El gobierno trabaja por esta horas en el detalle las medidas que tomará para frenar el aumento vertical de casos de coronavirus. No solamente debe encontrar un equilibrio casi imposible entre mantener con vida la incipiente recuperación económica y evitar que la pandemia cause estragos aquí como viene haciéndolo en todo el mundo. Otros factores también pesan en la decisión. Uno de ellos, que no escapa a las preocupaciones Alberto Fernández, se desprende directamente de la experiencia del año pasado. Empezar una cuarentena es difícil, terminarla puede resultar mucho más complicado.
Existe un acuerdo bastante extendido en el gabinete nacional acerca de la forma que debe tener la nueva etapa del combate a la enfermedad. Con intervenciones focalizadas y medidas quirúrgicas, acotadas en el tiempo y el espacio, tratando de cortarle los caminos al virus. En la Casa Rosada anoche quemaban baterías de celular en ruedas de consulta con gobernadores, para dar con medidas que cuenten con respaldo político, arrojen un buen resultado epidemiológico y tengan un bajo costo económico. Algunas provincias comenzaron a actuar por cuenta propia, espantados por los números que crecen día a día.
Las nuevas restricciones por el COVID
Las limitaciones a la actividad nocturna y a los encuentros sociales en general serán uno de los ejes de las medidas que se darán a conocer en las próximas horas. Los infectólogos que asesoran al gobierno nacional coinciden en que es el ámbito donde se da la mayor parte de los contagios en esta etapa de la pandemia. Se volverán a adoptar limitaciones al transporte público. Cada distrito tendrá un margen de maniobra para adaptar la aplicación de las nuevas disposiciones a la realidad local. La dificultad para sintetizar una estrategia común entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires contrasta con un mapa uniforme de cuidados.
No hay coincidencia, en cambio, siquiera hacia el interior del gobierno, sobre cuál debe ser la duración de esas medidas, u otras más duras que puedan adoptarse en el futuro. Ayer, la ministra de Salud, Carla Vizotti, hizo referencia a “tres semanas de un esfuerzo muy grande”. El decreto que prometen para esta tarde tendrá esa duración, hasta el 5 de mayo. Cumplido ese plazo, resultará difícil no renovarlo: si funciona, no se puede sacar, y si no funciona, tampoco se pueden aflojar las restricciones. Una certeza, para variar. Cuanto antes se apliquen las nuevas medidas, antes dejarán de ser necesarias.
Qué es el plan de las siete semanas
Un poco menos optimista parece una estimación que circuló ayer antes y después de la reunión tripartita entre los jefes de gabinete y los ministros de salud. Según ese modelo, sería necesario un mínimo de siete semanas de medidas antipáticas. El número se desprende del cálculo de que al ritmo de vacunación actual tomarían cuatro semanas terminar de inocular a todos los mayores de 60 años y otras tres hasta que hagan efecto la segunda dosis. Llegado a ese punto, se podrían relajar fuertemente todas las restricciones porque la población de riesgo estaría prácticamente cubierta.
Tras un encuentro de su mesa política, Juntos por el Cambio emitió un comunicado rechazando las medidas que todavía no se tomaron. Lo curioso es que el documento lleva, entre otras, la firma de Rodolfo Suárez, el gobernador de Mendoza, una de las provincias que se adelantó al gobierno nacional para restringir la actividad nocturna. Otros municipios administrados por la oposición avanzaron por su cuenta en límites a la actividad para frenar el avance de la pandemia. Mientras la curva sigue batiendo récords, siguen buscando el rédito político. Es otro factor que debe ponderar Fernández a la hora de tomar decisiones.
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