A una semana de disolver la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y reinstaurar la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) con polémicas modificaciones, el presidente Javier Milei decretó asignarle al organismo una partida presupuestaria por $100 mil millones con "carácter reservado". Pese a que no se conocerá su destino, ya que no deberá rendir cuentas ante la opinión pública, el decreto indica que los fondos se utilizarán para el "fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional". Los gastos reservados de la AFI habían quedado sin efecto durante la gestión de Alberto Fernández y fueron destinados a diferentes áreas del gobierno. Ahora Milei vuelve a hacerlos reservados.
La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial a través del decreto 656/2024, en el que se establece, en su primer artículo, "asignase adicionalmente al presupuesto general de la administración nacional la suma de PESOS CIEN MIL MILLONES ($ 100.000.000.000) destinados a la SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE ESTADO de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN para el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional". En su artículo 2, el decreto marca que se "establece el carácter reservado de los fondos previstos en el artículo 1° de la presente medida en los términos del artículo 38 bis de la Ley N° 25.520 y sus modificatorias".
En sus considerandos, el Gobierno argumentó su decisión de girarle esos fondos a la SIDE, dirigida por Sergio Neiffert, para permitir "solventar, inicialmente, las acciones para la reorganización del Sistema de Inteligencia Nacional y el adecuado funcionamiento de los referidos organismos desconcentrados que lo integran”. Estos organismos son el Servicio de Inteligencia Argentino (SIA), la Agencia de Seguridad Nacional (ASN); y la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y la División de Asuntos Internos (DAI). "En atención a la naturaleza del destino de los fondos asignados y que su publicidad afectaría el normal desarrollo de las tareas de los órganos que integran el citado sistema, corresponde establecer su carácter reservado", agrega el texto.
Además, la resolución del Ejecutivo remarca que “el decreto N° 614/24 dispuso una profunda transformación del Sistema de Inteligencia con el objeto de crear los mecanismos necesarios para el funcionamiento coordinado entre los diferentes organismos de inteligencia con el fin de proteger la soberanía nacional, preservar el orden constitucional y formular apreciaciones de inteligencia útiles para la consecución de los objetivos nacionales”.
La decisión contrasta con la medida que Alberto Fernández tomó en su gestión, en plena lucha contra la pandemia del COVID-19. En mayo del 2020, el por entonces Jefe de Gabinete Santiago Cafiero firmó la Decisión Administrativa 885/2020, a través de la cual resignaba fondos de la Agencia Federal de Inteligencia y los destinó a fortalecer los presupuestos de los Ministerios de Salud y de Ciencia y Tecnología. Los fondos reasignados de ese momento equivalían a U$S 1.100.000 (el dólar oficial estaba en 70 pesos).
La decisión generó repercusiones en redes sociales. Una de las voces que salió al cruce fue la de la exfuncionaria de la gestión anterior Vilma Ibarra. "La libertad retrocede y avanza el poder y la oscuridad de los servicios de inteligencia", lanzó la ex Secretaria Legal y Técnica.
Vuelve la SIDE: los graves cambios en la Ley de Inteligencia
Con algunos polémicos cambios, el Gobierno nacional oficializó hace una semana la disolución de la AFI y el regreso de la SIDE, que depende directamente de Milei y está a cargo de Neiffert. Las modificaciones permiten realizar contrainteligencia por "opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales" y que la designación de sus autoridades no deberán pasar por el Congreso, entre otras.
Una de las polémicas modificaciones que establece su regreso es que la ASN tendrá la función de hacer contrainteligencia sobre "toda amenaza contra el orden constitucional y los poderes públicos", para lo que contará con "medios propios para la obtención y reunión de información". Este apartado se contrapone con lo expresado por la Ley de Inteligencia N° 25.520, que en su artículo 4 determina que el organismo tiene prohibido "obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción".
Otro de los aspectos irregulares es el cambio del artículo 15 de la Ley de Inteligencia, que exigía que las designaciones del Ejecutivo también debían tener la venia del Congreso, una situación que ahora simplemente será "comunicada" al Parlamento. "Las designaciones del Secretario de Inteligencia, así como las de los titulares de los mencionados órganos desconcentrados serán debidamente comunicadas a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del H. CONGRESO DE LA NACIÓN”, señala uno de los artículos que decretó el regreso de la SIDE.
Además, se eliminó la prohibición de argumentar "obediencia debida" ante un hecho puntual, que estaba contemplado en el artículo 5 bis de la Ley de Inteligencia. "La obediencia debida no podrá ser alegada como eximente de responsabilidad", indicaba la anterior normativa, algo que ya no figura.
Entre otras de las polémicas modificaciones está que la SIDE tendrá "amplias facultades de administración y control de las partidas presupuestarias de sus órganos desconcentrados", la eliminación de las declaraciones juradas para sus integrantes y la creación de una nueva Fiscalía Especializada en Inteligencia para "cooperar" con el organismo.
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