El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires dictaminó este viernes que la auditoría que el Poder Ejecutivo pretende hacerle a la UBA y a otras universidades nacionales a través de la SIGEN es "inconstitucional" y "agrede al sistema republicano".
La propia UBA señaló, en un comunicado, que "consultó al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sobre si es pertinente que la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) la audite" y que "el organismo dictaminó que no, argumentando que la autonomía universitaria está consagrada constitucionalmente y que existen otros órganos encargados de esos controles".
Al respecto, la Universidad de Buenos Aires resaltó que el Colegio, en su dictamen, destacó que la autonomía universitaria es una “garantía institucional reconocida en la Constitución Nacional que impide que las Universidades Nacionales sean intervenidas por el presidente de la República, bajo pena de agredir al sistema republicano”.
Y señaló que, según agregó el Colegio Público de Abogados porteño, "la Sindicatura General de la Nación es un órgano que no posee jerarquía constitucional, ya que depende del presidente de la República y por lo tanto solo tiene competencia en el control interno de las jurisdicciones que componen el Poder Ejecutivo Nacional".
Además, manifiesta que la Procuración del Tesoro de la Nación es un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo de la Nación y depende directamente de él, por lo que su dictamen no cambia ni resta ni puede mutar el principio de autonomía y autarquía que la Constitución Nacional le garantiza a las Universidades Nacionales.
"Esta autonomía no significa que las Universidades Nacionales están fuera de la órbita del control estatal, sino que lo hacen exclusivamente por medio de los órganos constitucionalmente habilitados", aclaró la UBA.
En ese sentido, el Colegio de Abogados explicó que en lo que respecta al órgano constitucionalmente autorizado para practicar auditorías externas a las Universidades Nacionales, “la simple lectura de la Constitución Nacional y el entendimiento de la división de poderes en el sistema republicano lo deja claro: es el Congreso de la Nación, con apoyo en la Auditoría General de la Nación”.
A fines de octubre, la SIGEN había notificado formalmente a la UBA sobre su intención de realizar la auditoría. Sin embargo, en ese momento las autoridades de la universidad afirmaron, en una conferencia de prensa, que "la SIGEN no tiene competencias para poder auditarla y el Poder Ejecutivo sostiene que sí. El fundamento jurídico en el que nos basamos es que fue creada por la Ley de Administración Financiera donde se establece cuál es su ámbito de competencia, es decir, dónde puede actuar y es en los entes y organismos que dependen del PEN".
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