Continúa la disputa entre el Gobierno y Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Pese a que la Dirección de Asociaciones Sindicales que depende de la secretaría de Trabajo ordenó no realizar un congreso del gremio, José Voytenco avanzó con la realización del encuentro. Como respuesta a esta provocación del titular del gremio, se determinó designar a un nuevo interventor de la obra social de UATRE (OSPRERA). La resolución lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de salud, Mario Lugones. Según trascendió, el flamante interventor responde a Eduardo "Lule" Menem, subsecretario de gestión institucional y mano derecha de Karina Milei.
A través del decreto 1054/2024, publicada en el Boletín Oficial, se aceptó la renuncia de Virginia Montero como interventora de la obra social de UATRE y se designó en su cargo a Marcelo Cargo Petroni. "El Interventor deberá cumplir con la “GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DEL INTERVENTOR DEL AGENTE DEL SEGURO DE SALUD” aprobada por el Decreto N° 1045 del 25 de noviembre de 2024 y elevar a la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, organismo descentralizado actuante en el ámbito del MINISTERIO DE SALUD, un informe mensual de su gestión, tendiente a la normalización de la citada Obra Social con el detalle de la situación institucional de la entidad y su evolución administrativa y prestacional", acotó el artículo 3 del decreto.
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Pese a la resolución de la Dirección de Asociaciones Sindicales que ordenó suspender la celebración del congreso en Puerto Madryn, Chubut, Voytenco lo encabezó y calificó la medida como “arbitraria, infundada y dictada por un órgano incompetente”. Sobre la regularización de la obra social, a través de un documento, el gremio afirmó que hacen "responsables a los funcionarios del Ministerio de Salud de cualquier consecuencia que su insensible accionar pueda generarle a la salud o a la vida de nuestros afiliados”. En el mismo texto, se aseguró que Voytenco “está siendo víctima de una triangulación política y judicial, que nada tiene que ver con lo sindical, y quien está sufriendo acusaciones infundadas".
Con la intervención establecida hasta febrero próximo y el cambio de interventor, se trata de un duro golpe a Voytenco. Así, el Gobierno confirma su intención de quedarse en la tercera Obra Social del país luego de que el propio Voytenco reclamara su devolución en el congreso. Desde la oposición apuntaron sobre el desacato del gremialista: "Lo curioso de la desobediencia de Voytenco a la orden de la Secretaria de Trabajo, es que se halla inhibido en todas sus cuentas y finanzas; y pretendía realizar un Congreso que le aprobara la rendición de sus manejos financieros al frente del gremio".
Si de irregularidades se trata, alrededor de Voytenco hicieron circular una nómina con 12 personas nombradas como asesores con sueldos netos que van desde los casi 800 mil pesos a los poco más de 10,5 millones de pesos. La interventora saliente, Virginia Montero, percibía un salario de bolsillo de 15,7 millones de pesos. En medio de este cambio, Petroni envió una carta de presentación a los trabajadores de la UATRE agradeciendo a Milei por el nombramiento y señalando que llega para "sanear esta obra social" que "se encuentra severamente afectada en lo financiero, administrativo y prestacional, corriendo serio riesgo la atención médica" de los beneficiarios de la obra social. "Han sido víctimas de la casta política, sindical y empresarial que han dañado a la Institución, como lo han hecho con la Patria misma durante décadas", apuntó.
UATRE lleva un litigio de meses sobre OSPRERA. Tras el fin de la intervención judicial, que había sido promovida por la justicia de La Pampa, el 6 de agosto la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) emitió una resolución (Nº 1.612) que volvía a apartar a la UATRE de la conducción. El argumento fueron supuestas “irregularidades y deficiencias” que ocurrieron durante la intervención judicial, cuando el gremio no tenía el control de la obra social.
En agosto, la Justicia Federal declaró nula la intervención de la Superintendencia de Salud, alegando la “detección de irregularidades e incumplimientos en los procedimientos llevados a cabo” y restituyó al Consejo Directivo de OSPRERA a sus funciones. Pese a la medida de la justicia federal, la SSS nombró interventora a Montero en octubre, amparándose en una medida cautelar del juez Hernán Villena de Lomas de Zamora, que investiga a Voytenco. El fiscal Sergio Mola había pedido el apartamiento del magistrado por "parcialidad".
El miércoles previo al congreso de UATRE, la DNS ordenó su suspensión, alegando que había expedientes sin resolver de elecciones de hace más de un año en menos de 30 delegaciones, “lo cual no hubiera alterado el funcionamiento del congreso ni la abultada mayoría obtenida.”
Más allá de esto, UATRE hizo su congreso en Chubut, donde se reunieron alrededor de 500 congresales nacionales aunque desde el sector opositor a Voytenco marcaron que fueron muchos menos. En ese marco, se aprobó la Memoria y Balance correspondiente al segundo año de gestión del Secretariado Nacional.
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