El conflicto laboral en torno a la empresa Dow Química, escaló luego de que la compañía violara la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno de Maximiliano Pullaro hasta el 4 de noviembre. Los trabajadores de la firma agrupados en el Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos (Soepu) se presentaron en el predio de Puerto General San Martín, en Santa Fe, pero no les permitieron el ingreso. Como consecuencia, los empleados se instalaron en el acceso y realizan una protesta.
El cierre de la planta ubicada en Puerto General San Martín afectaría a 120 puestos de trabajo directos que se amplían a unos 600 si se consideran los empleos indirectos vinculados a la actividad. La versión de la multinacional, que emitió un comunicado oficial, es que la planta del Gran Rosario estuvo "operando a bajas tasas de utilización como resultado de la marcada y constante retracción de la demanda de Poliuretanos en todo el mundo".
El secretario general del Soepu, Mauricio Brizuela, brindó un panorama sobre la decisión de los empresarios: "Ayer no nos pusimos de acuerdo y el Ministerio de Trabajo de la provincia dictó la conciliación obligatoria y hoy la empresa no nos dejó ingresar. No cumple ninguna ley, lo que firma con la mano lo borra con el codo. Esto va a escalar lamentablemente”, aseguró.
En diálogo con Cada día (El Tres), Brizuela planteó que "la empresa firmó retrotraer todo el conflicto y anoche después de haber firmado empezaron los mensajes de no producir y no dejar ingresar a la gente". Y advirtió: "Esperemos que se adapten a la ley”.
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La multinacional estadounidense se niega a vender la planta y busca mantener el control monopólico de un insumo estratégico para diversas industrias del país. La situación de esta empresa se presenta como un caso testigo de lo que comienza a suceder en algunos sectores de la actividad nacional en momentos en que el gobierno de Javier Milei continúa profundizando la desregulación y la apertura de importaciones.
En ese sentido, el secretario de Soepu sostuvo que "lo que quiere la empresa es mantener el mercado a través de las importaciones, no dejar que nadie entre al mercado del poliuretano negándose a vender la planta, y así seguir con una posición monopólica, sostener las mismas ganancias y traer el producto de Brasil, lo que no trae ningún beneficio a la Argentina y aumenta la dependencia de productos extranjeros".
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La planta de Puerto General San Martín tiene una capacidad instalada de producción de 41 mil toneladas anuales de polioxi propilenglicoles y 8 mil toneladas anuales de éteres glicólicos. Si bien la firma norteamericana justificó el cierre sobre "la retracción de la demanda de poliuretanos en todo el mundo", los trabajadores del sur de Santa Fe sostienen que en 2023 la planta tuvo la producción récord de los últimos 10 años. La empresa seguirá operando en Bahía Blanca enfocada, por otra parte, en la producción de etileno y polietileno.
Esta fábrica es la única que produce este tipo de insumo en el país, de hecho, el principal producto producido -polioxi propilenglicol- se utiliza localmente para producir espuma de poliuretano flexible (78%) y en proporciones menores para espumas rígidas (17%), espuma moldeada (4%) y espuma semirrígida con revestimiento integral (1%). En detalle, con el manejo del 70% del mercado, es clave en la producción nacional de artículos para el cuidado personal y otras aplicaciones industriales, recubrimientos, adhesivos, selladores y elastómeros, y espumas flexibles para la producción de muebles, colchones y asientos, entre otros. Por su parte, en la misma planta en cuestión producen distintos éteres glicólicos que sirven como insumo para la producción local de recubrimientos, tintas, diluyentes, curtientes, cosméticos, textiles, productos de limpieza, recubrimientos protectores en los sectores industrial, automotriz, doméstico y de construcción.
En este contexto, la decisión de cerrar definitivamente la planta de Santa Fe generó alarma, ya que podría acarrear tres consecuencias específicas para la economía nacional: afectaría una gran cantidad de fuentes de trabajo que están directa e indirectamente vinculadas en la región a dicha actividad, generaría daños a las diversas industrias nacionales que dependen de sus productos y se verían obligadas a importar con mayores costos logísticos y operativos, y afectaría el ingreso de divisas al frenar las exportaciones originadas en dicha planta.
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