En Argentina hay mucho territorio vacío. Y al mismo tiempo hay muchísimas personas hacinadas o directamente sin techo. ¿Quién ha escuchado o leído alguna reflexión frente a este evidente problema social y político por parte de un comentarista político de los grandes medios de comunicación?
Sin embargo, la “toma de tierras” sí ocupa a esos comentaristas. Produce alarma, estigmatización, llamados a la represión policial y todo el bagaje conceptual de esos “formadores de opinión”. Cualquier interpelación a esa posición unánime es rápidamente tachada de “comunista” o, en términos más actuales, de “chavista”. Toda invocación al cuestionamiento del primado del derecho de propiedad por sobre cualquier otro bien se descalifica sin necesidad de argumento alguno. A nadie del círculo áulico de los propietarios exclusivos de la verdad se le ocurre preguntarse por qué se toman tierras, quiénes toman tierra, cómo puede el estado hacerse cargo del problema como no sea a través del desalojo violento y la represión policial.
La razón más inmediata de este afinado coro de repudio a las tomas es que los que toman pertenecen a otro mundo. Un mundo oscuro, remoto, invisible ante los ojos de quienes viven “normalmente”. Y esa ajenidad deviene fácilmente miedo y odio. Siempre hay una historia muy hilvanada que justifica ese miedo y ese odio: “los ocupantes son manipulados por caudillos políticos o utilizados por gente de negocios y aprovechan para sacar ventajas personales”. Se trataría de gente que actúa así por pura ocurrencia, propia o de otros. Parece que las miles de personas que duermen a la intemperie en la ciudad más rica del país fueran un tema que no tiene nada que ver con las tomas de tierras. Tampoco hay ninguna relación posible de ser establecida entre la cuestión de la vivienda y el régimen de propiedad de la tierra constituido en nuestro país desde su propia constitución como tal. Parece que cuestiones como el falso federalismo, la extraordinaria y creciente concentración de la riqueza o la habitual alianza entre los grupos económicos más poderosos y un influyente sector de la política fueran “otros temas” que no vienen a cuento para explicar ni mucho menos para buscar soluciones a la cuestión de las tomas.
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Funciona un artículo de nuestra constitución que nunca fue escrito y dice que el derecho de propiedad es irrestricto y debe tenerse por prioritario en cualquier caso de colisión entre diferentes derechos. De este artículo fáctico se desprende que el derecho de propiedad es más importante que el derecho a la vida, la salud y la dignidad de los seres humanos. Y es ese artículo el que debe ser invocado cada vez que el desorden de los que no tienen propiedad amerita ser respondido por la intervención de la policía. Nunca hará falta escribir ese artículo porque funciona en plenitud, está en el corazón de los sectores más ricos del país y también en el de millones de personas que no tienen mucho pero sufren más el miedo a los pobres –a los que habitualmente se encuentran en lo que da en llamarse la “inseguridad ciudadana”- que a los dueños reales del país –de sus tierras, de sus bancos, de sus recursos en general- a los que nunca conocerán y cuyas fortunas constituyen su sueño dorado.
Hubo una vez una constitución nacional, sí escrita y aprobada en los términos que disponía el texto anterior para su reforma, que en sus artículos 38, 39 y 40 establecía la “función social de la propiedad”. Su impulsor, Juan Perón, y su ideólogo, Arturo Sampay, estaban ideológicamente muy lejos del comunismo; su inspiración era la iglesia católica desde la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, aprobada en 1891, precursora de la llamada doctrina social de la iglesia. Se trata de un principio regulador del derecho a la propiedad que rige en un buen número de países que no han dejado por eso, que sepamos, de ser países capitalistas. El papa Francisco ha ratificado y profundizado esa doctrina bajo la forma de las tres “t”: techo, tierra y trabajo, concebidos como derechos inalienables y centrales para todos los seres humanos.
El principio de que el techo, la tierra y el trabajo, son derechos centrales y universales, entra en insalvable contradicción con el régimen de propiedad que rige a nuestro país y a casi todos los países de nuestra región. Los monopolios de la tierra, la producción, las finanzas y la comunicación son incompatibles con la justicia social. No son, por otra parte, naturales, espontáneamente generados. Son el resultado de batallas políticas y pueden ser transformados en otras batallas políticas. La agitación del “comunismo” ante cualquier reclamo humano frente a los sacrosantos intereses de los dueños del país es una vieja estrategia reactualizada sistemáticamente por la cultura dominante. La vemos reaparecer en la calle de los infectadores seriales del macrismo. Y satura el sentido común de un registro egoísta e insensible frente a la injusticia y el sufrimiento ajeno. Es el sentido común del individualismo, la “meritocracia” como fundamento de la riqueza concentrada, que no tolera ninguna referencia seria a la historia real, ni en el país ni en el mundo. Sin la disputa de ese sentido común no hay futuro para el sueño –que periódicamente se hace proyecto político- de un país justo, libre y soberano.
Sería muy bueno que el gobierno aborde el fenómeno de las tomas de tierra como un problema social y político y no como un mero hecho jurídico solucionable con la acción de la policía y/o el poder judicial. Eso no quiere decir que haya soluciones fáciles e inmediatas pero sí que se trata de un tema urgente para un gran debate político nacional. Es verdaderamente lamentable el huracán político-mediático desatado en respuesta al proyecto legislativo de un aporte de emergencia a pagar por un reducido grupo de multimillonarios. Ese huracán sería inexplicable sin el hecho cierto de que amplios sectores medios y hasta una parte de los trabajadores de la economía formal están influenciados por una concepción del mundo elaborada a pedido de los grandes ganadores de la época del capitalismo de casino. Ningún proyecto profundamente democrático tiene futuro entre nosotros sin la producción de un debate serio sobre la cuestión de la propiedad.