por mi en la historia clínica, el aborto se realizó además con pastillas autoadministradas por vía sublingual y se repitió a las tres horas, con lo cual el tratamiento fue autoadministrado”, detalló Ruiz. En su solicitud de ampliación, Vega dice por el contrario que ella le “provocó la expulsión del feto”.
En los medios locales, el fiscal compartió detalles de la declaración de la paciente, dijo que la médica le hizo firmar el consentimiento después de suministrarle las pastillas para llevar adelante el aborto y que en el interín la persona gestante se habría arrepentido del proceso. “Eso no es cierto, pero tampoco sería un delito”, puntualizó Ruiz.
"Nada de lo que dijeron los medios en este momento está probado en el expediente. Se hizo todo en el marco de la ley".
En todo momento la joven recibió llamados de sectores antiderechos que la presionaron para que no abortara, en línea con la opinión de sus familiares -puntualmente sus tíos- que luego presentaron la denuncia contra la médica. Hasta una reconocida concejal de Salvador Massa, el pueblo del que es oriunda la persona gestante, se puso al hombro la obstaculización del proceso desde que se enteró de su internación.
“Nada de lo que dijeron los medios en ese momento está probado en el expediente. Se hizo todo en el marco de la ley, yo presenté todas las conversaciones que mantuve con la paciente, en la historia clínica está la valoración de la psicóloga respecto a la voluntad del paciente, también de la trabajadora social. El fiscal lo omite y tergiversa todo con tal de ampliarme la imputación”, remarcó Ruiz.
"Hubo una falta de responsabilidad ética, jurídica y social que sorprende"
Ahora el fiscal Vega quiere elevar la causa a juicio. Mientras tanto, la médica tiene que ir una vez por semana a Fiscalía a firmar una planilla y no puede salir de Tartagal sin autorización judicial porque tiene un “acta de liberación de detenido” sobre sus espaldas. Más allá de la dura experiencia que está viviendo, Ruiz agradece el apoyo que recibió del movimiento feminista y de los propios tartagalenses.
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“Hubo una falta de responsabilidad ética, jurídica y social que sorprende, pero nunca recibí tanto amor en mi vida porque todo el mundo me apoyó, me arengó. No solo no me escracharon como salieron a decir los medios de la ciudad de Salta sino que me apoyaron”, agregó.
El grito de la comunidad médica y las organizaciones feministas por Miranda
La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, la Campaña Nacional por el Aborto Legal y la Guardia Feminista de Abogadas de Católicas por el derecho a decidir, entre otros colectivos, reclamaron el miércoles el sobreseimiento de Miranda con acciones en Salta Capital, en Tartagal y en la Ciudad de Buenos Aires (concentraron frente a la Casa de Salta).
“La imputación contra la médica residente del hospital de Tartagal evidencia la voluntad de amedrentar a quienes pretenden brindar una atención de salud conforme a la Ley”, advirtieron en Abogadas. Además, ratificaron que “su actuación profesional cumplió con cada uno de los requisitos exigidos por la Ley 27610 y los protocolos de actuación previstos para estos casos”.
También salieron a respaldarla y a repudiar la situación distintas entidades médicas como la Sociedad Argentina de Medicina, la Federación Argentina de Medicina General, la Asociación Metropolita de Medicina Familiar y la Asociación Sindical de Trabajadores de la Salud (CICOP).
La Secretaria General de la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia de Salta (Apsades), Noemí López, contó que tras un arduo debate por las características propias de Salta, "donde hay resabios feudales muy fuertes", la comunidad médica decidió "rodear" a Miranda y brindarle todo su apoyo. "Había que protegerla porque hizo lo correcto, lo que marca la ley, por más que hayan hecho una campaña amarillista y la judicializaran", resaltó a El Destape López, quien agregó que su caso "marca un precedente muy peligroso".
La médica tuvo todo el apoyo de Apsades, de la Multisectorial de Mujeres de Salta y del Frente por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres, del que participan más de 45 organizaciones. "Ahora queremos su sobreseimiento absoluto porque es un golpe no solo a una profesional medica que hace lo que la ley prevé, sino que además quieren hacernos retroceder con la IVE. Ya sabíamos en Salta que íbamos a tener que defender la ley con uñas y dientes y uno de los ámbitos de defensa es en los hospitales, donde hay objetores de conciencia y se cercenan derechos", remarcó López.
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