Un nuevo escándalo se desató con el intendente macrista de Pinamar, Martín Yeza, y el gobierno bonaerense. En este caso, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, intimó al jefe comunal a “reintegrarle inmediatamente” al Ministerio de Desarrollo de la Nación más de $2 millones por una causa de “defraudación contra la Administración Pública” de tarjetas Alimentar.
El 20 de julio, Cuattromo envió una carta documento a Martín Yeza que dice: “Me dirijo a usted en mi carácter del Presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, atento a la situación generada con causa en el desvió de fondos en beneficio de dependientes de ese Municipio, asumida por esa Municipalidad de Pinamar en la cláusula 7° del convenio - de la distribución de las tarjetas alimentar - suscripto con el Banco que presido en fecha 26 de octubre de 2020”.
En marzo del corriente, la Policía Federal allanó las sedes de la Secretaría de Deportes y Desarrollo Social de Pinamar, y detuvo a seis personas, entre ellas dos funcionarias municipales, por irregularidades en la entrega de la Tarjeta Alimentar.
Según informaron fuentes judiciales al portal Data Diario, “dos funcionarias de la secretaría de Desarrollo Social de Pinamar robaron lotes que no habían sido entregados por la pandemia de coronavirus y se las dieron a la pareja de una de ellas. A través de dos amigos comerciantes, simularon en los posnet compras con las tarjetas por un monto total de $2.092.000 que luego transfirieron a cuentas personales en el Banco Provincia. En total serían seis las personas implicadas”.
Luego de los allanamientos, todos fueron detenidos bajo la acusación de “defraudación en perjuicio de la administración pública”. El 4 de diciembre de 2020 el Banco Provincia realizó la denuncia penal - IPP 03-00-004129/20 caratulada “averiguación de ilícito”, la cual fue unificada con la denuncia efectuada por el Municipio bajo la IPP 03-03-3029-20. Ambas se radicaron en el Juzgado Federal, Secretaría Penal de Dolores, a cargo de Martín Bava, con la carátula: “FMP 2021/2021 NN s/Defraudación contra la Administración Pública”.
Por su parte, el Jefe de Gabinete, Carlos Bianco, salió a bancar la medida dispuesta a través de su cuenta de twitter. “Dentro de la ley, todo. Fuera de la ley, nada”, escribió y posteó una nota del portal Data Diario que detalla la denuncia efectuada.
La carta documento explica que, debido al incumplimiento de la obligación asumida por el Municipio en relación a los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar, el banco “debería responder ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación reintegrando los fondos públicos involucrados”. Por eso, “se intima al Municipio a asumir la responsabilidad que le compete, procediendo al inmediato reintegro al Ministerio citado de la suma que, según se denunciara en la causa penal, asciende al presente a $2.050.990 sin perjuicio de la cifra que pudiera resultar de la investigación en curso, con los costos e intereses a determinarse, bajo apercibimiento de iniciar las acciones legales pertinentes”.
La Tarjeta Alimentar es una política del ministerio de Desarrollo Social de la Nación para asistir a los sectores más necesitados en el marco del Plan Argentina contra el Hambre. Sólo puede ser utilizada para la compra de alimentos de la canasta básica y cada tarjeta tiene un monto de $6.000 para las familias con un hijo o hija, y de $9.000 para quienes tienen dos o más hijos o hijas.
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